Bravo se ofrece a localizar en Hacienda todo el capital que figura defraudado

José María Bravo, principal imputado en el presunto fraude cometido en la Hacienda de Irún, volvió a sostener ayer que todo el dinero que recibió de contribuyentes deudores, hasta el último céntimo, acabó siendo ingresado en las cuentas de la Hacienda foral. “Absolutamente todo”, “sin ningún género de dudas”, afirmó varias veces, siempre sin dudarlo, ante el tribunal de la Audiencia de Gipuzkoa que le juzga por la supuesta apropiación de 1,9 millones de euros. No solo negó haber sustraído estas cantidades, sino que se mostró dispuesto a ayudar a la Hacienda guipuzcoana a localizar todo el dinero que en la causa figura como defraudado.

Bravo está señalado como el responsable del cobro de diversas cantidades de dinero a contribuyentes morosos, en algunos casos con rebajas en las deudas fiscales contraídas, que luego no ingresaba en las arcas forales o solo lo hacía en parte. Siendo el jefe de la oficina tributaria de Irún, daba de baja por insolvencia o prescripción dichas deudas para que posteriormente la Hacienda no pudiera recuperarlas, según los escritos de las acusaciones.

En el interrogatorio al que le sometió ayer la Fiscalía, hasta completar los 37 expedientes en los que podrían darse los mencionados supuestos delictivos, Bravo negó siempre la mayor acogiéndose al mismo argumento exculpatorio. Insistió en que nunca pactó rebajas de las deudas, ni dejó de ingresar en las cuentas de Hacienda el importe de las deudas recaudadas. Si ese dinero no figura en la contabilidad foral, vino a decir el procesado, será porque Hacienda no ha tenido éxito en la búsqueda de las cantidades. Bravo se mostró convencido de que él sería capaz de dar con esas sumas si le hubiesen permitido hacer un rastreo. De nuevo trajo a colación que una perito externa descubrió durante la instrucción la existencia de 121 millones de euros en Hacienda que, según su convicción, podrían corresponder a los ingresos que figuran como desaparecidos.

Bravo: “La venta de la villa no quebrantó la orden judicial de embargo”

Tanto el fiscal como el abogado de la acusación, Miguel Alonso, le inquirieron sobre la procedencia y cuantía del dinero en metálico que utilizaba para cubrir el importe de los cheques y pagarés que le entregaban los deudores y que Bravo reconoció haber ingresado en sus cuentas particulares. El exdirector de la Hacienda de Irún explicó que mientras que ejercía como funcionario en esta oficina desarrollaba otras actividades profesionales —asesor de ayuntamientos y particulares y agente inmobiliario— que le reportaban unos ingresos anuales de unos 160.000 euros anuales, de los que aproximadamente la mitad no declaraba a Hacienda. Confesó que en el 90% de las operaciones inmobiliarias en las que participaba recibía “dinero<CF1001> B<CF1000>” que iba guardando en una caja fuerte en su domicilio que posteriormente necesitaba regularizar. Fuentes del caso aseguraron que Bravo es sabedor de que este posible delito de blanqueo de capitales podría haber prescrito. El acusado aseguró que, a partir de su excedencia voluntaria de la Hacienda de Irún, en abril de 2004, llegó a generar unos ingresos anuales de unos 300.000 euros, la mitad opacos.

El procesado también fue cuestionado sobre el caso de un contribuyente al que cobró una deuda cuando ya se encontraba en excedencia. Bravo, que definió a esta persona como “uno de los mayores deudores administrativos de Gipuzkoa”, explicó que le recibió en su asesoría fiscal sin hacerse pasar por funcionario público porque eso resultaría “grotesco”. Admitió el cobro de 12.000 euros de este contribuyente y su posterior ingreso en la cuenta de Hacienda.

Respecto al posible delito de alzamiento de bienes por la venta una villa en la localidad vascofrancesa de Urrugne por 1,25 millones de euros cuando el juzgado había declarado el embargo de todos sus bienes, Bravo aseguró que esta finca no se encontraba en la lista de efectos embargados y además su venta había sido comprometida con anterioridad en sendos documentos firmados ante dos notarios en Francia. Y añadió que parte de los ingresos por esa operación fueron depositados en el juzgado para hacer frente a posibles responsabilidades en este caso.

Al ser preguntado por los numerosos préstamos contratados con distintas entidades financieras, por una suma total de casi dos millones de euros, el imputado aseguró que algunos correspondían a sociedades mercantiles en las que participaba y otros eran personales que sirvieron para pagar inmuebles con cuya venta fue cancelando. En cuanto al medio centenar de cuentas bancarias en las que figuraba como persona autorizada, aseguró que la mayoría correspondían a sus empresas.