El Gobierno avanza contra la subasta

A la vez que los dirigentes del PP, con la ministra de Sanidad, Ana Mato, a la cabeza, advierten de la necesidad de “buscar mecanismos” para garantizar la sostenibilidad del servicio público de salud, el Gobierno central sigue decidido a recurrir ante el Tribunal Constitucional la subasta de fármacos andaluza, con la que la Junta prevé ahorrar hasta 200 millones de euros al año. El Consejo de Estado ha emitido dos dictámenes en los que respalda que se recurra tanto el decreto ley andaluz que regula el concurso público como la resolución por la que la Junta convocó el procedimiento. El máximo órgano consultivo del Gobierno central considera que la iniciativa andaluza invade competencias estatales en materia de fijación de precios y rompe la equidad de acceso a los medicamentos.

El Gobierno, con todo, aún no ha presentado el recurso. El plazo inicial de tres meses acababa hoy, pero el Ejecutivo ha conseguido una prórroga de seis meses al activar el procedimiento negociador recogido en la ley orgánica del Tribunal Constitucional para resolver discrepancias entre Administraciones. El Ministerio de Administración Pública y la Consejería de Presidencia constituyeron la semana pasada la comisión bilateral Junta de Andalucía-Estado y han suscrito un acuerdo por el que se comprometen a iniciar negociaciones y designar un grupo de trabajo para buscar soluciones. El registro de este acuerdo en el Constitucional otorga al Gobierno los seis meses extra de plazo para decidir si recurre la norma andaluza.

Con los dictámenes del Consejo de Estado, lo lógico es que recurra, pero se puede encontrar con un conflicto por comparación: el órgano consultivo dictaminó también en contra del catálogo de medicamentos de la Xunta de Galicia, presidida por Alberto Núñez Feijóo (PP), que fija la marca concreta de fármacos que pueden recetar los médicos, aunque haya otros con los mismos componentes y de igual precio. El Gobierno central (entonces en manos del PSOE) lo recurrió ante el Constitucional, pero Feijóo acaba de anunciar que el Gobierno de Rajoy va a quitar el recurso. De ser así, el Ejecutivo tendría muy difícil justificar su oposición a la subasta, que no altera el precio de los fármacos (contempla bonificaciones de los laboratorios) ni restringe la potestad del médico para prescribir una marca.

El PSOE levó ayer la iniciativa andaluza al Congreso de los Diputados para pedir que se extendiera a todo el Estado. Con esta medida, según los cálculos del grupo socialista, se podrían ahorrar 1.500 millones de euros al año. La moción fue defendida por el ex secretario general de sanidad y diputado por Granada José Martínez Olmos, que la presentó como ejemplo de una “alternativa de control de gasto y de generación de ahorros que puede evitar recortes y copagos”. El PP rechazó la propuesta.