Vela no aplica el recorte de cargos en su consejería, según el PSPV

"Quien parte y reparte se queda la mejor parte". Rafael Rubio, diputado socialista en las Cortes Valencianas, recurre al refranero para explicar que el flamante consejero de Hacienda y Administración Pública, José Manuel Vela, no aplica en su departamento el recorte de altos cargos que ha obligado a ejecutar en el conjunto de la Generalitat. Y lo hace amparado en que su consejería es la suma de las competencias de tres de los departamentos anteriores al diseño del Consell que hizo Francisco Camps en junio y que heredó Alberto Fabra en julio.

Según Rubio, Vela tiene en el organigrama de su consejería un director de gabinete y seis asesores que entran dentro del capítulo del personal de confianza. Pero su estructura de dirección cuenta con dos secretarios autonómicos, siete directores generales (cuando debería tener cuatro), 15 subdirectores generales (figura de nueva creación), un subsecretario, un secretario general administrativo y 47 jefes de servicio (cuando debería tener 45).

Rubio basa sus cálculos en la relación de puestos de trabajo vigente y en los reglamentos orgánicos reelaborados para las distintas consejerías estos meses. "No hay rebaja alguna", asegura el diputado socialista. "Es más, ha aumentado el número de cargos. Ha aplicado los recortes en otras consejerías y en la suya no. Son los demás los que tienen que apechugar con el recorte".

Puestos de abogados

Por otra parte, el parlamentario destaca, en relación con estos reglamentos orgánicos, el hecho de que en la estructura orgánica y el régimen de funcionamiento de la Abogacía General de la Generalitat, que depende de la Consejería de Presidencia, cuya titular es la vicepresidenta Paula Sánchez de León, se prevé que "cuando las circunstancias lo aconsejen se puedan crear, mediante modificación de la correspondiente relación de puestos de trabajo, puestos de abogados coordinadores-adjuntos con el nivel y complemento específico fijado en dicha relación".

La Abogacía General, a cuyo frente está Isabel Villalonga y en la que se integran unos 80 letrados, cuenta hasta ahora con dos categorías, la de abogado y la de abogado-coordinador, los primeros con un nivel 26 y los segundos con un nivel 30. Rubio cree que la nueva categoría está pensada para elevar el salario a un buen número de abogados.