La tolerancia cero de Fabra con los imputados choca con la realidad

La Generalitat emitió hace meses un mensaje que no logra materializar: la época de tolerancia con los implicados en casos de corrupción, que llegó a su cénit en los últimos años de presidencia de Francisco Camps, se había acabado. La posición sintonizaba con la de la calle Génova. La dirección nacional del PP ya había impulsado una política de limpieza en Baleares, la otra autonomía gobernada por los populares que presentaba un nivel de escándalos comparable al valenciano. El motivo de fondo partía de un cálculo. Resistir en el poder con una perspectiva de crisis económica, recortes y altas tasas de paro es muy difícil. Lograrlo pidiendo sacrificios a los ciudadanos para salir del túnel mientras no cesan de conocerse desmanes en el manejo de dinero público de cargos en ejercicio, se antoja aún más complicado.

El presidente valenciano, Alberto Fabra, ha dado pasos en ese camino. El mismo plazo ha puesto de relieve, sin embargo, por imposibilidad o falta de determinación, un margen de maniobra limitado. El resultado es incoherente: se ha destituido a cargos justo después de saberse que habían sido imputados y al mismo tiempo se ha mantenido a otros en iguales circunstancias.

Fabra ha destituido o suspendido de militancia a cuatro cargos implicados en corrupción: el exgerente de Emarsa Esteban Cuesta; el exjefe de la Entidad de Saneamiento de Aguas de la Generalitat (Epsar) Ignacio Bernácer; el exdirector general de Cooperación Josep Maria Felip, y el exsubsecretario de Sanidad, Alexandre Catalá. Además, ha anunciado que depurará de imputados la dirección regional en el congreso del PPCV que se celebrará en mayo.

Solo en las Cortes, el PP tiene siete imputados, que pueden llegar a 10

Al mismo tiempo, mantiene a una docena de cargos públicos o del partido que se encuentran en la misma situación. El caso de las Cortes es especialmente chocante. El grupo popular tiene nada menos que siete imputados: Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Yolanda García, Milagrosa Martínez y Angélica Such por la supuesta financiación ilegal del caso Gürtel; y Pedro Ángel Hernández Mateo, exalcalde de Torrevieja, por tres causas diferentes. Otros dos diputados, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor Luis Díaz Alperi, han sido acusados por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Brugal y sus imputaciones parecen inminentes. Si finalmente se une a ellos el portavoz parlamentario, Rafael Blasco, por el escándalo de cooperación, en el grupo popular estarían imputados 10 de los 55 diputados, casi el 20%.

Las Cortes Valencianas son un espacio especialmente delicado porque el acta de diputado es personal. Y para que alguien deje de serlo lo más que puede hacerse es invitarle a devolverla. Se les puede expulsar del grupo, pero esa vía podría afectar a la holgada mayoría del PP en la Cámara.

El presidente ha actuado de forma diferente ante situaciones iguales

También hay causas judiciales especialmente peligrosas. La de financiación ilegal —técnicamente, delito electoral— por ejemplo, porque afecta a la esencia de la competencia entre las fuerzas políticas. Quizá por ello Fabra fulminó al director general Felip cuando estalló el supuesto fraude en ayudas a países pobres, pero no ha tomado medidas contra Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat, imputada en una de las piezas de la causa de financiación ilegal. Ni contra Isaac Vidal, implicado en el mismo caso, que después de abandonar la Agencia Valenciana de Turismo ha encontrado acomodo como gerente en el Instituto de Turismo de Elche. Tampoco ha sido apartado Jorge Vela de la dirección del Instituto Valenciano de Finanzas pese a estar imputado en el caso Urdangarin por haber participado en los pagos supuestamente fraudulentos del evento Summit Valencia, en su época de director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por la que el Instituto Nóos del duque de Palma recibió 3,7 millones de euros.

Del mismo modo, hay cargos y cargos. El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, suspendió al exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, que era presidente del partido en el distrito de Poblats de l’Oest de la ciudad de Valencia a una semana de las elecciones general del 20-N. Pero no actuó igual con otro de los principales imputados en la causa, Enrique Crespo, que resistió tres meses más en sus cargos de vicepresidente de la Diputación de Valencia, alcalde de Manises y presidente del PP en ese municipio, hasta que decidió dimitir.

Uno de los mayores obstáculos para la regeneración radica en el partido

El caso Emarsa ofrece más incongruencias llamativas: Bernácer fue destituido de Epsar horas después de ser imputado. Pero otras dos personas que se encuentran en la misma condición continúan siendo aparentemente inmunes. Son Luis Botella, teniente de alcalde y concejal de Urbanismo de Moncada, de quien el juez sospecha que cobró durante años de Emarsa a pesar de no hacer ningún trabajo para la sociedad. Y de José Alcácer, portavoz popular en el Ayuntamiento de Albuixech, que habría defraudado a la empresa pública a través del transporte de lodos.

Uno de los mayores obstáculos para llevar a la práctica el mensaje de regeneración lo representan las resistencias internas en el partido. El PP valenciano ha pasado meses desorientado por el descabezamiento que supuso la caída de Camps, y atenazado por la crudeza de la crisis, que mantiene a la Generalitat en un estado parecido al de la intervención por el Gobierno.

La suspensión de militancia de Cuesta la hizo la dirección regional ante la pasividad del PP de la ciudad de Valencia. El exgerente había sido nombrado alcalde de la pedanía de Benimàmet por la alcaldesa Rita Barberá, que siguió pagándole varios años por ello a pesar de que ya no tenía derecho a ello.

Alfonso Rus, presidente del PP en la provincia de Valencia, ha empañado esta semana el mensaje de Fabra de cero imputados en la dirección del partido al decir que se trata de una simple una cuestión de imagen y que al fin y al cabo “cualquiera” puede ser imputado. La supuesta firmeza del jefe del Consell queda también en entredicho con el trato que depara a Carlos Fabra, presidente del PP en la provincia de Castellón, al que solo le falta conocer la fecha en que será juzgado por cohecho, tráfico de influencias y delitos fiscales. Aunque según la normativa del partido debería estar expedientado, el presidente parece dispuesto a que Fabra deje el cargo entre homenajes en el congreso provincial del partido, que tendrá lugar después del regional.