Malestar en el PP con Conde Roa por no avisar de su fraude fiscal

El primer mandamiento de Feijóo es claro: sus cargos “pueden meter la pata, pero nunca la mano”. Lo repite en público y en privado el presidente de la Xunta desde semanas antes de llegar al poder, en marzo de 2009. En vísperas de aquellas elecciones autonómicas hizo dimitir a su fichaje económico, el cabeza de lista por Ourense, Luis Carrera Pásaro, cuando se conoció que había cobrado comisiones a través de un paraíso fiscal por mediar en un negocio entre un banco portugués y una empresa gallega.

El presidente exigió el cese fulminante de Carrera Pásaro. Aseguró que aún no habiendo indicios de delito, su comportamiento se había apartado de la ética. Y sentó doctrina en el PP gallego. Ahora, Feijóo aparece preso de sus propias palabras. El alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, ha sido denunciado por la fiscalía, que le acusa de no pagar “de forma consciente, voluntariamente y con ánimo de defraudar a Hacienda” 291.000 euros en concepto de un IVA que sí cobró por la venta de 61 viviendas a través de su promotora inmobiliaria en 2010. La noticia ha provocado un gran malestar en la cúpula del PP y en el propio Feijóo, que quiere impedir la sangría de imagen que implicaría en pleno año electoral las entradas y salidas en el juzgado de su alcalde en la capital de Galicia imputado en un delito fiscal castigado con pena de cárcel. Y estupor en los propios concejales del PP en el Ayuntamiento de Santiago, que nada sabían de la gravedad de las acusaciones contra el alcalde.

El miércoles, al ser preguntado por este asunto, el presidente de la Xunta se desentendió. Despejó la cuestión en medio minuto. Suficiente para hacer ver que él mismo le había exigido explicaciones a Conde Roa. “Nos dijo que no tiene constancia oficial y que cuando la haya será el interesado el que haga la evaluación que corresponda y dará las explicaciones necesarias. A partir de ahí veremos cuáles son”.

En la dirección del PP gallego el cabreo es mayúsculo. Sabían, porque ya lo había publicado este diario, que Conde Roa había recibido 18 notificaciones de embargo por parte de la Agencia Tributaria entre abril de 2010 y marzo de 2011. Y conocían también que olvidó pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles por el edificio de su constructora, más de 7.000 euros, a su propio Ayuntamiento cuando ejercía de oposición municipal.

Pero Feijóo y el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, no esperaban que sus peripecias con el fisco llegaran a la vía penal. Las fuentes consultadas aseguran que la cúpula del partido en Galicia desconfía de Conde Roa y de la tesis que ha empezado a esgrimir: que él mismo firmó un acta de conformidad para pagar sus deudas cuando supo del expediente sancionador iniciado por la Agencia Tributaria. Sucede que todo el PP gallego sabe que Conde Roa tiene su salario de alcalde embargado y apenas recibe 900 euros de los 3.300 que figuran en su nómina.

Entre sus compañeros de grupo municipal en el Ayuntamiento cunde el estupor. El pasado martes, cuando este diario publicó la noticia, asistieron perplejos a una ronda de entrevistas del alcalde en varios medios de comunicación locales, sin que nadie les explicase su situación. A diferencia del alcalde, que sabía que Hacienda le pisaba los talones desde mayo de 2011, cuando se reunió con sus inspectores, el resto de concejales del PP sí se enteraron del escándalo por la prensa. Ahora esperan noticias de la dirección del partido.

La oposición, mientras, se ha lanzado a pedir la dimisión de Conde Roa. “Cada minuto que siga como alcalde lo paga la ciudad de Santiago”, aseguró el BNG. El diputado socialista Xaquín Fernández Leiceaga declaró a la Cadena SER que el regidor no está en condiciones de seguir en el puesto. Y ninguno de ellos quita ojo a una recalificación urbanística que el Gobierno de Santiago planea a unos cientos de metros de la Catedral.