La mayoría de la comisión atribuye a excargos del PNV responsabilidad política

La mayoría de los grupos de la comisión del Parlamento vasco que investiga los casos De Miguel y Tellería, las supuestas tramas de cohecho y espionaje en Álava, ha avalado el borrador del dictamen en el que se atribuyen responsabilidades políticas a varios exdirigentes del PNV. Los miembros de la comisión de investigación han aprobado hoy 30 de las enmiendas presentadas por los grupos al borrador que elaboró el presidente de este foro, Juanjo Agirrezabala, de EA, y han acordado posponer al próximo martes el debate de otras cuatro en aras a lograr un consenso lo más amplio posible.

Agirrezabala ha explicado a los periodistas al término de la reunión que el martes también se aprobará el dictamen definitivo que será trasladado a un pleno, previsiblemente a finales de abril, para su votación, informa la agencia Efe.

El PNV había presentado una enmienda a la totalidad al borrador que, según ha confirmado Agirrezabala, ha sido rechazada, lo que confirma que "la mayoría de la comisión asume" el texto. No obstante, no ha trascendido a la prensa el contenido de las 30 enmiendas aprobadas dado el carácter secreto de los trabajos de la comisión. Además de su enmienda a la totalidad, el PNV presentó 10 técnicas y 186 parciales, y ha pedido en varias ocasiones que el dictamen sea ecuánime y objetivo, sin tintes partidistas y que las conclusiones y recomendaciones se basen en hechos probados y constatados y "no en meras especulaciones".

El presidente de la comisión ha señalado que se ha decidido aplazar al próximo martes el debate de otras cuatro enmiendas con el fin de alcanzar el "mayor acuerdo posible", aunque ha aclarado a preguntas de los periodistas que éstas, en caso de que salieran adelante y se incorporaran al texto, tampoco "modificarían sustancialmente" el contenido del documento ya redactado.

El pleno de la Cámara

El borrador del dictamen analiza las responsabilidades políticas en que incurrieron los cargos públicos en cada una de las cuatro tramas investigadas. En la primera de ellas, relacionada con presuntas contrataciones irregulares por parte del anterior Departamento de Cultura dirigido por el PNV, se acusa al exdirector de Juventud Xabier Sánchez Robles de haberse servido de su cargo para favorecer a las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, ya que dio el visto bueno a facturas sobre las que no consta que existieran trabajos.

También señala como responsable político de estas contrataciones irregulares al exviceconsejero de Cultura Gurutz Larrañaga, a quien se acusa de incurrir en una "falta de control" sobre la actividad del entonces director, Sánchez Robles. Además, se pone de relieve que en esta investigación no se puede obviar el papel que jugó la consejería de Cultura, dirigida entonces por el PNV, y la función que tuvieron destacados miembros de este partido en Álava como Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Otxandiano e Iñaki San Juan, todos ellos imputados en el caso.

En la segunda línea de investigación, la relacionada con el supuesto espionaje a personalidades de la vida política y económica alavesas, limita las responsabilidades a los tres encausados por el juez: el exdirigente del PNV Aitor Tellería y los dos ertzainas investigados.

Con respecto a la tercera investigación, centrada en las presuntas contrataciones irregulares en el Parque Tecnológico de Miñano, el informe considera que el exdirector de este parque, Alfonso Arriola, y el expresidente de la red vasca de parques tecnológicos, Julián Sánchez Alegría, fueron los responsables políticos de la contratación de Urbanorma para la compra de terrenos. En el caso de la adjudicación irregular a la firma Stoa, el dictamen acusa al exdirector gerente del instituto foral de Bienestar Social Koldo Otxandiano y a la empleada de la red de parques tecnológicos Miren Bilbao, además de Arriola y Sánchez Alegría.

Respecto a la cuarta línea de investigación, sobre presuntas recalificciones irregulares de suelo rústico en Santurtzi por parte de Sprilur, el dictamen señala que el excesivo precio pagado es fruto de una "decisión unipersonal" del exdirector de Sprilur Antón Zubiaurre, que actuó sin el visto bueno del Consejo de Administración.