“Mi madre murió como un perro en el hospital”

Han pasado ocho años pero María José Senent sigue emocionada. “Esto es una lucha del día a día”, resume entre sollozos esta castellonense de 46 años. Su madre, Josefa Galmes, falleció en 2004 tras un periplo “interminable” de seis meses por las habitaciones del Hospital General de Castellón. Tenía 73 años y una salud atenazada por achaques al corazón. Pero murió sin que los médicos le diagnosticaran una dolencia que se reveló letal, un linfoma de Hodgkin, una variedad de cáncer que desembocó en una neumonía, cuyo tratamiento a tiempo le podría haber prolongado la vida unos años. El linfoma apareció demasiado tarde. En la autopsia. Y los familiares de la fallecida pusieron en marcha la maquinaria para denunciar a la Administración. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) condenó el pasado junio a la Consejería de Sanidad al pago de una indemnización a la familia de 30.000 euros por la “deficiente actuación” del equipo médico.

Diez meses después, el dinero todavía no ha llegado. Los aprietos económicos de la Generalitat tienen la culpa, según el Defensor del Paciente. “La Conselleria de Sanidad ha duplicado con la crisis el tiempo para pagar las indemnizaciones, que antes se abonaban tras dos meses de una resolución firme”, afirma el portavoz de esta asociación en la Comunidad, el abogado Javier Bruna, con más de 15 años de experiencia en defender negligencias médicas.

El linfoma no se le diagnosticó hasta que se le realizó la autopsia

La hija de la fallecida, divorciada y con dos hijos, promete “luchar” para recuperar la memoria del caso. Y la indemnización. “Quiero el dinero por dignidad, mi madre murió como un perro”, argumenta por teléfono.

El vía crucis de la familia se inició el 22 de agosto de 2003. Josefa Galmes acudió a urgencias del Hospital General de Castellón con fiebre, sudores y pérdidas de conocimiento. Había adelgazado 10 kilos en siete meses. Permaneció ingresada una semana en la unidad de cardiología. Fue dada de alta y enviada a casa sin que se le apreciase nada grave. “Nos decían que no tenía nada, más allá que los achaques de la edad y sus antecedentes del corazón”, relata su hija. Senent sostiene que el Hospital General de Castellón eludió someter a su madre a un tratamiento exhaustivo. “Le aplicaron un exploración protocolaria y solo le administraron termalgin y aspirinas para combatir la fiebre”, recuerda. El periplo continuó durante los meses siguientes por las unidades de medicina interna y enfermedades infecciosas, donde fue ingresada tres veces más hasta que falleció, el 27 de enero de 2004. “Tuvimos la mala suerte de que la última visita al hospital fue el 20 de diciembre, en plenas vacaciones de Navidad, cuando fue asistida principalmente por médicos MIR”, dice. En su ir y venir del hospital, Josefa nunca fue visitada por un oncólogo, sometida a un TAC, o una biopsia que, quizá, podría haber hallado el linfoma de Hodgkin, como recoge la sentencia.

Los médicos admitieron el error en privado, según la hija de la víctima

La hija de la fallecida sostiene que un médico le dijo un mes antes de la muerte: “No te preocupes que cuando regresemos de vacaciones, me pongo en serio con lo de tu madre”. El desenlace ya es conocido. A mediados de enero de ese año, tras el regreso de las vacaciones de Reyes, el mismo facultativo le confesó que la paciente estaba muriéndose. Una semana después, fue trasladada al privado Hospital Jaume I de Castellón —en el General no había plaza en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)— donde falleció.

Los médicos admitieron el error en privado, según la hija de la víctima. El director del Hospital General de Castellón le pidió disculpas en su despacho tras conocer el resultado de la autopsia, que confirmó que su madre padecía un linfoma de Hodgkin que nunca se detectó. Y le preguntó si tenía intención de denunciar al centro. Sobre el papel, la versión cambió. El Servicio de Inspección Médica se exculpó en un informe de marzo de 2005. Defendió que los facultativos no descubrieron el cáncer porque “se presentó de forma atípica” y que no se le realizó una biopsia hepática porque Josefa Galmes estaba muy débil, tenía fiebre y había perdido mucho peso. La defensa rebatió esta tesis con un análisis de una perito especialista en oncología del Hospital Universitario Vall d’Hebron, que concluía que el tipo de fiebre que padecía la víctima representa en el 30% de los casos el síntoma más habitual del linfoma. El documento recogía que esta variedad de cáncer, tratada a tiempo con quimioterapia y radioterapia, permitía unas “excelentes resultados” de curación: un 82% de supervivencia a los cinco años. La sentencia reconoció el error, pero dictó una indemnización de 30.000 euros por la debilidad de la paciente, con un historial de antecedentes cardiacos. “Dicen que no existe un tratamiento 100% eficaz contra el cáncer, y es verdad, pero si no se diagnostica a tiempo, el fracaso está garantizado”, reprocha el abogado.

La familia se enfrenta ahora a que la Consejería no le paga

La familia emprendió la batalla legal para conseguir la razón en junio de 2004 con una reclamación administrativa ante la Consejería de Sanidad. El viaje por los tribunales concluyó el pasado junio con la sentencia favorable del TSJCV que rebajaba de 400.000 a 30.000 euros la indemnización. Ocho años de declaraciones, peritos, papeleos y delirio burocrático. En el interludio, el espaldarazo del Consell Jurídic Consultiu (CJC), que en marzo de 2008 emitió un duro informe que dio la razón a la familia, cargó las tintas contra la actuación del Hospital de Castellón y fijó una indemnización de 60.000 euros para Senent y su padre. El TSJCV “apenas contempló” este dictamen —según el abogado de Senent— y redujo la cifra a la mitad

La familia se enfrenta ahora a que la administración no le paga. Senent se muestra “destrozada y despreciada”. Admite que, pese a su salario de 1.150 euros mensuales, dedicará la indemnización a sobrevivir. “Tengo 280 euros en el banco: con la hipoteca y mis dos hijos no puedo llegar a fin de mes”. El abogado de la familia ya ha instado a Sanidad en varias ocasiones a que pague la indemnización. Ante la falta de respuesta, el letrado estudia recurrir a la vía penal para demandar al funcionario por desobediencia judicial. El PAÍS ha intentado sin éxito recabar la versión de Sanidad.