El perímetro de protección de la cueva Praileaitz sigue en el aire

La diputada de Cultura de Gipuzkoa, Ikerne Badiola (EA), reconoció ayer que existen dudas sobre el ámbito de protección que debe aplicarse a la cueva de Praileaitz (Deba) tras una sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que reconoce el derecho de la empresa Zeleta SL, concesionaria de la explotación de la cantera Sasiola, a ser indemnizada económicamente por el Gobierno vasco por los daños que le causa el decreto que amplía, de 50 metros a 65 metros, el entorno protegido de la gruta.

Badiola compareció ante las Juntas Generales para explicar la situación en la que se encuentra el régimen de protección de Praileaitz, donde se descubrieron en 2006 unas pinturas rupestres que superan los 20.000 años de antigüedad. En 2007, el Departamento de Cultura, entonces dirigido por Miren Azkarate, aprobó un decreto que fijaba un área de 50 metros donde se impedía cualquier actividad extractiva a Zeleta, concesionaria hasta 2031 de la explotación de la cantera Sasiola. La firma del grupo Amenabar exigió en los tribunales al Gobierno el pago de una indemnización de 49,7 millones de euros, en concepto de “responsabilidad patrimonial” de la Administración, por impedirle ejercer su actividad.

Con el cambio de Gobierno, el departamento de Blanca Urgell elaboró un nuevo proyecto de decreto que prevé ampliar la protección hasta los 65 metros, considerada insuficiente por la asociación Amigos de Praileaitz y la Diputación guipuzcoana —defiende 100 metros de perímetro—.

La aprobación de dicho decreto estaba pendiente de conocerse la resolución del máximo tribunal vasco, que falló en enero a favor de Zeleta. De ahí que el Ejecutivo autonómico haya decidido aparcar el decreto y estudiar la presentación de un recurso ante los tribunales. Ampliar la protección a 65 metros podría acarrear el pago de una indemnización aún mayor.

Además, Badiola informó de que la Diputación ha renovado el contrato con la UPV para realizar mediones diarias con un sismógrafo de las vibraciones que se dan en la cueva cada vez que se produce una explosión en la cantera. Durante el año pasado, los registros son inferiores a cuatro milímetros por segundo. También se realizan estudios arqueológicos sobre el daño que sufren las paredes de la gruta. Por ambos contratos, la institución foral abona 25.000 euros.