El albacea sostiene que Gamarra puso a su nombre una herencia

La supuesta imposibilidad de ingresar en España los 800.000 euros que una viuda guipuzcoana había legado a Anesvad mediante una cuenta en Suiza quedó ayer en entredicho tras la declaración del albacea en el juicio que se sigue en la Audiencia de Bizkaia. El testigo aclaró ante el tribunal que “en absoluto había ningún problema para haber traído esa herencia”, según justificó en su día el expresidente de la ONG José Luis Gamarra.

En la quinta sesión del juicio por la supuesta apropiación de fondos de la entidad, el albacea aclaró que la viuda repartió en 2006 su herencia entre varias organizaciones “muy relacionadas con la Iglesia católica”. En 2004, la familia repartió el patrimonio que tenía en España y dos años más tarde apareció una importante cantidad de dinero en una cuenta en Suiza, fondos que durante años había reservado en ese país “por miedo a tener que salir de España por amenazas etarras”, según el testigo.

Solo el presidente de Anesvad pidió al albacea que la donación fuera ingresada “en una cuenta de un banco suizo a su nombre”, con el objetivo de que quedara “exenta de impuestos”. El testigo explicó que confió en Gamarra cuando le dijo que iba a “facilitar” la entrega de esos fondos a proyectos de la ONG, pero las acusaciones sostienen que en ningún caso pasaron a Anesvad, sino que su presidente los “derivó a su patrimonio”. La Fiscalía solicita seis años de prisión para el principal acusado, al igual que para dos de sus exdirectores: José Miguel Sustacha y Francisco Martínez.

También declaró ayer el excanciller de la Embajada de España en Costa de Marfil entre 2000 y 2004, cuando Anesvad desarrolló un proyecto de lucha contra la úlcera de buruli en ese país africano. Según testificó, la entidad “no invirtió” allí todos los millones que recaudó en ese fin, ya que solo contaba con “un pequeño bloque quirúrgico” en el que una vez a la semana atendían médicos de otra ONG

Un miembro del departamento de Proyectos de Anesvad, por su parte, incidió en la “gran diferencia” que existía “entre lo recaudado” anualmente y lo que en realidad se invertía en proyectos. El tribunal escuchó, asimismo, a una joven que trabajó como secretaria de Gamarra en la ONG y que relató cómo el también cónsul honorario de Filipinas remitía a la Embajada de ese país en España “un listado de gastos que no era real”.