Rigor en el sector público

El Gobierno Valenciano ha puesto en marcha un conjunto de medidas para reducir el déficit público de la Generalitat que incluyen el reagrupamiento de las empresas públicas valencianas e incrementar los controles sobre ellas. Los instrumentos elegidos para lograrlo son la creación de una Corporación Empresarial y la aprobación de un Plan de Racionalización y Reestructuración del Sector Público Empresarial, cuyos objetivos son elocuentes: sanearlo y hacerlo eficaz, eficiente, orientado al servicio del interés general y a la creación de valor público y privado.

Aunque la información a día de hoy es escasa, nos suscita algunas reflexiones:

El cambio estructural puede llevar a la supresión de algunas entidades y empresas públicas pero se basa en una “integración” de empresas públicas en un conglomerado que gestionará la Corporación.

Los datos oficiales del IVIE demuestran que la participación del sector público regional valenciano en el PIB regional representó en el periodo 2000-2008 un 11,00% por debajo de la media (11,8%). Ello nos dice que el sector público valenciano no tiene un tamaño desproporcionado y que el elevado nivel de endeudamiento de la Comunidad Valenciana no es proporcional a las dimensiones de su sector público sino consecuencia de otros factores como la menor disponibilidad de recursos económicos, sobre todo del sistema de financiación autonómica, o sencillamente el resultado de una peor gestión del gasto. Sea cual fuere la causa hay que corregirlo con urgencia. Es algo tan importante en estos momentos que ha motivado nada menos que la reciente reforma de la Constitución.

Por otra parte, el sentir generalizado de la ciudadanía es que muchas de las empresas públicas no tienen razón de existir. Este fenómeno obedece a varios factores, entre los que destacan los siguientes:

Indudablemente muchas veces falta la “legitimación social” de estas entidades o empresas públicas. Hace falta una ley del Estatuto de la Empresa Pública, por la cual se definan, con la máxima legitimación y consenso de los representantes de los ciudadanos valencianos, los aspectos básicos del entramado empresarial. En nuestra Comunidad Autónoma, cualquiera que haya sido la opción política en el Gobierno, nunca se ha querido acometer esta tarea; se ha preferido actuar “caso a caso”, mediante decisiones del Gobierno Autonómico. El resultado es que las empresas públicas han estado habitualmente en el centro de la crítica política, erosionando su papel y su función social.

El segundo factor que explica ese fenómeno es “la falta de sostenibilidad económica del sistema”. La creación de empresas públicas se ha realizado sin un análisis económico-financiero riguroso y sin comparar la creación de una nueva empresa con otras posibilidades o alternativas. Ya no sirve la creencia en el incesante crecimiento de los presupuestos públicos que financiarían todo tipo y cuantía de gastos, fueran necesarios o caprichosos y sorprende, por ejemplo, que existan empresas que intervengan en actividades que están suficientemente cubiertas por el sector privado como el de construcción de viviendas de protección pública.

La profunda crisis que nos afecta ha puesto en evidencia que necesitamos un sector público eficaz, austero y bien gestionado. Y es preciso el consenso político sobre las bases de ese modelo; sobre qué se debe hacer desde el sector público y cómo lo hacemos. Es necesario hacerlo bien, y con eficacia, lo cual nos obliga a estudiar si es preferible la actuación de la propia Administración pública, o utilizar una sociedad o contratar con un empresario colaborador. El dogma de la preferencia absoluta de las empresas públicas no se puede defender, sobre todo si no están bien gestionadas. No es cierto que en los casos de concesión administrativa, o de concierto o cuando contrata el servicio con una entidad privada se produzca la tan temida “privatización” y con ella la pérdida de las garantías para la ciudadanía en aspectos básicos como la igualdad de acceso a las prestaciones y servicios. En estos casos, la Administración conserva las facultades de dirección y control y aprovecha la experiencia del empresario colaborador. No hay más solución que abaratar los servicios si queremos mantenerlos todos.

La Administración debe servir con eficacia los intereses generales y esas exigencias se proyectan sobre las formas de gestión de los servicios públicos. No nos podemos permitir, por ejemplo, que las sociedades pacten cláusulas de indemnización especial por cese para directivos, elección de estos directivos por criterios distintos de la competencia, profesionalidad y experiencia… Con las medidas del Gobierno se inicia el proceso para establecer un marco legal riguroso de control de estas empresas. Es el reto de los próximos meses porque están en riesgo los servicios esenciales asignados al sistema público.

Pedro García Capdepón y José Vicente Belenguer son socios de Garrigues