El juez del 'caso Emarsa' embarga viviendas a dos de los imputados
El instructor cita a Crespo para decidir si le retira el pasaporte El magistrado imputa a dos personas más por el saqueo de la depuradora de Pinedo
El juez Vicente Ríos, que investiga el caso Emarsa, el fraude en la sociedad pública que gestionaba la depuradora de Valencia, que puede alcanzar al menos 25 millones de euros, ha iniciado el embargo de los bienes de los imputados. El instructor ha decretado el embargo de un piso, valorado en 300.000 euros del exconcejal del PP en los ayuntamientos de Valencia y Paterna y exportavoz del mismo partido en la Diputación de Valencia, Juan Carlos Gimeno. También ha dictado el embargo de una vivienda de Eva María Marsal, valorada en 100.000 euros. Marsal es la administradora de Grupo Mas, una de las empresas investigadas por el pillaje y es, además, pareja de uno de los principales imputados en la causa, el exdirector financiero y exedil de Unión Valenciana en Moncada, Enrique Arnal.
El juez ha acordado igualmente citar para este miércoles a Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, con el objeto de decidir si le aplica las medidas cautelares solicitadas por la acusación popular que representa el PSPV-PSOE. La acusación había solicitado que el juez dejara a Crespo en situación de libertad provisional, lo que implicaría la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado semanalmente. El juez ya le impuso a Crespo una fianza solidaria de 25 millones de euros, que está por resolver después de que el expolítico recurriera. Las dos viviendas embargadas hoy por el juez forman parte de esa misma fianza global contra los imputadas fijada por el instructor.
El instructor ha decidido, por último, imputar a otras dos personas en el caso. Se trata de los administradores de las constructoras Acra y Orba, Oleksander Kurales y Nina Kurales respectivamente. Acra facturó 60.280 euros a Emarsa en 2006 y Orba, 68.930 euros el mismo año. El juez sospecha de que la facturación fue por servicios ficticios, como ocurrió en esa misma época con otras cuatro empresas de la construcción que también trabajaban teóricamente en las instalaciones de Emarsa. Acra y Orba iniciaron su relación comercial con la sociedad metropolitana sin que mediara expediente de contratación y sin que conste ni siquiera la existencia de un contrato.
El instructor cree, además, que ambas sociedades están relacionadas con Daniel Calzada, otro empresario imputado. Los únicos clientes distintos de Emarsa que tanto Acra como Orba tuvieron en el año 2006 fueron precisamente las empresas de Daniel Calzada: Rehabilita Aqua y Llar Calzada. Las cuatro identificaban a Emarsa con el mismo número de cliente. La sociedad pública abonaba los pagos el mismo día a las cuatro firmas. Y todas ellas emitieron a Emarsa "presupuestos, mediciones y certificaciones" que adjuntaban a las facturas "formalmente idénticos". Las cuatro recogían también un descuento del 3% en concepto de pronto pago.
La fiscalía pide imputar a dos cargos de la Generalitat
La fiscal del caso Emarsa ha solicitado la imputación de dos directivos de Epsar, la empresa pública de la Generalitat de la que dependen las depuradoras valencianas. Se trata del exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, que dejó el puesto en verano para entrar a trabajar en Facsa, una de las firmas implicadas en la causa de financiación ilegal del PP valenciano del caso Gürtel. Y del que sigue siendo director de explotación de Epsar, Ignacio Bernácer.
Dos imputados han declarado ante el juez que Morenilla y Bernácer se repartían cada mes 180.000 euros del saqueo de la depuradora de Valencia. El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, afirmó por su parte que entregó 30.000 euros en efectivo a Morenilla que le habían sido entregados previamente por Jorge Ignacio Roca, empresario de lodos que defraudó presuntamente a Emarsa por un importe superior a los 12 millones de euros y se encuentra fugado de la justicia. El juez también ha pedido a la fiscal jefe de la Audiencia de Valencia que le remita la investigación abierta por supuestas irregularidades en la empresa de la mujer de Morenilla, por si fuera oportuno unirlas al caso Emarsa. Las pesquisas se iniciaron con una denuncia del PSPV-PSOE.
Morenilla y Bernácer han negado los hechos en los medios de comunicación y han solicitado al juez permiso para querellarse por calumnias contra los dos imputados que declararon que se repartían mensualmente los 180.000 euros: Enrique Arnal y Sebastián García Martínez.
La fiscal y las acusaciones se han opuesto a que se les permita querellarse. Lo más llamativo es que entre quienes se oponen se encuentra el abogado de la Generalitat, la administración para la que sigue trabajando Bernácer como directivo.
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