El Ayuntamiento de Creixell pide a la Sindicatura de Cuentas que lo intervenga

El Ayuntamiento de Creixell (Tarragonès) tiene una deuda de 8,1 millones de euros y en la localidad apenas viven 3.000 habitantes. La crisis se ha hecho tan insostenible que durante la noche del lunes el pleno del Consistorio decidió pedir a la Sindicatura de Cuentas que intervenga las finanzas municipales. El motivo principal de esta decisión sin precedentes es que la deuda del Ayuntamiento duplica el presupuesto municipal, según aseguró el alcalde de Creixell, Jordi Llopart (CiU). De hecho, este último mes 16 personas han perdido su puesto de trabajo en el Consistorio y no se descartan nuevos recortes.

Votaron a favor de la moción todos los grupos políticos del Consistorio. La deuda viene acumulada, principalmente, por facturas impagadas durante los mandatos anteriores. Creixell funcionaba con un presupuesto prorrogado desde 2006 y se preveían ingresos anuales de seis millones de euros, cuando en la práctica solo conseguían cuatro. En ocasiones dejaron de pagar la Seguridad Social, a Hacienda, también el servicio de recogida de basuras y cuotas de urbanización pagadas por los titulares de las fincas después no eran ingresadas a las constructoras.

El texto especifica “pedir ayuda a la Sindicatura de Cuentas para aclarar la contabilidad real” del Ayuntamiento de Creixell e insta a los grupos políticos del Parlament a solicitar que el organismo intervenga las arcas municipales. Además, la moción va más allá y pide que la Sindicatura “evalúe” y se “depuren” las responsabilidades de los anteriores dirigentes del municipio. Llopart culpa de la crisis al exalcalde Teodor Fuster (PP), ahora edil en la oposición.

La crisis de Creixell se ha desatado en la última semana. En este mandato gobernaban unidos CiU, PSC, ERC e ICV. Sin embargo, el único edil ecosocialista, Juan Miguel Teruel, dimitió el 9 de marzo por discrepancias con sus socios de gobierno. Entre otros aspectos, ICV criticó que el Consistorio no haya acudido aún a la fiscalía para que investigue la gestión del PP y que no haya encargado ninguna auditoria del mandato anterior. En el pleno del lunes el alcalde finalmente capituló y, según afirmó, denunciarán “ante la fiscalía” la gestión de los anteriores dirigentes de Creixell.

Los escándalos llevan más de una década acumulándose en el municipio: en 1999 la entonces alcaldesa, Rosa María Bertrán (CiU), y otros cinco concejales del equipo de gobierno fueron investigados por un delito de prevaricación en el marco de un litigio que acumuló hasta 20 presuntas irregularidades urbanísticas y administrativas. Entonces, un concejal del PSC, Sofío Alcaide, llegó a encerrarse durante 10 días en las dependencias municipales para reclamar que se le entregara la documentación de las presuntas anomalías. La arquitecta técnica de Creixell declaró ante la fiscalía de Tarragona haber sufrido amenazas y coacciones de Bertrán para que aprobara determinados expedientes urbanísticos. Incluso, en un pleno en 1996, con la llamativa abstención de la entonces alcaldesa, se decidió la anulación del pago del recargo del IBI del padre de esta.

La Guardia Civil, además, acusó de evasión de hasta 160 millones de pesetas hacia Andorra a Bertrán, a su padre y al entonces alcalde de Roda de Barà, el también convergente Rafael Ciuró. Finalmente, el juzgado de instrucción número 3 de El Vendrell (Baix Penedès) archivó la denuncia por “no quedar justificada la perpetración del delito”. Los acusados dijeron ser víctimas de un “montaje” y recibieron el apoyo incondicional del entonces presidente intercomarcal de CDC, Josep Poblet, actual alcalde de Vila-seca (Tarragonès) y presidente de la Diputación de Tarragona.

El Tribunal de Cuentas ya investigó las arcas municipales de Creixell de los ejercicios de 2000 a 2003. En 2009 la fiscalía de Tarragona pidió nueve años de inhabilitación para el exconcejal de Urbanismo de la población Juan José Conesa, antes del PP y después independiente, por supuestas irregularidades en la compraventa de unos terrenos de su propiedad.