Arranca la recogida de firmas de la ILP por la dación en pago retroactiva

Seis meses para reunir 500.000 firmas a favor de la dación en pago retroactiva, la paralización de desahucios y el alquiler social. Ese es el plazo del que disponen los ciudadanos para tramitar con éxito la iniciativa legislativa popular (ILP) que han presentado esta mañana en Barcelona los sindicatos CC OO y UGT junto a tres asociaciones: la Confederación de Asociaciones Vecinales de Cataluña (Confavc), la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) y la Mesa del Tercer Sector de Cataluña. "Pedimos una gran bofetada ciudadana porque nosotros no somos los culpables de esta crisis financiera", ha dicho el secretario general de UGT en Cataluña, Josep Maria Àlvarez esta mañana en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) durante la presentación de la propuesta, que expirará el 31 de octubre.

El escrito que se proponen entregar a la Mesa del Congreso de los Diputados recoge tres peticiones: La dación en pago con efectos retroactivos, es decir, la obligatoriedad de que las entidades financieras acepten la entrega de la vivienda como forma de liquidación de la hipoteca; la paralización de los desahucios cuando estos sean ordenados sobre la vivienda habitual y cuando el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos ajenos a la propia voluntad; por último, el alquiler social, según el cual el ejecutado tendría el derecho a seguir viviendo en su residencia durante cinco años pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos.

Las firmas deben registrarse en los pliegos sellados por la Junta Electoral que estarán disponibles en las entidades que la PAH ha listado en la página web creada para la ocasión. Cualquier ciudadano mayor de 18 años inscrito en el censo electoral podrá sellar su rúbrica. "Lo ideal no sería conseguir 500.000 firmas sino un millón", ha dicho esta mañana una portavoz de PAH.

Sindicatos y organizaciones han fijado el 31 de octubre como fecha límite para el registro de firmas pero, según la ley orgánica que las regula, una ILP puede durar un máximo de nueve meses, prorrogables a tres más cuando "concurra causa mayor apreciada por la Mesa del Congreso". Aunque la presentación de la iniciativa se haya celebrado hoy (mañana se hará en Madrid), el propio Gallego reconoce en privado que llevan "desde febrero" recogiendo firmas.

La Mesa del Congreso de los Diputados admitió en diciembre el escrito con el que se ejercita el trámite inicial de la ILP después de que el anterior Gobierno tuviera que deshacer un bloqueo producido por dos iniciativas de la misma naturaleza presentadas por dos colectivos distintos. La ley indica que debe darse prevalencia a la primera.

Los bancos han realizado unas 350.000 ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2011, según el documento entregado esta mañana elaborado por la PAH. Las comunidades autónomas que encabezan esta triste lista son Andalucía (con 68.053 actuaciones), Cataluña (65.670) y la Comunidad Valenciana (65.220). Madrid, con 37.767 ejecuciones, es la cuarta en la lista. Una portavoz del colectivo ha calificado la situación de "una anomalía en el contexto internacional que vulnera derechos fundamentales" y ha recordado que está constitucionalmente reconocida la prohibición de los poderes públicos de especular con la propiedad privada".

Durante la presentación ha intervenido un señor de 59 años que ha logrado paralizar el desahucio de su vivienda gracias a la intervención de la plataforma ciudadana: "Soy una víctima de este virus y la PAH ha sido mi servicio de urgencias".