Análisis
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Sembrar en roca o en tierra

La administración debe podar el gasto en esa cuarta parte de sociedad que vive a su cobijo

TOMÁS ONDARRA

Cada día ha aumentado en cuatro el número de empleados públicos vascos. Ese es el dato que se desprende de analizar la plantilla de julio de 2011 (último dato disponible) con la plantilla de julio de 2009. De poco consuelo sirve el saber que en el Estado el aumento diario ha sido de 42 personas.

Tampoco parece haber mejorado el tema del gasto en megaproyectos. La nueva ministra, Ana Pastor, afirmó en el Congreso el pasado día 9 de febrero que “se acabó el tiempo de las obras faraónicas”, algo que ya dijo Blanco, pero, al parecer, todas las obras en marcha van a seguir adelante. Por lo que se ve ninguno de nuestros despilfarradores proyectos lleva la firma de un faraón egipcio.

Y es que aquí solo se le recorta a quien no tiene padrinos suficientes. La banca obtiene hasta 90.000 millones de dinero público para seguir pagando sueldos de ensueño a sus directivos y retiros de oro a sus empleados. Los Ayuntamientos reciben 50.000 millones de créditos para saldar sus cuentas con los proveedores, sin que en paralelo se les exija mejorar su eficacia interna y no incurrir en nuevos déficits. Ya se adivina una nueva ayuda estatal a los propietarios de autopistas de peaje para compensarlas de sus malas previsiones de tráfico, esos sí, sin obligarles a perder parte de la propiedad de esas autopistas. Y así sucesivamente.

Existe una cuarta parte de la sociedad, la que vive cerca del Estado, que se protege muy bien contra los efectos de la crisis, lo que inexorablemente lleva a traspasar ese coste a los otros tres cuartos restante, que ve perder sus derechos laborales, subvenciones y las actuaciones públicas a las que había tenido derecho hasta ahora.

Por eso sorprende ahora el nuevo lema de “ya no podemos ahorrar más”, que entonan políticos de todo corte, desde el lehendakari López, hasta el presidente de Cantabria o Extremadura. De creer su palabra, solo se puede seguir reduciendo el gasto público a base de tocar los servicios esenciales, sanidad y educación, y eso no es tolerable políticamente.

Pero es falso. En sanidad o educación, el ahorro efectivamente no debe venir por reducir los servicios, sino por prestarlos con mayor eficiencia. Eso supone reducir en varios puntos por cien el absentismo de los trabajadores, que es altísimo, en hacer trabajar a los empleados el total de las horas contratadas, en mejorar la organización interna y un largo etc de tareas de gestión, que permite hacer mucho más pero con menos coste.

Pero en los demás departamentos que no dan prestaciones directas al ciudadano, además de lo anterior hay que adelgazar las estructuras para hacerlas proporcionales a los servicios que prestan y recordar a Perogrullo: Un departamento de cultura solo se justifica si ofrece servicios culturales, una dirección de obras si realiza obras, y una dirección de deportes si hay actividades deportivas. Por eso, además de las anteriores medidas, hay que tomar otras, como el revisar las numerosas empresas públicas o incluso la jornada de 35 horas, pues mientras tal jornada no sea aplicable al conjunto de la población constituye un puro chiste el que se aplique en servicios que no dan servicios a los ciudadanos.

Osakidetza, si creemos sus datos, parece estar consiguiendo mejorar su número de operaciones y de tratamientos hospitalarios con una paralela reducción de gasto total y de la contratación externa, pero no es la tónica que uno advierte en el conjunto de la administración, donde lo que se ve es que para reducir el gasto total en un 10%, se propone reducir en un 40% las inversiones y en un 30% las subvenciones, pero manteniendo el coste de funcionamiento de la propia administración.

No es posible que se nos diga que no se puede ahorrar más cuando se sabe que un Ayuntamiento, y tomo como ejemplo Donostia, paga 29 euros por cada hora de limpieza, es decir entre un 50% y un 100% más que el precio de mercado. Cuando seguimos manteniendo docenas de municipios minúsculos, a costa de subvencionarlos masivamente desde las administraciones superiores, cuando persisten las duplicidades entre las administraciones vascas o entre las administraciones vascas y las estatales, o cuando pagamos a muchos empleados públicos un 35% superiores que lo que se paga en la empresa privada.

Necesitamos sembrar en sectores con futuro, como las energías alternativas, la biomedicina, la nanotecnología y, en general, todo aquello que nos incorpore a una economía del conocimiento y la sostenibilidad. Pero para poder gastar ahí, hace falta que la administración pode profundamente el gasto en esa cuarta parte de la sociedad que vive magníficamente a su cobijo. Si insistimos en sembrar con dinero público terrenos rocosos y no sembramos allí donde sabemos que el terreno es fértil, la catástrofe está asegurada.

Y solo en ese contexto de austeridad real tiene credibilidad la apelación al incremento de la presión fiscal, que pretende relanzar el lehendakari. Es cierto que un modelo de país que impide al gobierno fijar la política fiscal resulta profundamente equivocado en tiempos de crisis, porque impide la necesaria correlación entre las políticas de gasto y las políticas tributarias de ingresos. Pero también es cierto que a un ciudadano solo se le debe exigir que aumente su contribución fiscal cuando tenga la sensación de que ese dinero que el no va a poder gastar, va a ser destinado a cosas productivas y de futuro y no a mantener en el machito al cuarto de la población que se ha acostumbrado a vivir al pairo de la crisis.

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