“¿Cómo puede ser que mi hijo esté en prisión? Solo fue a una huelga”

El jueves 29 de marzo, a las once de la mañana, un grupo de agentes de los Mossos d’Esquadra vestidos de paisano detuvo en la capital catalana a Ismael B. y a Daniel A., de 20 y 19 años, estudiantes de la Universidad de Barcelona. Un poco antes, la policía arrestó también a Javier T., de 30 años, licenciado. Los tres llevan una semana en prisión provisional: Javier T. está acusado de cruzar contenedores en la calle y cortar el tráfico; los dos estudiantes, de quemarlos, cortar el tráfico y atentar contra la autoridad el día de la huelga general en Barcelona.

Ninguno de los tres pudo participar en los incidentes más graves que se vivieron por la tarde en la ciudad, y que acabaron con 80 heridos (seis de gravedad), porque ya estaban en comisaría. Ellos fueron los primeros en pasar a disposición judicial. Otras cinco personas afrontaron las penas de prisión pero eludibles con fianza de entre 3.000 y 4.000 euros. Solo uno de ellos ingresó (salió este jueves). De los otros 71 arrestados, ninguno se enfrentó a una petición de cárcel.

“¿Cómo puede ser que mi hijo esté en prisión? Solo fue a una huelga”, se pregunta Cristina Sala, madre de Daniel A. La titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona, Carmen García, justifica la medida por el riesgo de que no se presenten ante el tribunal y por el peligro de que reincidan en otras citas en la ciudad de riesgo, como la reunión del Banco Central Europeo prevista el 3 de mayo, el derbi entre el Barcelona y el Espanyol, previsto para el 6 de mayo y el 1 de mayo. Los estudiantes no tienen antecedentes y viven con sus padres. Javier T. estuvo involucrado en el sitio al Parlamento catalán el pasado 15 de junio, pero no ha sido juzgado aún. García es la única de los tres jueces que han tomado declaración a los detenidos en la huelga que ha dictado prisión sin fianza.

Amigos, partidos políticos, el entorno universitario e incluso el Colegio de Abogados de Barcelona y Girona se han volcado en la defensa de los jóvenes

“Nunca, ni en mis peores pesadillas, me podría haber imaginado algo así. Tengo un hijo ejemplar”, repite Isabel Altamirano, madre de Ismael B. Ambas familias están desesperadas por la medida excepcional. Amigos, partidos políticos, el entorno universitario e incluso el Colegio de Abogados de Barcelona y Girona se han volcado en la defensa de los jóvenes. El diputado Joan Josep Nuet (ICV-EUiA) ha enviado una carta al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para que intervenga a su favor.

Ismael está becado para estudiar Física, trabaja en la universidad y estudia 5º en la Escuela Oficial de Idiomas. “Me enteré de la detención por Facebook a las once de la noche”, recuerda su madre. Miembros de la Asociación de Estudiantes Progresistas, de la que ambos forman parte, le escribieron diciéndole que estaba en la comisaría del barrio de Les Corts de Barcelona. “No le dejaron llamar por teléfono. ¿Esto es la justicia española? ¿Dónde está el derecho de mi hijo?”, se pregunta. Altamira no ha podido verle desde entonces. “Es increíble”, solloza. Su marido, conductor de autobús de TMB, está de baja a raíz del arresto “Mi hijo estaba en el momento equivocado, en lugar equivocado”, se queja esta administrativa de Coma-ruga (Tarragona).

Daniel compagina con excelencia Física y Matemáticas. Su madre se enteró por un tío suyo que el joven estaba en comisaría. “Los amigos buscaron en las páginas blancas y, como tiene un apellido poco común, dieron con su tío y le preguntaron si era familiar”, recuerda Sala. “Yo creía que saldría, él también. Después, a las tantas de la noche, me dicen que ingresaba en prisión sin fianza y sin nada... No me lo podía creer”, explica. Cuando madre e hijo pudieron al final hablar por teléfono, el joven se echó a llorar: “Estaba deshecho, no entendía lo que estaba pasando”, cuenta Sala. En Terrassa, donde vive, se manifestaron decenas de personas a su favor y las hermanas de Daniel han recogido 30 testimonios que acreditan que jamás ha tenido actitudes violentas.

Los agentes les vigilaron durante más de cuatro horas mientras ejercían de piquetes informativos en la universidad y, según fuentes policiales, pueden acreditar con imágenes lo que hicieron

Los dos han negado ante la policía las acusaciones. Los Mossos encontraron una mochila con petardos y líquido para encender barbacoas, que los jóvenes no reconocen como propia. Los agentes les vigilaron durante más de cuatro horas mientras ejercían de piquetes informativos en la universidad y, según fuentes policiales, pueden acreditar con imágenes lo que hicieron. Su familia pide presunción de inocencia y que sigan en libertad hasta que un juez decida si cometieron los actos vandálicos.

“Si les condenasen por ese tipo de delitos ni siquiera entrarían en prisión”, argumenta el letrado Jaume Asens, experto en movimientos sociales. En los tres casos, la fiscalía pidió cárcel para los jóvenes. “Había presión mediática”, asegura el abogado de uno de ellos, que añade que están “muy preocupados” por si no pueden acabar el curso.

“Es absolutamente desproporcionado. La juez cambia el papel de juez por el de profeta”, lamenta el abogado Benet Salellas, que defiende a Javier T. Su cliente, licenciado universitario, trabaja cuidando ancianos y estudia un máster para ejercer de profesor. También ha contado con todo el apoyo de su entorno. Al entender de Salellas, el “clima mediático” llevó a la juez a acordar la prisión como “medida ejemplarizante”. El consejero de Interior, Felip Puig, ha aplaudido la drástica decisión en contra de lo que él ha denominado “guerrilla urbana”. Las madres de los jóvenes los consideran “cabezas de turco”.

Las defensas de los tres encarcelados han recurrido la prisión. En el caso de los jóvenes, la juez decidirá cuando regrese de vacaciones. Salellas ha apelado directamente a la Audiencia.