El Consell infla los costes laborales de sus empleados para cuadrar los recortes
El ahorro previsto en las aportaciones para las pensiones de los funcionarios resulta inverosímil Dos respuestas parlamentarias revelan que la aportación anual es inferior al recorte estimado
José Manuel Vela, consejero de Hacienda, infla el coste que suponen los empleados públicos a las arcas de la Generalitat para poder cuadrar los recortes millonarios de gasto que recoge el primer decreto del Consell de 2012. Así se desprende de una respuesta parlamentaria del responsable de Hacienda al diputado socialista Rafael Rubio, en torno a las aportaciones de la Generalitat a los planes de pensiones para los empleados públicos o a las denominadas ayudas de acción social durante los últimos años.
El Consell ha congelado las aportaciones a los fondos de pensiones de los empleados públicos en 2012, una medida con la que pretende ahorrar 15 millones de euros. Pero el coste del plan de pensiones acordado con los sindicatos de función pública en octubre de 2009, apenas supera los cinco millones de euros al año.
Una respuesta parlamentaria de Vela detalla que el plan de pensiones para los empleados públicos ha recibido tres aportaciones hasta la fecha. En 2009, se registró un desembolso de 41,7 millones de euros correspondientes a la contribución inicial al fondo y las anualidades de los cuatro años transcurridos entre 2006 y 2009. Desde entonces, las arcas de la Generalitat destinaron 5,1 millones de euros al fondo en 2010 y otros 5,4 millones en 2011. Difícilmente se podrían ahorrar 15 millones de euros en el presente ejercicio.
Acción social
El mismo caso se repite en el coste de las denominadas ayudas de acción social para el personal al servicio de la Generalitat. Los recortes anunciados por el consejero de Hacienda, que también congelará esas aportaciones en el presente ejercicio, estiman un ahorro de seis millones de euros.
Sin embargo, en respuesta parlamentaria al diputado socialista Rafael Rubio detalla que el importe total dedicado a esas ayudas en los cuatro años transcurridos desde 2008 hasta 2011 oscila entre un mínimo de un millón de euros y un máximo de 1,3 millones por ejercicio.
A la vista de las cifras, Rubio pone en duda el rigor del recorte de gasto público y denuncia que el Consell carga de forma intencionada contra los empleados públicos al inflar los gastos asociados a sus servicios.
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