Jaén presenta un duro plan de ajuste con subida de impuestos y recorte de personal

A Jaén le va a costar muy caro saldar su deuda con los proveedores, la más alta de las capitales españolas después de Madrid. El gobierno local, del PP, aprobará este viernes en el pleno un duro plan de ajuste económico que contempla subida de impuestos, recorte de personal, fusión de patronatos y una política de austeridad en todos los servicios municipales. El plan lo ha presentado el alcalde, José Enrique Fernández de Moya, en plena jornada de huelga general, donde ha aprovechado para anunciar una drástica reducción de liberados sindicales. "Se tendrán que apretar el cinturón", ha dicho, después de denunciar coacciones sindicales en el paro del 29-M.

El segundo plan de austeridad que presenta el gobierno popular viene forzado por la exigencia del Ejecutivo de la nación para poder financiar el plan de pago a proveedores, al que Jaén se ha acogido con casi 18.000 facturas por valor de 201 millones –la deuda total supera los 300 millones, pero el resto de la misma no cumple los requisitos del Real Decreto del Ministerio de Hacienda-. "El Ayuntamiento se encuentra en quiebra técnica y en la UCI", ha resaltado el regidor jiennense, que nuevamente ha descargado toda la responsabilidad a la herencia del anterior gobierno de PSOE e IU.

El plan, que según Fernández de Moya permitirá salvar 600 empleos de empresas concesionarias y pymes, prevé un ahorro del gasto de 26 millones y el incremento de los ingresos en 12 millones. La mayor recaudación –en torno a ocho millones- vendrá por la revisión catastral. Aunque el Ayuntamiento no subirá los tipos impositivos, la actualización de los valores que no se tocan desde 1996 implicará una importante subida del IBI. También se revisará al alza el Impuesto de Vehículos, se actualizará el callejero fiscal y se negociará con la Diputación aumentar los ingresos por el cobro de las multas de tráfico, un servicio que rescatará el Consistorio en 2014.

Jaén es, tras Madrid, la capital con mayor deuda a proveedores

En el capítulo de personal, el alcalde admite que la plantilla –de 1.486 trabajadores- está "sobredimensionada" y ha anunciado una profunda reestructuración administrativa que contempla la amortización de las plazas del personal jubilado. En la próxima década –tiempo de vigencia del plan de ajuste- serán más de 300 los empleos que se suprimirán. Pero el PP solo garantiza el futuro laboral al personal "consolidado", esto es, a los funcionarios de carrera, que apenas suponen menos de un tercio de la plantilla municipal. El alcalde también pasará la tijera a los liberados sindicales –algo más de 40 en la actualidad- para dejarlos "en el mínimo que permita la ley", y se negociará un nuevo convenio colectivo en el que, previsiblemente, se plantearán bajadas de sueldo.

La reducción de productividades, de las horas extra, el plan contra el absentismo laboral, la creación de una unidad central de compras o un plan de eficiencia energética –se apagará la luz 15 minutos antes de abandonar el servicio- son otras medidas. Cinco patronatos se fusionan y se quedan en dos: por un lado, Escuela Taller, Centro Especial de Empleo e Instituto de Empleo y, de otro, Cultura y Universidad Popular. También se quieren ahorrar cuatro millones unificando la recogida de basura y la limpieza viaria.

Ante las críticas de la oposición, el alcalde ha demandado el "compromiso y responsabilidad" del resto de fuerzas políticas para dar luz verde a estas medidas que, según Fernández de Moya, hipotecan a futuras corporaciones. El alcalde también ha sacado adelante un nuevo PGOU en el que hace guiños a la iniciativa privada en detrimento de las viviendas de promoción públicas.