El estallido del ‘corralito’ gallego

Hace apenas seis meses eran pocos los que habían escuchado hablar sobre un producto financiero que en las últimas semanas se han convertido en célebre, las participaciones preferentes. La pasada semana, los responsables de Novagalicia Banco (NGB) reconocieron que solo en esta entidad hay más de 43.000 afectados que adquirieron un total de 937 millones de euros en este tipo de producto financiero, que está calificado como de “alta complejidad” por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). No hay datos sobre el número real de afectados en la comunidad autónoma, ya que muchas otras entidades financieras los comercializaron.

Durante las últimas semanas, los clientes que han visto bloqueados sus ahorros comenzaron a movilizarse en distintas ciudades y a realizar concentraciones de protesta ante las sedes de las entidades afectadas. Sin embargo, el pasado 30 de marzo, un día despúes de la jornada de huelga general, la protesta se hizo visible para casi todo el mundo. Centenares de afectados llegados desde las comarcas de O Rosal, O Morrazo y Vigo se manifestaron en Santiago, obligaron a cerrar la sede central de Novagalicia Banco y entregaron miles de firmas en la oficina del Valedor do Pobo exigiendo una solución. Después de entrevistarse con responsables de los tres grupos parlamentarios, irrumpieron en las instalaciones de la CRTVG en San Marcos y estuvieron a punto de interrumpir el Telexornal que se emitía en ese momento. El próximo día 11 volverán a manifestarse frente al Parlamento y al día siguiente lo harán de nuevo en Pontevedra.

El próximo martes los afectados volverán a protestar en Santiago

La asociación de usarios de banca, Adicae, señala que hay muchos ahorradores que todavía no saben que tienen su dinero invertido en un producto muy diferente al depósito que le ofrecieron en su entidad financiera de confianza. La mayor parte de los afectados descubre el pastel cuando pretende retirar parte o la totalidad de los fondos y le comunican que no puede hacerlo. Además, reciben la desagradable sorpresa de que el valor de sus ahorros se ha devaluado de forma considerable y que el depósito que creyeron suscribir un buen día no es tal, sino que se trata de unas acciones que cotizan en un mercado secundario y que tienen el carácter de ser perpetuas.

Dositeo Amoedo, delegado en Galicia de la Asociación Europea de Asesores Financieros (EFPA, en sus siglas en inglés), explica que el carácter perpetuo de estas acciones supone que la entidad que las emite no tiene el deber de devolver el dinero a los inversores “pero sí el derecho”. Pero Amoedo aclara que, según la normativa europea MiFID, las entidades financieras tienen la obligación de realizar un test de idoneidad antes de ofrecer este producto a sus clientes, al tratarse de una inversión de riesgo elevado. “Creo que es probable que si los afectados demuestran que no hicieron estos tests, la CNMV puede actuar y obligar a las entidades responsables a devolver el dinero”, indica Amoedo.

“La CNMV puede obligar a las entidades a devolver el dinero”

El gran problema para los miles de afectados es que no saben a quién recurrir para recuperar su dinero. Hay quienes confían en asociaciones como Adicae, que por el momento se ha limitado a indicar que está preparando una demanda conjunta por este asunto. Desde la Consellería de Economía e Industria apuntan que los clientes que consideren vulnerados sus derechos deben hacer una reclamación administrativa, que siempre será compatible con el camino judicial. La Xunta también promueve la solicitud de un arbitraje que puede solicitarse a través del Instituto Galego de Consumo. Algunos afectados han señalado que no confían en esta solución porque si les dan la razón no podrán volver a reclamar y pueden perder sus ahorros para siempre.

El delegado en Galicia de EFPA apunta que el método más efectivo para reclamar es dirigirse en primer lugar a la propia entidad afectada. Si no hay respuesta, o esta no satisface al cliente, se puede formular una reclamación ante el Banco de España. Amoedo considera que el arbitraje no es una buena solución y ni siquiera es legal, ya que las competencias en este asunto pertenecen al Banco de España y a la CNMV. Sobre la situación en NGB, cuyos responsables han pedido paciencia a los afectados para llegar a una solución, Amoedo explica que dependerá del futuro de la entidad. “Considero probable que se llegue a una subasta y en ese caso la solución dependerá de si el comprador es bastante fuerte y asume el compromiso con los inversores, como ha hecho el Banco Popular con los clientes del Pastor”, indica Amoedo.