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Una privatización endiablada

La venta del 49% del Canal de Isabel II enfrenta a la Comunidad con alcaldes de todos los colores Los municipios deben elegir además entre sus convicciones y la necesidad de ingresos

Presa de El Atazar, durante un desembalse nocturno. Ampliar foto
Presa de El Atazar, durante un desembalse nocturno.

Un borrico que tira del arado, un satélite artificial, una hamburguesa con queso o un veraneo en Benidorm pueden ser tasados, son bienes tangibles y, como tales, susceptibles de ser comprados en mercados más o menos sofisticados. No faltará quien se vea tentado de igual forma a colgar etiqueta de precio a un artefacto social pero, por muchos informes económicos que se esgriman para justificarlo, será imposible ponerlo a la venta sin el consenso de todos aquellos que lo hacen posible. Quien dice artefacto social dice acuerdo político para servir al bien común. O, por resumir, Canal de Isabel II, un asunto intrincado en el que la ideología importa casi tanto como el dinero.

La privatización del Canal, porque “sí es una privatización”, como puntualiza la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre (Partido Popular), es “una inversión segura” para aquellos que opten por participar en esta empresa hasta ahora 100% pública, porque “todo el mundo bebe agua”, tanto en las vacas gordas como en las flacas. La Comunidad aceleró esta semana por enésima vez su plan: espera poner a la venta el 49% del Canal “antes del verano”, según su vicepresidente (y presidente del Canal), Ignacio González. Pero Izquierda Unida, el Partido Socialista y asociaciones ecologistas y vecinales no lo ven tan claro, y por ello se han movilizado e impulsado una consulta popular hoy.

Aducen que el valor de mercado del Canal se asienta en los convenios por lo que los Ayuntamientos han puesto en sus manos la gestión del agua. Merced a ese consenso, los municipios se aseguran la administración unificada (y por tanto más eficaz) de una intrincada red de servicios e infraestructuras en la que resultaría rematadamente difícil discernir a quién pertenece cada tubería. Y ese es al mismo tiempo el problema a la hora de privatizar el Canal: no basta con vender sus activos tangibles, además es necesario preservar esos pactos con los municipios, puesto que de ello depende su actividad (y su valor).

El Canal es una empresa rentable. En 2010 ganó 114 millones de euros. Su valor supera los 2.700 millones. Su deuda roza los 1.670 millones. La Comunidad justifica la entrada de capital privado para afrontar una inversión de 4.000 millones en 15 años que adapte las infraestructuras a la normativa europea. Sin embargo, no fundamenta ese cálculo. La Comunidad de Madrid era en 2011 la tercera del país en volumen de deuda (15.191 millones de euros).

El Canal, en cifras y acuerdos

El Canal de Isabel II fue creado en 1851 por decreto de Juan Bravo Murillo a instancias de la reina para abastecer de agua las viviendas de la capital sin tener que acudir a las fuentes públicas a buscarla. En 1984 pasa a depender de la Comunidad de Madrid y a gestionar también la depuración de aguas y la conservación de ríos. Hoy en día es una multinacional con 2.200 trabajadores y presencia en varios países.

Hace siglo y medio, el agua provenía del río Lozoya, afluente del Jarama, afluente del Tajo, que nace en las lagunas de Peñalara y discurre de pantano en pantano hasta Patones. Actualmente, el 62% del agua que bebe Madrid proviene de este río; el resto, del Jarama, el Guadalix, el Manzanares, el Guadarrama y el Alberche. El Canal gestiona 14 embalses, equivalente a 700 estadios de fútbol como el Bernabéu, que ayer frisaban el 66% de su capacidad.

Para asegurar la calidad “excelente” del agua, el Canal cuenta con 31 estaciones de vigilancia y 13 de tratamiento, y con nueve laboratorios. Se realiza un análisis cada diez segundos, según la empresa. La red de distribución de agua potable dispone de 16.000 kilómetros de tuberías. La de saneamiento, de 150 depuradoras y 6.800 kilómetros de alcantarillas. Ojo a los verbos: gestiona, cuenta, dispone de... No posee. Poseer, el Canal posee un patrimonio de unos 670 millones de euros (viviendas y solares), pero las infraestructuras que emplea pertenecen a los municipios, la Comunidad o el Estado, que ceden su uso mediante convenios.

Aguirre anunció su intención de privatizar el Canal en 2008, pero se encontró con la oposición de la izquierda y de su compañero de partido y entonces alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón. También se colocó en contra la Confederación Hidrográfica del Tajo, el organismo estatal que regula el agua en la región, por entonces en manos socialistas.

La Comunidad inició, pues, un laborioso proceso para convencer a propios y extraños de la idoneidad de esta privatización. En un principio había planteado que el Canal era suyo, y por tanto no precisaba de los Ayuntamientos para ponerlo a la venta. Gallardón alegó que el saneamiento y distribución de las aguas era competencia municipal, y aportó un dictamen de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa.

La Comunidad cambió entonces de estrategia y repartió la propiedad del Canal: un 10% para Madrid (tras una negociación a cara de perro) y otro 10% para el resto de municipios (Alcorcón, por ejemplo, con 170.000 habitantes, obtuvo el 0,8%). Así convenció a Gallardón, y así está convenciendo al resto de alcaldes. En público, la Comunidad se niega a difundir su valoración del Canal. Pero varios regidores consultados dicen haber escuchado por boca de Ignacio González cifras concretas de lo que les correspondería en caso de sumarse al modelo.

Las únicas condiciones del proceso son que el 51% de la empresa debe seguir siendo público, y que los Ayuntamientos tienen que mantener un 30% de su paquete y no vender ni una acción antes que lo haga la Comunidad.

De esta forma, el Gobierno regional ha incorporado a 87 de los 179 municipios de la región al nuevo sistema de gestión. Suman el 80,2% de la población, cerca de cinco millones, y el 97% del negocio (solo la capital tiene el 65%). “Interesa a todos, independientemente del color político”, dice la Comunidad. Pero no todos son necesarios. Lo importante es aglutinar suficiente volumen económico para seducir a los posibles inversores. Si algún Ayuntamiento se desmarca, es su problema. Podrá elegir entre mantener su pacto con el Canal, gestionar directamente el servicio (una opción muy costosa) o sacarlo a concurso. Ese es el principal argumento de la Comunidad: quien tome ese camino se pondrá probablemente en manos de una empresa privada (la que gane el concurso) en lugar de seguir con una con mayoría de capital público (el Canal).

Madrid espera obtener 245 millones de la venta del 70% de sus acciones (el máximo legal). Pero la Comunidad ha puesto en duda ese cálculo. En su opinión, la venta de acciones debe hacerse de forma conjunta y proporcional. Es decir: si se llega a colocar en manos privadas el 49% de la empresa (el máximo legal), significará que cada administración implicada ha vendido el 49% de su paquete. De esta forma, los Ayuntamientos nunca podrían desprenderse del 70%. Madrid, por ejemplo, no ingresaría 245 millones sino la mitad, una estocada de cuidado a sus cuentas. La beneficiada sería la Comunidad, que no se vería obligada a mantener acciones para preservar la mayoría pública de la empresa compensando la desbandada vendedora de los Ayuntamientos. El problema de este desencuentro para el Gobierno regional es que la sombra de un posible litigio con la capital reventaría la operación.

Los municipios gobernados por la izquierda (Parla, Fuenlabrada, San Fernando y Rivas, entre otros) prometen no sumarse al nuevo modelo. También se quejan 42 pueblos de la sierra (la mayoría del Partido Popular), que se sienten discriminados en el reparto por su escasa población.

El Partido Socialista apunta que recurrirá al Tribunal Constitucional. Izquierda Unida acudiría a la vía contencioso-administrativa, al considerar que los convenios firmados carecerán de validez cuando se constituya la nueva sociedad y habrá que licitar la gestión del agua pueblo a pueblo. Lo contrario, señala el edil madrileño Jorge García Castaño (IU), sería prevaricar. Se apoya para afirmarlo en un informe encargado en 2010 por la Confederación Hidrográfica del Tajo y esgrimido también por los socialistas.

Socialistas e Izquierda Unida presentarán recurso en todos los municipios (ya lo han hecho en Alcorcón, Tres Cantos, Loeches, Aranjuez y Ciempozuelos). Una vez más, la estrategia pasa porque la inseguridad jurídica ahuyente a los inversores. Pero en este caso, las convicciones políticas conllevan el dolor de ver cómo se esfuma la posibilidad de ingresos fáciles: “Nos ofrecen dinero y, como muchos Ayuntamientos están necesitados de dinero, es un problema”, dice el alcalde socialista José Luis García (San Martín de Valdeiglesias; 8.000 habitantes).

Además, la inseguridad jurídica funciona en ambas direcciones, puesto que algunos regidores denuncian que la Comunidad amenaza con obligarles a devolver el dinero de inversiones o a mantener infraestructuras carísimas. “Es como ponernos una pistola en el pecho”, explica uno. Una vez más, donde no se alcanza consenso, alza su voz el dinero.

 

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