Bildu bloquea el pacto entre Bravo y la fiscalía para evitar el juicio

“Somos absolutamente contrarios a pastelear con delincuentes”. Así de contundente se manifestó ayer el juntero de Bildu, Enrique Martínez, ante la posibilidad de que la Fiscalía y la representación legal del ex director de la oficina tributaria de Irún, José María Bravo, hayan pactado una salida para evitar el juicio que está señalado para el próximo lunes.

Esta posición contraria a todo tiempo de acuerdos previos a la resolución que adopten los tribunales es asumida plenamente por el diputado general de Gipuzkoa, Martín Garitano, y que defenderá, a su vez, la acusación particular que representa a la institución foral en los tribunales como parte directamente perjudicada.

El imputado se comprometería a cumplir siete años de cárcel

Dentro de este indudable golpe de efecto que ha protagonizado la defensa de Bravo queda por saber si las Juntas Generales, que también están personadas como acusación particular, se oponen como hace la Diputación de Gipuzkoa al pacto. De momento, Garitano expondrá su firme postura ante los grupos en una sesión prevista para el próximo lunes, y la Mesa adoptará el acuerdo, casi con toda seguridad en la jornada del martes. Sin acuerdo de todas las partes la vista oral seguirá adelante como está prevista en un principio y así el caso Bravo saldrá a la luz pública con todas las consecuencias.

La defensa del principal imputado ya había cruzado su propuesta con el fiscal y contemplaba el reconocimiento del delito aunque, a cambio, Bravo iba a beneficiarse de una lógica reducción en los años de cárcel y en la cantidad a devolver.

Los abertzales advierten de que “tiene que haber luz y taquígrafos”

Según las primeras informaciones ofrecidas al entorno de la Diputación de Gipuzkoa, el borrador del acuerdo que se había librado entre el fiscal del caso y la defensa de Bravo quedaba sustanciado en la imposición de siete años de cárcel y en la devolución de 1,9 millones de euros. Cabe recordar que Bravo se enfrenta a un total de 24 años y tres meses de cárcel, a una multa de dos millones de euros, y a una indemnización a la Hacienda Foral guipuzcoana de más de 2,14 millones por el cobro durante más de una década a contribuyentes morosos de deudas tributarias que luego no eran ingresadas en la Hacienda foral.

En la estrategia desplegada por la defensa de Bravo también se procura evitar el escarnio público al que se verá sometido su cliente ya que la vista tiene una duración prevista hasta finales del próximo mes de mayo, con el consiguiente desgaste mediático de este proceso, sobre todo en sus primeras semanas.

El contenido de esta iniciativa para frenar el proceso judicial fue descartado de inmediato en el seno de la coalición abertzale que gobierna la Diputación guipuzcoana “por razones de posicionamiento ideológico”. De hecho, esta oferta para evitar el juicio podría entenderse a nivel social como una amnistía fiscal encubierta, medida ésta a la que Bildu se opone ideológicamente como práctica a denunciar ya que supone una protección a quienes han cometido delito contra un interés público como en este caso es la hacienda.

El ex director de tributos de Irún sólo ha declarado por uno de los seis delitos de los que le acusa la Fiscalía, el de alzamiento de bienes. Pero todavía no se ha pronunciado sobre las acusaciones de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa, usurpación de funciones públicas en concurso con un delito de estafa, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

“Tiene que haber luz y taquígrafos para que se escuche y se pueda comprobar todo lo que pasó en aquellos años en la oficina tributaria de Irun que dirigía José María Bravo”, declaró ayer Martínez. De consolidarse al acuerdo entre Fiscalía y Bravo, el juicio seguiría adelante pero sólo con las acusaciones particulares, al retirar la fiscalía sus acusaciones. Una opción que preocupa en el entorno de la Diputación de Gipuzkoa pero que pese a todo es considerado un escenario mejor que el de una pena sin juicio, sobre todo después de la trama que desarrolló durante años en el entorno de la oficina tributaria de Irún.