El borrador atribuye responsabilidades políticas a varios excargos del PNV
Pide recuperar el dinero que la trama cobró por los contratos irregulares en Cultura
Hay responsabilidades políticas en la presunta trama de corrupción del caso De Miguel. Así lo concluye el borrador del dictamen elaborado por Juanjo Agirrezabala, el presidente de la comisión del Parlamento vasco que investigó lo ocurrido, y que señala a varios excargos públicos nombrados por el PNV. Queda por ver lo que ocurrirá en la fase de enmiendas de los demás partidos, que tienen hasta 2 de marzo para presentarlas. El objetivo es que el texto final sea aprobado el día 12 para ser elevado a pleno a finales del citado mes.
El texto, al que ha tenido acceso este diario, considera que las irregularidades investigadas son políticamente censurables tanto en el caso de los 200.000 euros que el Departamento de Cultura pagó por contratos de los que no consta su realización, como en el de más de 400.000 euros adjudicado a dedo en el parque tecnológico de Miñano, que vulneró la normativa vigente. En el primer caso, el principal señalado es el entonces director de Juventud, Xabier Sánchez Robles, amigo y compañero de partido de los propietarios de las empresas beneficiadas -los exdirigentes del PNV Alfredo De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, así como el exedil en Leioa Iñaki San Juan-. El borrador también reprocha la falta de vigilancia, debido tal vez a un "exceso de confianza" del entonces viceconsejero de Cultura, Gurutz Larrañaga.
Sobre el director de Juventud: "O actuó con negligencia o en connivencia"
Censura al consejo de Sprilur por hacer "dejación de sus funciones"
En Miñano, apunta como responsables a los entonces director del parque, Alfonso Arriola, y presidente de la Red de Parques Tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría. En el caso de otro contrato, concedido Stoa, las responsabilidades llegan también a Ochandiano, entonces director financiero de Miñano y la directora técnico, Miren Bilbao. Todos están imputados en la causa instruida por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria.
El borrador hace suyas las conclusiones de la comisión de Juntas Generales que indagó sobre la recalificación de terrenos en Zambrana, investigada por pago de comisiones ilegales, que señalaba al PNV alavés como nexo común de una trama que insistió en sacar adelante contra viento y marea la operación con De Miguel a la cabeza.
En Santurtzi, donde una compra de terrenos de la entidad pública Sprilur causó un perjuicio de 3,1 millones de euros a las arcas públicas, el texto señala claramente al entonces director de la entidad, Antton Zubiaurre, imputado, como principal responsable. Y acusa al consejo de administración de Sprilur, cuando era presidido por Mauri Lazkano de hacer "dejación de sus funciones" al permitir un "exceso de poder" concentrado en el director.
Sobre lo ocurrido en el Departamento de Cultura, el borrador ve posible la existencia de un delito de tráfico de influencias que la justicia ya está investigando. Afirma que Sánchez Robles "dio el visto bueno a facturas sin la comprobación previa necesaria, lo cual conduce a una disyuntiva clara: o actuó con negligencia o lo hizo en connivencia con las empresas". Y añade que la actuación "ha supuesto un perjuicio económico para las arcas publicas".
La comisión propone poner en marcha "los procedimientos legales pertinentes para recuperar los fondos públicos" abonados. Plantea que la oficina de Control Económico del Gobierno extreme su control sobre los contratos menores.
Además, propone "establecer un protocolo de actuación" para regular los viajes de los directores, consejeros y viceconsejeros". Si esto sale adelante, los altos cargos tendrían que pedir autorización y justificar el gasto con la elaboración de una memoria a posteriori.
Interior, al margen de las críticas
En la línea número dos investigada por la comisión del Parlamento vasco, el presunto espionaje político conocido como caso Tellería, el texto elaborado por su presidente, Juanjo Agirrezabala, considera verdadera la tesis de que "dos agentes de la Ertzaintza, adscritos a la Unidad de Investigación y Análisis (UIA), acordaron colaborar con [Aitor] Tellería para transmitirle información a la que podían acceder en el ejercicio de su profesión" sobre políticos, empresarios y personas vinculadas al CNI. También recuerda que Tellería era el responsable de gestionar los anónimos que llegaban al PNV alavés.
El borrador libera de cualquier responsabilidad a la cúpula de entonces en la Ertzaintza y el Departamento de Interior. "Nada permite afirmar que la responsabilidad de la actuación investigada pueda ir más allá de las tres personas imputadas", resaltan las conclusiones. El presidente quiere no obstante reforzar el control parlamentario sobre la heredera de la UIA, la División Antiterrorista e Información, para que informe de forma periódica de su organización y del funcionamiento interno para "mejorar su transparencia".
Agirrezabala desea que el Departamento de Interior "establezca criterios objetivos para regular y ordenar el acceso a la división Antiterrorista y de Información" frente al sistema de libre designación actual. El texto no menciona el hecho de que uno de los agentes imputados tenía el carné del PNV.
Reproches a Álava y Bizkaia
A lo largo de las 68 páginas del borrador del dictamen que servirá de punto de partida para un debate de enmiendas que anuncia acalorado, no faltan críticas a la actuación de las Diputaciones de Álava y Bizkaia, que se negaron a facilitar información fiscal sobre varias de las empresas investigadas argumentando que no había base legal para ello. A pesar de que los servicios jurídicos de la Cámara vasca insistieron en que los entes forales tenían la obligación de colaborar, PP y PSE tuvieron que impulsar cambios normativos en las distintas Juntas Generales para que los datos terminaran llegando a tiempo para ser utilizados en la investigación.
En el relato de los hechos realizado también queda en evidencia que el nexo común de la trama, investigada por el Juzgado de Instrucción número Cuatro de Vitoria, era su pertenencia y su cercanía al PNV.
En paralelo, el frente judicial llega ya a la veintena sumando los de la presunta corrupción y los del supuesto espionaje político. El juez instructor del caso Tellería, Roberto Ramos, ya ha ordenado la apertura del juicio oral. Todo está pendiente de que se aclare si la Audiencia Provincial de Álava opta por juzgarlo o si prefiere dejarlo en manos de un juzgado de lo Penal. En este último caso, es probable que la Fiscalía interponga un recurso de casación ante el Supremo que alargaría varios meses la espera.
La causa por la presunta corrupción, por su parte, sigue en fase de instrucción.
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