La defensora urge a la policía a reforzar la atención médica en el CIE de Barcelona

Tres meses después, la muerte de un joven guineano de 21 años ha hecho que algo se mueva en el centro de internamiento de extranjeros (CIE) de Barcelona. El Ministerio del Interior está empezando a asumir las recomendaciones hechas por la defensora del pueblo, María Luisa Cava de Llano, en un informe en el que pone en evidencia las carencias sanitarias del centro de la Zona Franca, una suerte de cárcel en la que permanecen encerrados los inmigrantes en situación irregular a la espera de ser expulsados del país.

Según un escrito de la defensora, la Dirección General de Policía está “valorando” una de sus principales reclamaciones: dotar al centro de asistencia sanitaria las 24 horas del día. El CIE no dispone ahora de personal médico o de enfermería por la noche ni los fines de semana a partir de las tres de la tarde. Interior ha precisado a la defensora, sin embargo, que la puesta en marcha del proyecto dependerá de la “disponibilidad presupuestaria”, por lo que no garantiza que se pueda ejecutar.

La muerte de un guineano en enero ha propiciado cambios en los centros

La mayoría de esas sugerencias tienen que ver con los déficits detectados en la atención médica. Cava de Llano insta a la Dirección General de Policía, por ejemplo, a crear un registro para dejar constancia de las peticiones de asistencia y de las asistencias practicadas. Por ahora, recoge la defensora en el mismo escrito, la policía ha instalado un libro de acceso para los internos, sellado y foliado, donde éstos se inscriben de forma voluntaria para ser atendidos. Una de las empresas contratadas para gestionar el CIE también debería “extremar el celo” al describir, en las historias clínicas de los extranjeros, la “naturaleza y características” de las lesiones que presenten e informar de ello, con mayor claridad, al director de la instalación.

La madrugada del pasado 6 de enero, Idrissa Diallo, natural de Guinea Conakry, se sintió indispuesto. Los agentes avisaron a una ambulancia para que acudiera a la Zona Franca y, mientras tanto, le practicaron una reanimación cardiopulmonar que no dio resultado. Un juez de Barcelona investiga el fallecimiento y ya ha tomado declaración a los cinco internos que ocupaban la habitación del fallecido. Por ahora no hay indicios de que se cometiera alguna irregularidad. El suceso propició una queja de la Asociación Catalana de Profesionales de Extranjería (ACPE) que la defensora ha atendido con un informe contundente. Uno de sus miembros, Olga Hernández, valora la actuación de la defensora pero advierte de que la administración “no puede invocar motivos presupuestarios cuando se trata de preservar la salud de los internos”.

La policía también ha dado instrucciones para que, tal como solicita la defensora, se instale una cámara de videovigilancia en dos espacios que permanecían opacos: uno, junto a la entrada principal, que sirve para separar temporalmente a los internos; el otro, en el lugar destinado origionalmente a biblioteca.