La UE presiona para que la Xunta no dé 4 millones a un acusado de pesca ilegal

Ácidos grasos Omega 3 que curan casi todo. Es a lo que se dedica la empresa Biomega Nutrición, cuyos accionistas mayoritarios son los armadores Antonio Vidal Suárez y Manuel Antonio Vidal Pego, padre e hijo, de Ribeira. Conocidos por haber estado involucrados en actividades de pesca ilegal (Vidal Pego fue condenado en Estados Unidos por ello), su proyecto para Biomega recibió en 2009 cuantiosas ayudas de la Xunta a través del Igape y la Consellería do Mar.

Fueron 3,9 millones de euros, la mayoría procedentes del Fondo Europeo de Pesca, para la construcción de una nave en un polígono de Boiro que ahora toca pagar. Pero la Comisión Europea ha alertado a la Administración gallega para que frene la ejecución de esas generosas subvenciones. Un reglamento comunitario con fecha del 29 de septiembre de 2008, que entró en vigor el 1 de enero de 2010, sobre pesca ilegal en los Estados miembros establece que se prohíben total o parcialmente las ayudas públicas a operadores que hayan estado implicados en este tipo de actividades.

“La Comisión informó a la Xunta y ésta paró la subvención en vista de la investigación y para esperar a ver si las alegaciones eran justificadas. Es un tema complejo, porque se le puede negar o no la subvención, dependiendo de los plazos”, asegura un portavoz desde Bruselas. Cuando la Xunta autorizó esos 3,9 millones a Biomega, el reglamento no había entrado en vigor. “La Xunta vio el dossier de la UE y pidió un informe jurídico sobre si, a la luz de esos datos, podía denegar la ayuda”, señalan fuentes comunitarias. Pero la Administración autonómica todavía no lo tiene claro.

“El informe jurídico es muy garantista, siempre minimizando la posibilidad de litigiosidad. Se trata de saber qué margen de maniobra tiene la Xunta para denegar la ayuda”. Si se cancela el proyecto, la Consellería do Mar se arriesga a que los beneficiarios pongan una demanda por prevaricación que podrían ganar. “Nuestra posición es clara en contra de la pesca ilegal, y la recomendación a la Xunta es que su posición sea en defensa de la pesca legal”, añade el mismo portavoz de la Comisión, muy preocupada por las implicaciones de este caso. Pero la posición de la Xunta es muy difícil: “Aunque nos consta que la consellería tiene la mayor voluntad de cumplir, si al final no cuenta con una base jurídica sólida lo lógico es optar por la prudencia”, añaden esas fuentes.

Una norma europea ya prohibe ayudas para acusados de pesca ilegal

La consellería que dirige Rosa Quintana guarda silencio. “Estamos estudiándolo, la decisión no está tomada”, argumenta un portavoz. Pero el barrizal en el que se ha metido no es nuevo. La diputada del PSdeG Carmen Gallego denunció ante el Parlamento la generosidad con que Mar ha tratado a Vidal Pego, que en 2003 fue perseguido internacionalmente por pesca ilegal a través de su armadora Viarsa. Pero no fue obstáculo para que el Ministerio de Medio Ambiente, bajo la dirección de Elena Espinosa, otorgase otros 2,9 millones entre 2004 y 2005 a Vidal Armadores, SA, la empresa matriz. Fue entonces cuando el comisario de Pesca, Joe Borg, expresó por primera vez su preocupación ante el Gobierno español.

El armador obtuvo también 2,9 millones del Gobierno de Zapatero

En la empresa de Vidal rechazan cualquier ilegalidad alegando que fue absuelto de todas las causas y que solo cumplió una pena por obstrucción a la justicia en Estados Unidos en una importación ilegal de merluza negra. Aseguran que la prensa se ha cebado con Vidal Pego sin motivo. La estrategia del grupo se ha reorientado hacia los complementos alimenticios y el sector eólico (se presentó al último concurso gallego sin éxito).