Las irregularidades en una empresa pública salpican la campaña andaluza

Unas grabaciones elevaron ayer la temperatura de la precampaña andaluza varios grados. En las cintas, Laura Gómiz, la exdirectora de la empresa pública de la Junta Invercaria, solicita modificar fechas y datos de informes sobre empresas. Son 160 minutos que incluyen frases tan sorprendentes como esta: “Si me comprometiera con la ética no estaría trabajando en esta organización [Invercaria]”. Las insólitas respuestas de Gómiz revelan una total falta de procedimiento de la sociedad pública, dedicada a la participación en fondos de capital riesgo y a facilitar a las empresas acceso al crédito bancario. El exdirectivo despedido Cristóbal Cantos ha llevado las conversaciones ante un juez de lo Social para lograr su reingreso laboral.

La Cámara de Cuentas andaluza ya había revelado en un informe llamativas anomalías en Invercaria: concesión discrecional de préstamos, incumplimiento de la normativa y pagos irregulares. El Gobierno andaluz defendió ayer que algunos tramos de la conversación están manipulados. Lo hizo después de que el PP aireara el escándalo al volcar el sonido de una de estas charlas en su página web para pisar el acelerador en la precampaña. Los populares consideran que es la prueba definitiva de la corrupción que atañe al Gobierno andaluz, mientras que este defendió que una de las conversaciones está manipulada.

Las grabaciones no contienen pago de comisiones o tratos de favor como en el escándalo de los ERE fraudulentos, pero pone en un serio aprieto al Ejecutivo de Griñán a solo 20 días de las elecciones por la crudeza de las frases de la directiva, que dimitió hace un mes al frente de Invercaria pero aún trabaja en ella, así como por la falta de control al conceder créditos por parte de una sociedad pública. El exdirectivo grabó a su superior con un dispositivo oculto en tres ocasiones durante el último año.

En esas grabaciones Gómiz afirma: “Todos los que están por encima de mí saben qué es lo que hay en Invercaria”. Partiendo de estas palabras de Gómiz, el PP concluyó ayer que “estamos ante un fraude generalizado en la Junta en relación con el otorgamiento de subvenciones”. Por su parte, Invercaria apuntó que esa frase figura en el audio tras un corte que identifica un informe pericial, por lo que está fuera de contexto. Antonio Sanz, secretario general del PP andaluz, reclamó “responsabilidades” al presidente Griñán. Este respondió que los populares están “envileciendo la campaña” con “cintas manipuladas”.

Gómiz, que hoy tiene previsto querellarse contra Cantos, abunda en la falta de procedimiento: “Aquí no hay unos procedimientos (...) Nadie me ha escrito esos criterios (...) Debería tener esos criterios internos establecidos ¿vale? (...) Unos procedimientos para que no me vengan... ‘a cualquiera se le ha dado sin unos análisis”, asegura.

Fuentes de la Consejería de Economía puntualizaron que Invercaria “siempre ha contado con procedimiento”, y que las cinco líneas de ayudas que mantenía estaban siendo unificadas en 2011 en el sistema informático Trew@. Esta fue la razón que motivó las discusiones entre el directivo y su superior.

Invercaria negó ayer la mayor. Su actual presidente, Francisco Álvaro, sostuvo que es “rotundamente falso” que se manipulasen o crearan informes sobre empresas beneficiadas por los créditos. “Es una prueba preconstituida para hacer daño a esta casa y daño político a través de esta casa”. Álvaro calificó de “montaje” las conversaciones y acusó al ejecutivo despedido de perseguir beneficios electorales para el PP, ya que es hijo del presidente de Asaja en Cádiz y asesor del candidato popular Javier Arenas.

Los tres archivos de audio forman parte de un proceso judicial abierto tras el despido de Cantos, que grabó a Gómiz en abril, mayo y junio de 2011. Este fue despedido por “pérdida de confianza” en junio y recurrió a la justicia. El pasado 13 de febrero remitió estas grabaciones al juzgado de lo Social que lleva su caso. Un día después, la consejera delegada de Invercaria dejó su cargo, por “motivos personales” y para preparar su defensa, según Álvaro.

Paralelamente, Invercaria encargó a la empresa Graudio Acústica un informe pericial de las grabaciones. En este informe, que Invercaria remitió al juzgado el 27 de febrero, se detectan hasta “13 eventos o circunstancias electromagnéticas que no son normales en el proceso de realización de una grabación” en uno de los tres audios aportados por Cantos. También se señala que las interrupciones detectadas “evidencian la posibilidad de haber sido alterado el material de audio con posterioridad al proceso de grabación”. Dos de los cortes en la grabación se producen justo cuando la expresidenta de Invercaria asegura que sus superiores están al corriente de lo que ocurre en esta empresa pública.