La justicia avala el modelo de inmersión lingüística en Cataluña

La inmersión lingüística está a salvo. El modelo educativo catalán que han defendido todos los presidentes de la Generalitat desde Jordi Pujol y la mayor parte de la ciudadanía ha recibido el respaldo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). El Gobierno catalán, sin embargo, deberá otorgar una atención individualizada a las tres familias que reclamaron la escolarización de los hijos en castellano en base a la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en diciembre de 2010.

El alto tribunal obligó al ejecutivo a adoptar “cuantas medidas sean precisas” para que el castellano también sea lengua vehicular en la escuela, aunque matiza que compete a la Generalitat fijar la proporción de ambas lenguas y la forma de aplicarlo en las aulas. En el caso de las tres familias, “no ha quedado acreditado” que la Generalitat “haya ejecutado debidamente el fallo”, según el auto del pleno, presidido por el magistrado Emilio Berlanga. El auto se limita a los tres casos planteados, pero abre la puerta para que, a partir de ahora, las familias que lo reclamen puedan acogerse a su derecho de recibir una atención personalizada y escolarizar a sus hijos en castellano, tal como precisa el Supremo.

Tras siete horas de debate en dos sesiones, el pleno aprobó este jueves por mayoría —22 votos sobre 23— estimar, parcialmente, el recurso de la Generalitat contra un auto de la Sección Quinta del mismo TSJC. En aquel auto, de julio de 2011, los magistrados daban la razón a las tres familias que impulsaron la demanda y otorgaban un plazo de dos meses al Departamento de Educación para “adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada” por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que otorgaba al castellano, lo mismo que al catalán, el estatus de “lengua vehicular de la enseñanza”.

A partir de ahora, la Generalitat deberá responder de forma obligatoria a las familias que reclamen educar a sus hijos en castellano

Ese auto fue el que encendió todas las alarmas y levantó una enorme polvareda política, ya que daba a entender que el modelo de inmersión en su conjunto estaba en tela de juicio. Tras una serie de sucesos procesales que culminaron con la suspensión temporal del auto, el TSJC acordó ayer dejar el polémico auto sin efecto “en cuanto se refiere al entero sistema de enseñanza en Cataluña”, aunque no en relación con las medidas sobre “la enseñanza que se imparte a los hijos del recurrente”, en alusión a las familias afectadas.

En consecuencia, al dejar sin efecto la resolución, el TSJC mantiene el modelo educativo vigente en Cataluña, circunscribe el asunto a las familias demandantes y remite la resolución de este tipo de conflictos a lo que ya ha dicho el Tribunal Supremo. Ahora bien, ¿cómo debe interpretarse la sentencia del alto tribunal, que es poco clara en cuanto al alcance y la profundidad de las medidas que garanticen la presencia del castellano como lengua vehicular?

El pleno del TSJC no ha entrado a valorar esa cuestión y considera que “no se puede hacer un pronunciamiento general” sobre el uso del castellano a raíz de “una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del Supremo”. “Tan solo el propio Tribunal Supremo hubiera podido en su momento, vía aclaración de la sentencia, haber precisado el contenido de aquella frase”. La sentencia admitía que el catalán “pueda tener un trato diferenciado”, siempre y cuando el castellano “no quede reducido al objeto de estudio de una asignatura más”.

Los demandantes han anunciado
que presentarán un recurso de casación ante el Supermo

La sentencia de diciembre de 2010 —alfa y omega del embrollo judicial a propósito del modelo educativo catalán— se ampara en “la nueva situación creada” por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto. El Supremo admite que la puesta en práctica corresponde al Gobierno catalán. Si este considera que el objetivo de normalización lingüística está conseguido, “ambas lenguas cooficiales deberían ser vehiculares en la misma proporción”. Pero si no lo cree así y cree que existe aún “un déficit en detrimento de la lengua propia de Cataluña” —como defiende la Generalitat— “se deberá otorgar al catalán un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable que, sin embargo, no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular”.

Convivencia Cívica Catalana, la entidad que respalda las demandas de las familias, ya ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Su abogado, Ángel Escolano, considera que, a partir de ahora, los padres que demanden a la administración podrán exigir que se cumpla la sentencia.

La magistrada Núria Clèries emitió un voto particular en el que considera que la Generalitat ya ha ejecutado la sentencia del Supremo y ha demostrado, además, que el catalán “está en situación de desventaja”.