Lavapiés (no) quiere policía

Hace 10 días un helicóptero policial sobrevolaba Lavapiés. Una cincuentena de vecinos se había encarado a los agentes en la plaza de La Corrala. Los antidisturbios desembarcaron. Hubo golpes y un detenido. Un conflicto que puede resultar llamativo pero que no es novedoso: desde hace más de seis meses, cada vez que la policía nacional interviene en el barrio surge la amenaza de una explosión de violencia. ¿Cómo se ha constituido este territorio hostil para los uniformes? Parece difícil de explicar en un barrio céntrico, de gran concentración hostelera y comercial, con un alto porcentaje de población educada (23% de universitarios) y citado a menudo como ejemplo de convivencia multiétnica. ¿Por qué se alcanzó esta tensión?

El haz de luz del helicóptero llenó el salón de Ander Contel, en el barrio desde hace 14 años. Oyó sirenas y bajó temiendo encontrar un incendio. Lo que vio fue más de una decena de coches policiales. La versión oficial recoge un intento de detención a un traficante de hachís senegalés frustrada por una multitud amenazante. Varios testigos contestan este relato y afirman que la policía reaccionó con violencia cuando los vecinos les recriminaron estar identificando a inmigrantes. Maite Zabalza, de la Asociación Sin Papeles de Madrid, estuvo presente y apoya esa versión: “A mí me llamó Elahi, un vecino de Bangladesh, porque nos avisamos con las redadas. Estuvimos gritando consignas antirracistas, los agentes se pusieron nerviosos, llegaron refuerzos y acabaron pegándole a un chico que protestaba pacíficamente”.

Confrontaciones similares se han sucedido desde que en el mes de julio una multitud enfurecida empujara a una decena de agentes fuera del barrio tras un incidente con otro senegalés. En este caso la policía sostiene que intentaron detenerlo por responder violentamente después de que los empleados del metro le impidieran colarse. Los manifestantes aseguraban que fue otra identificación de extranjeros, una mala práctica que ya nadie discute se ha venido desarrollando con asiduidad en muchos puntos de Madrid desde que empezó la crisis y aumentó la presión contra la inmigración. Las asociaciones antiracistas y muchos vecinos coinciden en que el hostigamiento a extranjeros en un barrio con un 32,5% de foráneos (el doble que la media madrileña) ha generado un hartazgo del que es complicado reponerse. Un paseo basta para recoger testimonios de jóvenes que han sido cacheados contra la pared solo por tomar la fresca en un banco. “Nos persiguen: entran a cogernos en los locutorios, en los restaurantes”, explica Dauda Thiam, senegalés indocumentado. “A mí me llevaron a comisaría un día que bajé a por pan”.

Como consecuencia, la imagen de la autoridad ha quedado socavada entre los sectores más combativos del barrio. Sin embargo, la policía asegura que esas identificaciones ya no se producen y que, pese a ello, el clima de enfrentamiento no decrece. La delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, animó el viernes a los ciudadanos a denunciar identificaciones masivas de inmigrantes. Y en declaraciones a este periódico, Alfonso José Fernández, el nuevo jefe superior de Policía de Madrid, asegura que ha ordenado tajantemente que terminen estos controles.

“El problema en Lavapiés nos preocupa”, explica Fernández. “Es inaceptable que cuando hay delitos que requieren presencia policial algunos elementos estén bloqueándola”, opina. “Buscamos a delincuentes y traficantes sin mirar la raza, y ningún grupo tiene potestad para oponerse a ello”.

División entre los vecinos

Desde los sucesos de julio han cambiado las cosas. Se vivían los días posteriores al 15-M, con gran movimiento en las calles, creación de asambleas populares, y una mezcla de indignación y cierto optimismo ciudadano. La calle se convenció de que entraba dentro de lo posible pedir explicaciones a las fuerzas públicas, fueran estas políticas o policiales.

Johanna Kippo, una corresponsal del principal diario finlandés, el Helsingin Sanomat, que dedicó una cobertura especial al suceso, describe el halo romántico que envolvió a la revuelta espontánea ante un observador tan lejano: “Fue una desobediencia en defensa de unos derechos básicos que nos llamó la atención porque contrastaba con el auge de populismo xenófobo en algunas partes de Europa”. Por lo inusual del momento y para evitar males mayores las autoridades actuaron con manga ancha. Sin embargo, desde ese día la multiplicación de los choques con la policía ha generado división de opiniones entre los vecinos.

Mientras algunos piensan que es una reacción lógica a una actitud xenófoba, otros consideran que ha desbordado lo permisible para generar un clima de impunidad entre los delincuentes. “Es una vergüenza que en estas broncas veas entre la multitud a un camello que conoces de toda la vida corriendo tras la policía y gritando ‘Fuera del barrio”, explica Manuel Osuna, presidente de la asociación de vecinos La Corrala. “Hemos tenido droga toda la vida, la banda del pegamento, los que robaban a los comerciantes chinos, quienes atracaban a los viejos en los cajeros, y aquí el trapicheo es muy fuerte”, dice otro vecino en el local de la asociación. “No está bien que un grupo de personas se erija en portavoces del barrio diciendo si la policía tiene que entrar o no. Eso no se discute: policía, sí”.

La opinión de los comerciantes va en la misma dirección. Desde Juan José y Alicia, dueños de una papelería que el año pasado fue atracada con un bate de béisbol, a Back Sene, secretario de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España. Alicia agradece que la policía detuviera al ladrón, y Sene se muestra tajante: “La situación se nos está yendo de las manos. Claro que no queremos xenofobia policial, pero si es un problema de drogas o inseguridad no podemos proteger a sus culpables”.

El sindicato policial SUP fue el primero en denunciar la campaña de identificación de inmigrantes irregulares. La revelación desde las entrañas del mismo cuerpo es un hito al que se refieren muchos militantes de asociaciones antirracistas como detonante de sus reivindicaciones. José María Benito, portavoz del sindicato, pide paciencia a los ciudadanos que se han rebelado. “Reaccionar así está mal: hay otros cauces”, dice. “Es un error pensar que cada vez que la policía actúa es con fines xenófobos. En Lavapiés se ejecutan infinidad de actuaciones contra el crimen, y los ciudadanos no deben obstaculizarlas, sobre todo porque desde fuera es difícil discernir qué están intentando hacer en cada momento los agentes”.

Por separado, todos los vecinos que han participado en acciones para obstaculizar a la policía aseguran que están a favor de que se controlen los delitos en el barrio, no quieren transformarse en un Bronx y solo censuran las intervenciones impropias. En su opinión, siempre se recurre a la amenaza de la droga para justificar identificaciones.

El SUP y otros sindicatos como UFP oponen que para los agentes entrar en Lavapiés supone una causa de estrés adicional y temen que tanta presión desemboque en un accidente. Algunos agentes comparan esa tensión a la que sufrían sus compañeros destinados en el País Vasco en los peores años del terrorismo etarra. Los activistas que se acercan a los policías cuando los ven interviniendo reconocen que los encuentran a la defensiva. “Tú vas a preguntar y algunos enseguida se ponen nerviosos, muy chulos”, explica Maite Zabalza.

Agentes en tensión

Olmo Calvo conoce bien estas situaciones. Es un fotógrafo que desde 2007 ha estado retratando identificaciones ilegales. Su trabajo ha recibido varios premios internacionales. Olmo describe cómo se han recrudecido los problemas con los agentes a la hora de retratarlos. “A medida que se ha generado una conciencia sobre esto, se han sentido cuestionados, acosados, y han ido reaccionando peor”. En su opinión, es necesario un acto de mediación pública. La policía debería ser capaz de asegurar a la población que si actúa es solo para garantizar la seguridad. “Si fuesen transparentes, los vecinos no pensarían que les mienten cuando dicen que van a por un camello”, dice. Plantea un problema de mutua desconfianza. “Se ha creado un clima de confusión: ya no sabes nunca si las detenciones son legítimas o no”.

La policía y las asociaciones de vecinos tradicionales contestan a esta propuesta asegurando que ya ha habido reuniones y diálogo, pero que se encuentran con interlocutores que no quieren escuchar que las cosas están cambiando. Mientras, el sector opuesto de los vecinos responde que siguen siendo testigo de hostigamientos a los extranjeros a pesar de todas las bonitas palabras.

El miércoles se celebró en la plaza de Lavapiés el Día Mundial contra el Racismo. Una treintena de manifestantes se reunió bajo la lluvia contra las identificaciones xenófobas. Inmigrantes con paraguas narraban a las cámaras de televisión experiencias humillantes con la policía. No han visto llegar aún el nuevo día que la jefatura promete. Cuando la lluvia escampó los vecinos volvieron a tomar la plaza, a sentarse en los bancos a charlar.

Jóvenes hispanos escuchando hip hop en el teléfono móvil, ancianos blancos analizando las protestas de Mourinho, niños de todos los colores en los columpios y adultos negros apoyados en la puerta de los salones de juego. En una esquina los camellos chistan a los transeúntes ofreciendo su mercancía. Son los habitantes menos queridos del barrio, los que nadie quiere que se beneficien del conflicto con la policía. Vecinos y agentes deben decidir ahora cómo reconducir el problema para encontrar una fórmula de convivencia.