Uno de cada cuatro españoles desahuciados es valenciano

Sin casa. Sin dinero. En paro. Y con una deuda de 120.000 euros. Mari Carmen Jiménez, de 35 años, tiene la vida hipotecada. Embriagada por una economía que crecía al 3%, alentadoras perspectivas de empleo y la contundente máxima de “el ladrillo nunca baja” se compró un piso de 90 metros en la calle de Barón de Patraix de Valencia. Corría 2006 y los ingresos de ella y su pareja superaban los 3.200 euros mensuales. Tenía trabajo y un proyecto de vida.

Bankia (entonces Caja Madrid) le concedió un crédito de 180.000 euros, que incluía la vivienda y los muebles. “Para que voy a pagar un alquiler si por un poquito más tengo una propiedad”, se dijo como los 388.773 ciudadanos de la Comunidad que firmaron una hipoteca en 2006, según el INE.

Cuatro años después, comenzaron los problemas. Arreció la crisis y la pareja se quedó en paro. Ella perdió su empleo de camarera y su novio, Miguel Ruiz, de 45 años, fue despedido de una agencia de publicidad de Gandia. Primero, intentaron negociar con el banco una rebaja de las cuotas, que en cuatro años pasaron de 720 euros a 1.300 mensuales. No fue posible. “El banco se negó a ofrecernos una alternativa que nos permitiese pagar la hipoteca y seguir viviendo”, asegura Jiménez. Como plan B, optaron por retardar el infierno burocrático de lo que parecía inevitable, perder el piso. A mediados de 2011, tras un reguero de notificaciones y avisos, se cumplió la amenaza. Los funcionarios judiciales cambiaron la cerradura y su casa pasó a ser del banco. Les habían desahuciado. Esfumada la propiedad, que ya no podrán recuperar nunca, Jiménez arrastra una deuda de por vida de 120.000 euros de un piso que ya no es suyo. Bankia rechazó concederles la dación en pago (saldar la deuda con la vivienda) y la pareja ha vuelto al nido, a la casa de la madre de ella. Sobrevive con los 426 euros que percibe él por la renta de inserción.

Jiménez no es una rara avis. La Comunidad Valenciana encabezó en 2011 los desahucios en España. Se ejecutaron 13.711 sentencias, una de cada cuatro del conjunto del Estado, 1.142 al mes, 37 al día —en Madrid fueron 26—, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). “Fuimos el epicentro de la fiebre del ladrillo y de las segundas residencias, que son las primeras que se dejan de pagar cuando una familia se queda en paro”, explica Francisco Álvarez, economista de Ética Family Office.

Las hipotecas de las segundas residencias son las primeras que se dejan de pagar

El desahucio es un estigma de por vida. La deuda persigue al moroso hasta que desaparece. Su nombre figurará en bases de datos que le impedirán comprarse una lavadora o pagar un crucero a plazos. El banco vigilará sus bienes, nóminas, ingresos y movimientos. “Sé que me quitarán los ingresos superiores a 960 euros, pero hecha la ley…”, dice Jiménez, que admite con humor negro conocer todos los trucos para conseguir su objetivo: “Que el banco no vea ni un euro del dinero que me quiere robar”.

La pareja desahuciada se muestra relajada, ironiza sobre su desgracia. Ya ha digerido el drama de intentar abrir sin éxito la puerta de la que fue su casa. Rafael Cordero, de 51 años, todavía no sabe lo que es eso. Para evitar que ocurra, este camionero en paro vigila día y noche el exterior de su chalet de Calicanto, Godelleta. Sabe que la visita de la comisión judicial está al caer. Dejó de pagar cinco cuotas de 1.500 euros. Y la CAM, la entidad que le concedió un crédito de 80.000 euros en 1998, subastó el inmueble a Banesto por 214.000 euros. El desahucio sobrevuela desde mayo sobre su cabeza. “Hace unos días vinieron unos señores trajeados preguntando si vivía alguien en la casa, cuando me vieron salieron corriendo”, explica el transportista, que llegó a ganar 9.000 euros mensuales como autónomo. Cordero amenaza con “una acción directa” contra la caja alicantina y sus antiguos responsables, a los que califica de “estafadores”. “Cómo puede hacerme esto un banco que estuvo pilotado por personas como María Dolores Amorós”, se queja aludiendo a la exdirectora de la CAM que reclamó una pensión vitalicia de 400.000 euros tras ser destituida por el Banco de España. “Ninguno va a la cárcel”, lamenta contundente. El transportista repasa a diario los 500 contactos de su agenda en busca de empleo. “No hay forma, todo está parado”, dice.

Cordero pertenece a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia (PAH), cuyas denuncias públicas —una media de tres al mes— se han convertido en la pesadilla de los directores de sucursales bancarias. El sirio Zyad Abu Ou, de 47 años, consiguió ganar tiempo gracias a las movilizaciones de esta asociación nacida al calor del 15-M y la presión de la asociación de madres y padres el colegio de Torrent donde estudian sus dos hijos menores. Un pequeño triunfo, ya que el mecanismo del desahucio sigue en marcha. Bankia paralizó la ejecución hipotecaria hasta el fin del curso escolar. Solo es un paréntesis. Zyad, parado desde 2007 y sin ingresos, desconoce donde irá a partir del 30 de junio. “No tengo nada”, afirma este hombre que reside en España desde hace tres décadas. Alentado por la euforia económica y un trabajo de aserrador que le reportaba 1.200 euros mensuales, Zyad amplió en 2005 el crédito de su hipoteca para comprarse un coche. El resto de la historia es conocida. Irrumpe la crisis, se desploma la construcción y el paro le impide pagar los 700 euros mensuales del préstamo de 60.000 que firmó en 1998. Tras la retahíla de descubiertos bancarios, impagos y avisos correspondientes, el banco subastó su vivienda en 2011 por la “mitad de la tasación”, según PAH. Zyad teme ahora acabar en la calle. En la Comunidad Valenciana existen 300.000 casas vacías, según un informe de CatalunyaCaixa.

Los bancos obligan a firmar cláusulas confidenciales si hay dación en pago

El colombiano Fernando Simarro, de 45 años, se despojó en julio del “fantasma del desahucio”. Consiguió la primera dación en pago de Valencia. El banco accedió a perdonarle una hipoteca a cuarenta años a cambio de las llaves del piso. La entidad le había regalado en 2007 un crédito de 186.000 euros, que consiguió de forma casi automática, sin avales y sin trabajo fijo, para comprar un piso en El Cabanyal. “Si no me llegan a dar la dación, no sé cómo hubiera acabado mi vida”, explica este hombre, parado, casado y con cinco hijos. Su gesta arrancó tras perder el empleo de 2.000 euros al mes en una empresa de electricidad. Sucedió en octubre de 2009 y Simarro, con una cuota de 1.200 euros, apuró los ahorros durante un año hasta que no pudo más. El dinero se esfumó. Colegio, libros, comida. Acudió al banco y pidió tiempo. La solución que le dieron, más intereses: rebajar la cuota del préstamo a 550 euros cambio de pagar 50.000 euros más al final de la amortización. Lo consideró una estafa. Y declaró la guerra contra la “usura”. “Que vaya la policía y que me saquen del piso”, proclamó en entrevistas en televisión y en diarios gratuitos. Su imagen llorando en la puerta del banco comenzó a resultar incomoda. Había pasado de “cliente pesado” al hombre que concitaba la atención de los medios y se ganaba a la opinión pública con un discurso que disparaba contra el “terrorismo financiero”. Los indignados acampaban en la plaza del Ayuntamiento y la entidad que le dio la hipoteca no quería problemas. En julio de 2011 la directora le citó en su despacho para entregarle un contrato que le liberaba de la deuda. “No me lo creía”, dice.

Ahora vive alquilado en El Cabanyal mientras ultima los ahorros para pagarle el billete a España a su único hijo que le queda en Colombia, donde el impago de una hipoteca comporta pena de cárcel. Según ha podido saber EL PAÍS, varias entidades que han concedido la dación en pago en la Comunidad Valenciana obligan a firmar cláusulas de confidencialidad para evitar que el beneficiario hable con los periodistas.

"Subastaron la casa a mis espaldas"

¿Es posible perder una vivienda por no pagar una cuota de la hipoteca? Gemma Gimeno reside en una casa en Real de Montroi que fue suya y ahora es del banco. Banesto, que le concedió en 2007 un crédito de 120.000 euros, recuperó el inmueble “a sus espaldas” por 60.000 mediante una subasta extrajudicial. “Me han quitado la casa sin que me entere”, afirma. Tras quedarse en paro, esta grabadora de datos de 44 años dejó de pagar el préstamo. Las cuotas se transformaron en “una losa”. Se duplicaron en tres años hasta los 800 euros. Y el banco, después de cinco mensualidades impagadas, le ofreció una novación (ampliación) de la hipoteca. La solución parecía atractiva. Se estiraba el crédito de 35 a 50 años a cambio de engordar los intereses. Pero el Plan B “tenía truco”, según la afectada. Al primer impago, un notario subastaría el piso. Y así ocurrió. En marzo de 2010, la propiedad voló. Banesto aplicó la cláusula, recuperó el inmueble y Gimeno y su pareja se quedaron sin la casa y con una deuda de 70.000 euros.

Aseguran que ni el notario ni el banco les explicó esa “remota posibilidad” que ahora les ha desterrado al limbo. “Nos sentimos estafados”, coincide el matrimonio. La pareja permanece en la vivienda gracias a una sentencia del 2 de marzo dictada un juzgado de Picassent, que frenó el desahucio.

En su delirio burocrático, el Banco de España les dio la razón. Calificó la actuación de Banesto de “acto de mala fe” por imponer la novación en lugar de la suspensión temporal de las cuotas. “Con la razón nos hemos quedado”, admite irónica. El matrimonio, que tiene una hija menor, aspira a salir del bache con los dos trabajos a media jornada que acaban de conseguir y por los que ingresan 1.100 euros. Se plantea solicitar un alquiler social en el peor de los casos, si la justicia les da la espalda. Banesto defiende que, antes de recuperar la propiedad de Gimeno, negoció “por todos los medios”. “A nosotros no nos interesan las propiedades”, afirma un portavoz de la entidad que evita dar detalles del caso aludiendo al secreto bancario.

Controvertida desde su origen, la subasta extrajudicial se ha convertido en una fórmula a la que recurren los bancos para recuperar las viviendas de propietarios que no pagan. El procedimiento se realiza a través de un notario (no interviene el juez) y figura en la mayoría de las escrituras, si bien las entidades comenzaron a acordarse de esta vía exprés tras el recrudecimiento de la crisis y el aumento de la morosidad, que supera el 7%. Tras dos subastas desiertas por el 100% y el 75% del importe de la deuda, los bancos —o sus filiales inmobiliarias— pueden recuperar el piso por una cantidad mínima que, en un escenario extremo, puede ser de un euro. El procedimiento no suele durar más de dos meses y Banesto es una de las entidades que recurre a este mecanismo en la Comunidad Valenciana, según fuentes notariales. Un portavoz de este banco niega que el sistema represente una “práctica habitual”.

Las víctimas definen el controvertido mecanismo como “inmoral” y recuerdan que el Tribunal Supremo cuestionó su aplicación en 1998. “La subasta notarial perjudica gravemente al afectado porque no ofrece la publicidad de la judicial, es muy rápida, impide la opción de la justicia gratuita y consigue que el propietario pierda la casa y mantenga la deuda”, explica María José Guiralt, abogada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Valencia (PAH). La asociación dice que ha frenado “la mayoría” de los desahucios iniciados a través de esta vía.

César Belda, decano del Colegio Notarial de Valencia, admite que la crisis ha animado a los bancos a echar mano de las subastas extrajudiciales como vía para recuperar sus viviendas. “No disponemos de cifras exactas, pero el procedimiento se ha incrementado de forma exponencial desde 2008”, dice Belda, que sostiene que el sistema es “plenamente garantista”, reduce los litigios entre las partes y mantiene informado al afectado, que recibe una notificación antes del inicio de la subasta. Para evitar situaciones radicales, el decano ordenó a los notarios de la Comunidad Valenciana que frenasen las adjudicaciones de viviendas por debajo del 60% del importe de la deuda. “No conocemos casos de bancos que hayan recuperado pisos por un euro”, añade.

El código de buenas prácticas de la banca (de carácter voluntario) aprobado por el Gobierno el 9 de marzo frena —al menos en teoría— casos de esperpento como las subastas extrajudiciales por un euro. La iniciativa recomienda a las entidades no recuperar viviendas cuyo propietarios paguen cuotas que superen el 60% de los ingresos y de familias solo posean una casa. Los afectados auguran un alcance mínimo.

“Tememos que el efecto de la medida será testimonial, dado que solo beneficiará a quienes estén debajo de un puente o al borde de la exclusión”, afirma Rosanna Montalbán de PAH Valencia. Un portavoz de una importante entidad replica en privado: “La sociedad debería comenzar a entender que somos bancos y no ONG”.