La obra pública retrocede una década

Las constructoras andaluzas de obra pública están con el agua más arriba del cuello. La adjudicación de infraestructuras en la región retrocedió en 2011 un 46% con respecto al año anterior, con una inversión de las administraciones de 1.533 millones de euros. El sector público ha reducido su inversión a niveles del año 2001, lo que ha supuesto la desaparición de 18.000 empresas en los últimos años, afirmó Enrique Figueroa, presidente del Círculo de Empresas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública (Ceacop). El sector se encuentra en una “situación límite” y lucha por su “supervivencia”, especialmente mediante la búsqueda de mercados en el exterior, afirmó el representante patronal.

Figueroa se mostró esperanzado en que el plan de pagos a proveedores puesto en marcha por el Gobierno a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO) suponga una “tabla de salvación para muchas empresas”. El sector también está pendiente de la aprobación, por parte del Gobierno, del próximo plan de infraestructuras previsto para este verano. En cualquier caso, afirmó Figueroa, 2012 no será un ejercicio “halagüeño” para las constructoras y 2013 se presenta como “preocupante”.

El fuerte descenso en la inversión pública se acentúa en la fase de ejecución de las obras. Si los proyectos, más baratos, se siguen pagando, a la hora de iniciarse las obras los fondos no llegan. Ana Chocano, gerente de Ceacop, resaltó que el proceso normal de licitación, adjudicación y ejecución de la obra pública en Andalucía se está viendo “paralizado” en el momento decisivo de iniciar las obras, con lo que la inversión realmente “no llega”.

Por primera vez desde que Ceacop lleva registros la Junta de Andalucía ha invertido más en términos absolutos que el Gobierno central. Figueroa reconoció que el gobierno regional ha comenzado a dar prioridad a las empresas de la región frente a otras. Respecto a la formación del nuevo gobierno andaluz, Chocano pidió que se constituya un ejecutivo “fuerte y que establezca unas reglas de juego claras y perdurables” que den seguridad jurídica a las empresas y a la inversión.