Tarragona culpa a los recortes de las dos muertes en una casa ocupada

El Ayuntamiento de Tarragona apunta a los recortes de la Generalitat de Cataluña como desencadenantes de la tragedia ocurrida en Tarragona el pasado sábado, cuando Antonia N. S. y su hija de dos años murieron al derrumbarse parte de la casa abandonada que ocupaban ilegalmente desde hacía dos años. La familia, formada por el matrimonio y siete hijos, vio reducida la renta mínima de inserción (PIRMI), de la que depende, casi un 20% —pasó de 750 euros mensuales a 620— tras los recortes impulsados el pasado verano por el Departamento de Empresa. La congelación de las ayudas al alquiler, decretada por el Departamento de Territorio, también dejó a la familia fuera de la posibilidad de acceder a una vivienda en condiciones.

 Para la portavoz del Ayuntamiento de Tarragona, Begoña Floria, el accidente ilustra “un drama humano, la punta del iceberg de lo que está pasando, con miles de familias viviendo en una situación muy difícil”. La tragedia, siguió Floria, “puede repetirse si no se dedican más recursos a la atención social o a las políticas de vivienda”. Más allá de las pugnas políticas —las críticas de un Ayuntamiento gobernado por el PSC frente a los recortes impulsados por CiU—, el recorte generalizado de las políticas sociales, sumado a la crisis económica, ha dejado a las capas más desfavorecidas de la sociedad en una situación de extrema vulnerabilidad, según la Cruz Roja, que ha visto incrementar la petición de ayudas básicas el 60% anual.

El suceso ocurrió de madrugada, cuando la familia dormía y el techo se desplomó sobre la habitación en la que estaban el matrimonio y la niña fallecida. El marido resultó herido, aunque ya ha sido de alta en el hospital Joan XXIII, y los otros seis hijos resultaron ilesos. Fue el primogénito, de 16 años, quien corrió hasta la comisaría de los Mossos d’Esquadra para alertar de lo ocurrido.

Las peticiones de ayuda básica a la Cruz Roja crecen un 60% y cada semana llegan decenas de  peticiones

La familia, que llegó de Sevilla hace cuatro años, sobrevivía en una situación de “extrema precariedad”, dijo ayer Floria. Ocupaban una casa muy humilde de dos plantas, en el camino del Ángel, rodeada de escombros. Los Bomberos de la Generalitat y el arquitecto municipal constaron tras el suceso que la casa sufre defectos estructurales no perceptibles a simple vista. El propietario había denunciado a las víctimas por la ocupación y el asunto estaba en trámite en los juzgados.

La familia también se ha visto afectada por un cambio normativo aprobado en 2009, cuando fue modificado un decreto que obligaba a tener al día la cédula de habitabilidad de todas las casas unifamiliares construidas antes de 1960, según un portavoz de la Generalitat. Desde esa fecha solo es obligatoria si la vivienda ha de ser vendida o alquilada.

Los servicios sociales del Ayuntamiento de Tarragona trabajaban con la familia desde julio del 2009, cuando nació su séptimo hijo. Floria mostró ayer su disgusto por la falta de fondos destinados a políticas sociales para ayudar a estas familias. “¿Por qué la Generalitat ha tenido que golpearles así con sus recortes?”, se preguntó.

La portavoz del Ayuntamiento aseguró que los servicios sociales de Tarragona “están desbordados. Si en 2011 vivían en Tarragona 600 personas con acceso a la renta mínima, este año son 259, menos de la mitad.Tarragona, por su parte, ha multiplicado desde 2007 por 3,5 las ayudas urgentes y ha pasado de destinar 5,7 millones de euros a los servicios sociales a 9,4. Además, se queja el Ayuntamiento, la Generalitat le debe 2,4 millones en estas partidas.

Los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción  en Tarragona caen a la mitad desde los ajustes

Entidades como la Cruz Roja reciben cada semana a decenas de familias en situaciones complicadas. Son nuevos pobres. “Respecto a 2009 ya incrementamos las ayudas básicas un 60%, este año la tendencia es igual o más. Vienen personas que nunca habían pedido este tipo de ayudas, no saben adónde acudir y están perdidas”, explica Anna Sabaté, coordinadora de la Cruz Roja en Tarragona.

El pasado fin de semana la entidad inició el Proyecto Atención Integral para Personas sin Techo, llevado a cabo por voluntarios con un coche otorgado por el Gobierno. “No solo nos detendremos en quienes duermen en la calle; hay quien no puede pagar los recibos, viven en casas ocupadas, en la ruina, como ha pasado este fin de semana, y trataremos de identificar estos casos”, concluye Sabaté.