Un tribunal embarga tres inmuebles a un exedil de Calp que no los declaró
La medida se toma en el marco del proceso por el agujero municipal de 1,1 millones de euros
El Tribunal de Cuentas ha embargado a José Perlés Vives, exedil del PP de Calp, dos fincas rústicas y un garaje que no había incluido en la declaración de bienes ante el Ayuntamiento. Se trata del segundo embargo cautelar de bienes decretado contra Perles por el máximo órgano de fiscalización de la contabilidad de las Administraciones Públicas en el marco del juicio por un presunto agujero de 1,1 millones en el Ayuntamiento de Calp. El inmueble objeto del primer embargo fue un supuesto piso de Perles en Altea.
El exedil admite que es propietario de los tres nuevos inmuebles embargados en el término de Calp, pero asegura que no es dueño de la vivienda de Altea. “Y así lo he comunicado al Tribunal de Cuentas”, asegura. Perles reconoce que no incluyó esas tres propiedades en su última declaración de bienes (publicada por el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante el 16 de agosto de 2011). “No sé por qué no están incluidos, porque sí que están recogidos en la declaración de 2008. Son dos fincas rústicas protegidas y un garaje heredados”. “Lo que no puede estar incluido es el piso de Altea, porque no es mío”, añade.
Providencias
Perles asegura que nunca ha tenido la intención de ocultar sus bienes al Tribunal de Cuentas. “Nada más testificar y al declararme el tribunal responsable solidario di órdenes a mi abogado de que presentara un listado con todos mis bienes”, explica Perles. El exconcejal declaró en septiembre de 2011 y el Tribunal Cuentas acordó los embargos mediante sendas providencias del delegado instructor de la causa firmadas el 7 de febrero y 9 de marzo de este año, respectivamente.
Fuentes oficiales del Tribunal Cuentas han confirmado a este periódico la existencia del escrito de Perles advirtiendo del posible error sobre la titularidad de la vivienda embargada en Alicante. “Hemos pedido una nota aclaratoria al Registro de la Propiedad de Altea para verificar quién es realmente el propietario de esa finca”, precisan esas fuentes.
El Tribunal de Cuentas considera responsables solidarios del “daño” de 1,1 millones al erario público calpino al exalcalde del PP Javier Morató y a los exediles populares Francisco Penella y José Perles. El ente fiscalizador acordó el pasado septiembre fijar un aval por la misma cantidad a los denunciados por las supuestas irregularidades contables.
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