Euskadi define el futuro de su pasado

Las iniciativas en materia de memoria que consensúan los grupos parlamentarios deben alumbrar la respuesta a una pregunta muy extendida: cómo se contará el pasado de Euskadi. Sobre qué principios y valores, con qué políticas públicas y a través de qué instrumentos.

Dos de estos instrumentos, los principales, están en estudio avanzado y serán determinantes: el Instituto de la Memoria y la Convivencia (IMC), en denominación del lehendakari en su última comparecencia parlamentaria, por un lado, y el Memorial de las Víctimas del Terrorismo (MVT), en hallazgo terminológico más solemne que el de Centro por la Memoria que la Ley de Víctimas de 2011 determinó crear y ubicar en Euskadi.

El primero, un organismo público con participación del Gobierno, el Parlamento, Eudel, Diputaciones y una representación del movimiento asociativo, será realidad en tres meses, comprometió López. El segundo quedará definido casi a la vez, en julio como máximo, según comprometieron en un protocolo el Ministro de Interior, Jorge Fernández, y el consejero Rodolfo Ares. Pero tardará más en ponerse en marcha y no está claro quién lo desarrollará. La edificación o acondicionamiento de su sede, y el montaje de la gran exposición permanente sobre la que previsiblemente pivotará, llevarán su tiempo.

El departamento de Interior tiene desde finales del año pasado el proyecto realizado por el equipo que eligió —Galo Bilbao, Daniel Innerarity, Iratxe Momoitio, José Antonio Pérez y José Ramón Recalde— y que coordinó el especialista catalán Ricard Vinyes. En la última fase estuvo representado el Consejo vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo. El estudio, titulado justamente Cómo será el pasado, se centró sobre todo en proyectar el Instituto de la Memoria —IdME— para el que prevé “una identidad indiscutible en el contexto internacional”, al no existir aún ninguna institución sobre el terrorismo político.

El estudio otorga “prioridad absoluta” a las víctimas de ETA y a su Memorial

El resultado final no coincidirá con lo que el informe aconseja, anuncian medios del Gobierno, tanto por razones de y consenso político, como de dimensión y presupuesto, pero su coordinador, Ricard Vinyes, considera ya un éxito que existan la inquietud, intención y voluntad que revela el encargo. “Haber creado el equipo para un proyecto así y que haya una propuesta inicia ya un relato. El mero hecho de que haya consenso sobre la necesidad de memoria es un disparo a la línea de flotación de quienes no la quieren, los que dicen que la única que se puede compartir es el dolor” señaló a EL PAÍS, en referencia a la posición de los terroristas y sus acompañantes políticos. La opción de las fuerzas políticas vascas es la acertada: justo la contraria del error que Vinyes considera el olvido por el que se optó sobre la represión de la dictadura franquista. Coincide Jesús Loza, que es ya el Comisionado para la Convivencia. “Tenemos esa experiencia y es un error que no podemos repetir con el terrorismo ahora”, señaló el jueves en el curso de una entrevista. “Vamos a ser los primeros en definir las políticas de memoria incluso antes de la desaparición del fenómeno violento”, destacó.

El Instituto propuesto al Gobierno abarcaría los tres violentos del siglo XX: la guerra civil, la dictadura, y, prolongándose hasta la actualidad, el terrorismo. Dado que este es el único fenómeno violento aún vivo, prioriza analizar “cómo funcionó su maquinaria del terror, quiénes fueron los perpetradores de la violencia, con qué respaldos sociales contaron, que discursos alentaron o disculparon sus prácticas y qué respuestas recibieron estas de las instituciones democráticas y los gobiernos que las dirigían”. Más aún, habrá que ver también “el papel que esa violencia desempeñó y desempeña en la configuración política e identitaria del País Vasco actual”.

El estudio no es vinculante y en el Ejecutivo se perciben posturas de identificación con él y otras de distancia, aún con respeto a su rigor. Fuentes oficiales señalan que ha sido “sobrepasado” por avances en el acuerdo político y otros medios conocedores del texto apuntan que no coincide “en su orientación general” con la política que quiere defender el Gobierno. Por ejemplo, porque “mezcla cosas que no queremos mezclar”. Sin querer entrar en más precisiones, añadieron que Interior maneja también otras experiencias e informes.

Pese al hermetismo, se puede pensar que el Gobierno tema por algunas afirmaciones que fuera de contexto podrían levantar polémica. O a las referencias unidas a dictadura y terrorismo. O a que se abogue no por “un relato común” sino por “una polifonía de relatos”. Aunque se reserve la admisión solo a los que tengan “intención de verdad y de justicia”, lo que excluye trampas de los victimarios, es resbaladizo y difícil de explicar.

Tampoco parece tener aceptación la atribución al Instituto de la Memoria de la misión de promover el Memorial de las Víctimas, para el que los gobiernos central y vasco tienen ya su proceso previsto.

Sin tampoco querer precisar, para el consejero Ares el reto está en cuidar, sobre todo, “un camino, el del consenso en los avances para definir políticas e instrumentos”. Curiosamente, esa misma recomendación realiza el informe: subraya “enfáticamente” la importancia de que la memoria “esté arraigada en el consenso de las diferentes tradiciones políticas”. También aconseja que sea “incluyente”. “Es el camino más recto”, afirma, para que la sociedad la asuma “con naturalidad y sin crispación”. Y advierte que siempre quedará “alejada de la visión” y las “teorías inaceptables” con las que “los terroristas y sus cómplices pretenden justificar los crímenes más execrables”.

De lo que se trata, sostiene el informe, es de “honrar a aquella parte de la población que, de distintas formas, y tanto contra el franquismo como contra ETA, constituyó la resistencia democrática”; también de convertir “en patrimonio colectivo” la memoria “dispersa o dislocada” de esos esfuerzos.