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La Junta advierte de la asfixia de las políticas sociales en las autonomías

El Gobierno andaluz dice que no se plantea “revisar” el Presupuesto de 2012 Mar Moreno dice que el debate no es quién gasta sino en qué se gasta

Lourdes Lucio
Mar Moreno, consejera de la Presidencia.
Mar Moreno, consejera de la Presidencia.GARCÍA CORDERO

El 25 de marzo se sabrá si hay un cambio de ciclo político y de gobierno en Andalucía, pero los socialistas mantienen, hoy por hoy, que si continúan al frente de la Junta no se plantean revisar el Presupuesto de la Junta para 2012. Así lo aseguró ayer la consejera de la Presidencia, Mar Moreno, aunque sus palabras hay que interpretarlas en clave electoral, más como una declaración de intenciones, que de compromiso en firme. Si gana el PP, Javier Arenas ha dicho que tendrá que cambiar unas cuentas que ascienden a 32.020 millones de euros para 2012, aunque vaticina que también tendrá que hacerlo el PSOE si continúa en el Gobierno. Por ahora, los socialistas niegan la mayor.

La Unión Europea aprieta a España para que aplique más ajustes en 2012 y el Gobierno central aprieta a las comunidades autónomas para que recorten sus gastos regionales que sobre todo son gastos sociales. Todo, además, sin conocer los Presupuestos Generales del Estado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dará a conocer cinco días después de las interesantísimas elecciones andaluzas.

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El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, siempre ha sido un alumno aplicado, desde sus tiempos de consejero de Economía y Hacienda, del cumplimiento del déficit, aunque ahora asegura que considerar este objetivo como la única política económica “es un suicidio”.

La Junta está con el Gobierno central en la necesidad de pedir a Bruselas unos criterios más flexibles, es decir, a la baja, del objetivo del déficit y reclama un consenso nacional para saber qué políticas son las que hay que preservar. “Se está montando un verdadero escándalo y un debate torticero acerca del déficit de las comunidades autónomas cuando es el Estado el responsable del 60% del déficit”, dijo Mar Moreno. La consejera de la Presidencia trasladó ayer la “reflexión” abierta en el Consejo de Gobierno sobre el desajuste entre ingresos y gastos y defendió que el debate que debe abrirse paso no es el de “quién gasta, sino en qué se gasta y en qué se ahorra”. La opinión del Gobierno andaluz es que si se produce la “asfixia” de las comunidades autónomas “se asfixia también a las políticas educativas, sociales y sanitarias”, materias sobre las que tienen plenas competencias y que constituyen la razón de ser de las autonomías. “Se le está pidiendo un esfuerzo extraordinario a las comunidades autónomas que se traduce en políticas sociales”, dijo.

Se está montando un verdadero escándalo y un debate torticero acerca del déficit de las comunidades

Sobre la defensa de las políticas sociales y el contraste de modelos con el PP pivota la campaña electoral diseñada por los socialistas andaluces, quienes no tienen a ningún compañero autonómico de viaje en el que apoyarse. También sonó a declaración meramente electoral la afirmación de la portavoz del Gobierno de que la Junta no descarta pedir una revisión de los objetivos de déficit nacionales si Andalucía “no ve atendidas sus peticiones de financiación”.

Moreno aseguró que el cumplimiento del 1,3% del déficit iba aparejado al cumplimento del modelo de financiación “algo que no ocurrió ni con el Gobierno de Zapatero ni parece que vaya a ocurrir con el de Rajoy”.

La consejera de la Presidencia no aclaró cuál es la cifra de déficit que estima la comunidad en el caso de que el Estado hubiera pagado los casi 3.000 millones de euros que, según la Junta, les debe. El déficit andaluz en 2011 es del 3,22%, cuando la media de las comunidades es del 2,94% y lo acordado era alcanzar el 1,3%.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, admitió en enero pasado que el desfase rondaría el 3%, después de corregir a Griñán quien aseguró en el Parlamento que el déficit “será mayor del 1,4% y estará en la media” de las comunidades autónomas.

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