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El PP quiere investigar Emarsa sin llamar a los responsables del saqueo

Solo Morenilla, exgerente de la Epsar, figura en una propuesta de siete nombres

El juez embarga viviendas a dos de los imputados

El juzgado cita a Crespo para decidir si lo deja en situación de libertad provisional

Enrique Crespo, el día que dimitió como alcalde por el 'caso Emarsa'.
Enrique Crespo, el día que dimitió como alcalde por el 'caso Emarsa'.

El objetivo es blindar a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuya cercanía política al escándalo la ha puesto en pie de guerra contra la decisión del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de crear una comisión sobre el asunto. Los populares presentaron este lunes su propuesta de solicitudes de declaración ante la comisión parlamentaria de investigación del caso Emarsa. La diputada del PP Alicia de Miguel consideró que serán comparecencias “fundamentales”, pero en la relación que su grupo presentó en las Cortes no figura ninguno de los responsables de la gestión de la empresa pública que operaba la depuradora de Pinedo, en la que supuestamente se saquearon más de 25 millones de euros.

Ni el que fue presidente, Enrique Crespo, ni el exgerente, Esteban Cuesta, ni el director financiero, Enrique Arnal, están en la lista del PP, que incluye al alcalde de Albal, que fuera vicepresidente de Emarsa, el socialista Ramón Marí, de quien partió la denuncia que ha llevado a destapar el escándalo, y a los consejeros por el PP, Manuel Corredera, y por Esquerra Unida, Joan Antoni Pérez. En la petición de comparecencias del PP no figura ninguno de los 29 imputados por el juez Vicente Ríos, que investiga el caso. Los imputados pueden eventualmente alegar que su condición no les permite declarar antes las Cortes, pero no invalida que sean llamados por la Cámara.

Entre los siete comparecientes que propone el PP sí que figura el que fuera gerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, a quien la fiscalía ha propuesto imputar tras una denuncia de los socialistas que salpica al organismo, dependiente de la Generalitat. Si Morenilla es imputado, con toda probabilidad tampoco comparecerá. Completan la breve lista de declaraciones que propone el PP Enrique Albors, un técnico de la Epsar, y José Antonio Martínez y Francisco Pastor, del Ente Metropolitano de Servicios Hidráulicos (Emshi), organismo del que dependía Emarsa.

La oposición, en cambio, presentó una lista conjunta que incluye, no solo a los directivos de Emarsa, sino a responsables políticos como la propia Barberá, el exconsejero de Medio Ambiente Juan Cotino, los concejales de Valencia Silvestre Senent y Juan Vicente Jurado, que presidieron Emarsa, y varios de los imputados en el caso. “La gran mentira de la comisión de Emarsa en las Cortes demuestra cómo Fabra es igual que Camps amparando la corrupción”, declaró la diputada socialista Carmen Martínez, cuyo grupo ejerce de acusación popular en el caso.

Otros dos constructores elevan a 29 la lista de imputados por el saqueo

“Estamos ante un escándalo sin precedentes”, declaró la socialista Carmen Martínez. “La propuesta que contempla solo a siete personas es vejatoria para la institución que representamos y una auténtica tomadura de pelo para todos los vecinos y vecinas de Valencia”. La diputada recordó que se ha aumentado el recibo del agua “para pagar comisiones millonarias, chalés, regalos de lujo, viajes por todo el mundo, reformas de viviendas y comidas en restaurantes de dirigentes del PP”. Este lunes terminó el plazo para proponer las comparecencias y el miécoles las votará la comisión de investigación.

El juez que investiga el caso Emarsa, Vicente Ríos, siguió por su parte avanzando en la instrucción. Ríos ordenó el embargo de las viviendas de dos imputados para cubrir sus fianzas, que sumaban 400.000 euros. El magistrado les impuso el 30 de enero las fianzas para cubrir la responsabilidad civil que pueda derivarse de su participación en el fraude, y ante la falta de respuesta ha procedido a embargar sus bienes. El instructor cree que los empresarios imputados cobraron de Emarsa por servicios falsos o con precios muy hinchados con la connivencia de quienes dirigían la depuradora metropolitana.

El primer embargado es Juan Carlos Gimeno, exconcejal del PP en los Ayuntamientos de Valencia y Paterna y exportavoz popular en la Diputación de Valencia, que fue directivo de Emarsa hasta 2004 y facturó, entre ese año y 2010, 739.190 euros a la sociedad pública a través de cinco empresas. El juez le había impuesto una fianza de 300.000 euros y ayer ordenó el embargo de un dúplex.

La otra embargada es Eva María Marsal, administradora del Grupo Mas y pareja de uno de los principales implicados en la causa, el exedil de Unión Valenciana en Moncada y exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal. Marsal facturó a Emarsa 117.926 euros y está, además, involucrada en otra operación relacionada con la supuesta venta de entradas del premio de Fórmula 1 y del Open 500 de Tenis, que supuso un desembolso de 60.548 euros para la sociedad pública. Ríos le impuso una fianza de 100.000 euros que queda cubierta ahora con el embargo de una vivienda.

El juez citó también para mañana al principal imputado hasta ahora en la causa, Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP. El objeto de la vista es decidir si lo deja en situación de libertad provisional, como ha reclamado la acusación popular representada por el PSPV-PSOE, lo que implicaría que le fuera retirado el pasaporte y se le impusiera la obligación de comparecer semanalmente. Los socialistas solicitaron la medida al considerar que existía riesgo de fuga.

El instructor decidió, finalmente, la imputación de otras dos personas, lo que eleva el número a 29. Son Oleksandr y Nina Kurales, administradores de Acra y Orba respectivamente, dos constructores que facturaron a Emarsa 129.000 euros en 2006. El juez sospecha que están vinculados a otro imputado, Daniel Calzada.

 

La fiscalía pide imputar a dos cargos de la Generalitat

I. Z.

La fiscal del caso Emarsa ha solicitado la imputación de dos directivos de Epsar, la empresa pública de la Generalitat de la que dependen las depuradoras valencianas. Se trata del exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, que dejó el puesto en verano para entrar a trabajar en Facsa, una de las firmas implicadas en la causa de financiación ilegal del PP valenciano del caso Gürtel. Y del que sigue siendo director de explotación de Epsar, Ignacio Bernácer.

Dos imputados han declarado ante el juez que Morenilla y Bernácer se repartían cada mes 180.000 euros del saqueo de la depuradora de Valencia. El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, afirmó por su parte que entregó 30.000 euros en efectivo a Morenilla que le habían sido entregados previamente por Jorge Ignacio Roca, empresario de lodos que defraudó presuntamente a Emarsa por un importe superior a los 12 millones de euros y se encuentra fugado de la justicia. El juez también ha pedido a la fiscal jefe de la Audiencia de Valencia que le remita la investigación abierta por supuestas irregularidades en la empresa de la mujer de Morenilla, por si fuera oportuno unirlas al caso Emarsa. Las pesquisas se iniciaron con una denuncia del PSPV-PSOE.

Morenilla y Bernácer han negado los hechos en los medios de comunicación y han solicitado al juez permiso para querellarse por calumnias contra los dos imputados que declararon que se repartían mensualmente los 180.000 euros: Enrique Arnal y Sebastián García Martínez.

La fiscal y las acusaciones se han opuesto a que se les permita querellarse. Lo más llamativo es que entre quienes se oponen se encuentra el abogado de la Generalitat, la administración para la que sigue trabajando Bernácer como directivo.

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