El Gallinero, definitivamente fuera del plan para la Cañada Real

El poblado chabolista de El Gallinero es “la zona más degradada en la zona más degradada de Madrid”. Por ello, la alcaldesa de la capital, Ana Botella (PP), adelantó el 28 de febrero en una entrevista a la cadena SER: “Propondré a la Comunidad que contemplemos la posible solución de El Gallinero en el conjunto de la Cañada Real aunque no esté incluido como Cañada Real”. No tuvo que esperar sino unas horas para conocer la respuesta del consejero de Familia y Asuntos Sociales, Salvador Victoria (PP), al cargo de este asunto en el Gobierno regional: “El Gallinero no pertenece al tramo desafectado de la Cañada Real Galiana, por lo tanto, no se puede integrar en el plan de actuación consensuado que se pretende lograr con vecinos, ayuntamientos y delegación del Gobierno”.

Esta mañana, Victoria se lo ha explicado en persona a la concejal de Urbanismo de la capital, Paz González, con la que ha mantenido una reunión de hora y media sobre la Cañada Real. El Gallinero, ubicado a apenas un kilómetro de la antigua vía pecuaria y donde 700 personas sobreviven en condiciones penosísimas, es problema del Ayuntamiento, que deberá tratarlo como cualquier otro asentamiento ilegal en su término municipal. La Comunidad no se implicará de una forma especial en este asunto. Eso sí, tanto González como Victoria han añadido, en lo que sólo puede interpretarse por ahora como una declaración de buenas intenciones, que tratarán de acompasar las soluciones a ambos problemas.

La Cañada Real Galiana es una antigua vía pecuaria que durante un tramo de 14,4 kilómetros en la Comunidad de Madrid está cuajada de viviendas y chabolas en situación irregular. Discurre por Coslada (Partido Popular), Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida) y, en su mayor parte (casi 13 kilómetros, con una anchura de entre 40 y 80 metros), por los distritos madrileños de Vicálvaro y Villa de Vallecas. La mitad (seis kilómetros y medio) corresponden a la capital.

El Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre aprobó una ley en marzo de 2011, con el rechazo de la oposición y de los tres Ayuntamientos afectados, en virtud de la cual, si en un plazo de dos años no se alcanzara un acuerdo social entre municipios, delegación del Gobierno (Partido Popular) y Comunidad, esta última podrá disponer libremente del suelo. El primer paso en este proceso conjunto de las tres Administraciones fue la encomienda por parte de la Comunidad a los Ayuntamientos de la elaboración de un censo de viviendas y habitantes en sus correspondientes tramos.

En toda la franja hay levantadas de forma irregular 2.870 viviendas o locales comerciales, en los que viven 10.564 personas, según los cálculos de la Comunidad hechos públicos hace dos semanas: 1.956 construcciones y 7.104 habitantes son parte de Madrid; 517 y 1.924, de Coslada; y 397 y 1.536, de Rivas. Sin embargo, estas estimaciones tienen un carácter provisional, puesto que la cifra definitiva se desprenderá de los citados censos encargados a los municipios.

El de Madrid, el primero en estar listo, estima que en el tramo que discurre por su término viven 5.666 personas, de las que el 79% están empadronadas y el 96% cuentan con tarjeta sanitaria. El 64% son españolas, el 27% magrebíes y el 5% rumanas. El Ayuntamiento ha contado 1.004 parcelas, de las que el 90% están edificadas y el 73% tienen carácter residencial. Hay 1.303 casas bajas, 124 chalés, 107 chabolas y 18 remolques. Además, 118 locales con actividad económica que emplean a 549 personas.

Coslada y Rivas no han proporcionado a la Comunidad aún sus censos, aunque, según ha indicado hoy el consejero regional, en el caso de la primera localidad será muy parecido a las estimaciones realizadas por el Gobierno regional. Salvador Victoria se reunió el 22 de febrero con asociaciones de vecinos de la Cañada, y solicitó entonces a los ayuntamientos que, “como señal de buena voluntad”, “no derriben ninguna vivienda del área salvo que se traten de chabolas y otras infraviviendas o tengan que ver con la venta de droga y fines criminales y por tanto afecten a la seguridad ciudadana”. El Gobierno de la capital puntualizó que sólo autoriza derribos, independientemente del tipo de vivienda del que se trate, cuando hay una orden judicial.

El 29 de febrero, el consejero regional se reunión con el alcalde de Coslada, Raúl López, con el que realizó una visita al tramo de la Cañada en ese término municipal. Hoy ha mantenido un encuentro con la concejal de Urbanismo madrileño (ha dicho, además, que ha hablado con Botella en varias ocasiones por teléfono). La semana que viene lo hará con el regidor de Rivas, el que más crítico se ha mostrado hasta el momento con la gestión de la Comunidad. Durante la visita del consejero regional al tramo de la Cañada en Coslada, de 1,4 kilómetros y cerca de 1.900 habitantes, según esas estimaciones iniciales, el alcalde del municipio adelantó que habrá zonas (singularmente, en la parte sur, que linda con la M-45) en la que haya que realizar expropiaciones para poder asimilar el conjunto a los criterios urbanísticos (por ejemplo, para construir calles al uso).

Esta mañana, la concejal del Ayuntamiento de Madrid ha recalcado que en su tramo habrá que realizar derribos porque “las infraviviendas tienen muchas dificultades para su legalización”. Se refirió en particular al conocido como Sector 6 de la Cañada, próximo al vertedero de Valdemingómez, cuyos habitantes serán realojados en otras zonas siempre y cuando entren dentro de los parámetros del acuerdo social aún sin cerrar entre las administraciones. Ese pacto, la madre del cordero de este proceso en su faceta social, será el que determine qué condiciones socioeconómicas deben cumplir los habitantes de la Cañada cuyas viviendas se derriben para tener derecho a ser realojados en viviendas sociales.

“Esperemos poder llegar al acuerdo social para resolver el problema de la Cañada Real, que hasta ahora no se había tratado con rigor y seriedad, para buscar la solución más adecuada para todas esas familias que viven en la ilegalidad o pseudoilegalidad pero siempre en la marginalidad”, ha explicado hoy la responsable municipal. Sobre el futuro de ese suelo, la concejal ha avanzado su deseo de que sirva para actividades productivas (es decir, ni residencial, porque la ley lo impide por la proximidad del vertedero, ni zonas verdes, como se ha especulado en alguna ocasión).

“Queremos llegar a un acuerdo lo antes posible, aplicaremos un ritmo de cierta celeridad, de forma que los encuentros políticos se combinen con reuniones más asiduas de equipos técnicos (sanidad, educación, etc.) y con el dialogo con los vecinos, para que podamos sentar en un breve plazo las bases del acuerdo final para regularizar la Cañada”, ha explicado por su parte el consejero regional. Respecto al Gallinero, donde ayer se produjeron nuevos derribos por iniciativa de los propietarios privados de los terrenos sobre los que se asienta, el consejero ha dicho: “La ley tiene un ámbito muy particular, y el Gallinero queda fuera del ámbito de la ley. Hemos hablado de trasladar la preocupación del Ayuntamiento y vamos a intensificar las actuaciones conjuntas a través de nuestros órganos y competencias”.

Sobre la “preocupación” del Ayuntamiento, las palabras de su concejal de Urbanismo han dejado bien claro que el deseo de Ana Botella (que durante cuatro años, entre 2003 y 2007, fue responsable de Asuntos Sociales del Ayuntamiento) de que ese asentamiento forme parte de la solución conjunta a la Cañada se ha quedado sólo en eso, un deseo. Haciendo suyo el discurso de la Comunidad, Paz González ha afirmado: “El Gallinero no es un ámbito vinculado por la ley de la Cañada Real, que afecta a la vía pecuaria y a los asentamientos en sus márgenes. El Gallinero está en la zona y formará parte de un trabajo intenso pero, a efectos de su inclusión con el mismo tratamiento, lo que nos hemos comprometido es a profundizar en el trabajo con ese asentamiento. No puede considerarse dentro de los términos que establece la ley”. El consejero regional ha apostillado a continuación: “Suscribo esas palabras al 100%”.