Del “copago” y otras propuestas falaces

Todos teníamos la sociedad del bienestar como el mejor sistema de organización social que los ciudadanos de un país, hombres y mujeres, se daban a sí mismos. Pero esa sociedad solo se asienta sobre un principio, el principio de solidaridad distributiva, ese que, en síntesis, viene a determinar que “cada uno aporta al Estado según sus posibilidades (su riqueza poseída o sus rentas de trabajo) y recibe de él según sus necesidades”.

Es solo a través de los impuestos como el Estado obtiene todos los recursos que necesita para atender todas las necesidades de sus ciudadanos. Este es el principio que cubre el edificio de ese modelo de sociedad y lo protege contra cualquier inclemencia del tiempo permitiendo vivir en su interior a todos los inquilinos, que en este caso son todos los ciudadanos.

Por eso, quienes quieren cambiar del modelo de sociedad saben que lo primero que tienen que destruir es el principio de solidaridad. Y lo están haciendo inteligente y sutilmente, pero con una eficacia tal que cuando la gente se quiera dar cuenta ya no habrá edificio, sociedad del bienestar, en el que vivir.

Cuando se afirma que en el uso de ciertos servicios (Sanidad, Educación) el ciudadano ha de participar económicamente en función de sus ingresos o de su renta, se está destruyendo el "principio de solidaridad" tal como se ha enunciado. Y a partir de ahí, al igual que ocurre en los edificios a los que se les retira la cubierta, que el agua, el viento y demás meteoros los terminen derribando, en este caso, la sociedad del bienestar desaparecerá por derribo.

Pagar en función de la renta

Si a un ciudadano, hombre o mujer, que ha contribuido al Estado pagando sus impuestos, en la cantidad que el Gobierno de ese Estado ha determinado a través de las leyes correspondientes, se le pide luego que cuando vaya a hacer uso de algunos de los servicios del Estado pague, lo natural es que ese ciudadano reivindique ser él mismo quien provea lo necesario para atender sus necesidades.

De hecho, y esto ha de tenerse como significativo, la patronal de las compañías sanitarias y de seguros han recibido con alabanzas la propuesta del mal llamado “copago” (no deja de ser un pago) aunque consideran que esa medida se queda corta. Lo que esperan es que el ciudadano pueda elegir quién le presta el servicio y que el Estado lo sufrague mediante la deducción fiscal (paso previo a que cada uno decida qué parte de sus ingresos los dedica a proveer las necesidades con las que la vida le puede castigar en el futuro: pensiones, atención médica, dependencia, asistencia en su mayoría de edad, etc). ¡He aquí la puerta ancha por la que entrará el interés del capital para convertir, por ejemplo, la educación y la sanidad en un bien material objeto de comercio!

Se comienza abandonando el instrumento básico que hace efectivo el principio de solidaridad universal, los impuestos con los que el Estado se dota de recursos suficientes para atender a sus ciudadanos; luego se quiebra el propio principio diciendo que no se contribuye en función de su riqueza o de su renta, pero que sí se pagará por el uso de los servicios públicos en función de aquellas; el paso siguiente es que cada uno solo aporte al Estado según el uso que hace de sus servicios y por último, que cada uno determine quién y cómo quiere que atienda sus necesidades.

En la Comunidad de Madrid, con el gobierno del Partido Popular encarnado en doña Esperanza Aguirre, ya se está en esa camino de manera explícita en Educación. Quien quiera que su necesidad educativa sea atendida por un particular lo puede hacer, su coste le será reintegrado por el Gobierno mediante la exención fiscal correspondiente.

La Comunidad de Madrid, gobernada

Dicho de otra manera, el ciudadano le dice al Estado (en este caso al Gobierno de Doña Esperanza) que su necesidad educativa va a ser a tendida por un capital privado y por lo tanto lo que este le va a costar a él, lo detrae de lo que aporta al Estado en concepto de impuesto. Si dos ciudadanos aportan 100 euros en concepto de impuesto y uno de ellos lleva a sus hijos e hijas a las escuela pública (necesidad atendida por el Estado) y el otro a un centro privado, el primero sigue aportando al Estado 100 euros, pero el segundo detraerá de esos cien euros el coste de sus enseñanza, con lo que realmente ese segundo ciudadano está dando al estado, pongamos, 80 euros.

Si aún hay alguien que no vea con claridad el modelo del que son adalides los nuevos gobernantes del PP, solo tiene que conocer el modelo de USA. La exaltación del individuo y su libertad (es curioso que en ese país se proclama la libertad pero solo para ciertos asuntos: los económicos, para el resto son un puritanos represores y violentos) les lleva a proclamar que es cada individuo quien debe determinar qué hace de su vida y cómo provee para su futuro. Tienen asumido y hacen gala del pensamiento que los viejos castellanos resumían en ese “a quien dios se la dé, san pedro se la bendiga”.

Aceptemos, pues, que no está mal eso de que quienes cobren más pensión o tengan mejor renta de trabajo paguen algo por hacer uso de los servicios sanitarios y habremos aceptado la destrucción del principio de solidaridad. ¡No! Si el Estado necesita más recursos para atender la necesidad de sus ciudadanos tienen una única vía para ello: los impuestos, que se han de pagar atendiendo a otro principio: “quien más tiene o más ingresa, más paga”.

Todos pagamos según nuestras posibilidades económicas, todos recibimos (gratuitamente) según nuestras necesidades. Y para eso están los impuestos.