Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Gobierno acepta negociar sin que se pare la subasta de fármacos

El Ejecutivo cambia de actitud al permitir el concurso público

El ministro Cristóbal Montoro.
El ministro Cristóbal Montoro.

El primer pulso lo ha ganado la Junta, aunque el conflicto no ha acabado. El Ministerio de Hacienda y Administración Pública está dispuesto a sentarse a hablar con el Gobierno andaluz sobre la subasta de fármacos sin necesidad de que se suspenda el concurso público, que ya está en marcha. Fuentes del departamento que dirige Cristóbal Montoro señalaron ayer que su objetivo primordial es negociar y que ya se está buscando fecha para convocar la comisión bilateral de cooperación Junta-Estado sobre este asunto.

La actitud del Ministerio supone un cambio respecto a la primera intención mostrada por la Secretaría de Estado de Administración Pública en la carta que dirigió hace dos semanas a la Consejería de Presidencia, en la que ofrecía a la Junta una negociación, pero “condicionada” a que dejara sin efecto la resolución por la que se anuncia la convocatoria para la subasta pública de los principios activos más consumidos.

Nada más conocerse la carta, la consejera de Salud, María Jesús Montero, rechazó frenar la subasta y calificó de “chantaje” la actitud del Gobierno. La negativa de la Junta se oficializó en la carta de respuesta que Presidencia remitió esta semana al Ministerio, en la que aceptaba la convocatoria de la comisión bilateral pero sin parar la subasta.

El Gobierno, según fuentes del Ministerio, ha aceptado que el diálogo empiece con el concurso activo. Este cambio de actitud no significa que el Ejecutivo central descarte recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto-ley que regula la subasta. La decisión, en principio, debe tomarla antes del 16 de marzo, en plena campaña electoral, cuando concluye el plazo de presentación del recurso. Pero si la comisión bilateral prospera y ambas Administraciones llegan a un acuerdo de inicio de “negociaciones para resolver las discrepancias”, el plazo para que el Gobierno recurra el decreto se ampliaría en seis meses, según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.