La oposición pide eliminar jefaturas de la Xunta para evitar recortes

No tocar las condiciones de los trabajadores públicos y suprimir las delegaciones territoriales de la Xunta, un gasto que los partidos de la oposición consideran “prescindible”. Es la reclamación del PSdeG y el BNG que pedirán hoy en el Parlamento que la Xunta retire la ley de medidas extraordinarias para el empleo público —que aprobará el PP hoy por vía de urgencia— porque consideran que “pisotea” los derechos de los trabajadores. En las puertas del Parlamento habrá una concentración de empleados públicos —convocados por todos los sindicatos—, que ayer se encerraron en edificios de la Xunta y hospitales en protesta por las medidas. Representantes del comité de empresa de los servicios centrales de la Xunta y de la Xunta de Persoal entregaron ayer en el registro del Parlamento 4.000 firmas en contra del texto, mientras que los sindicatos se reunieron con los tres partidos. El anteproyecto recorta, entre otros aspectos, las bajas por enfermedad.

El PSOE considera que el Gobierno de Feijóo “no sabe cómo afrontar la situación” económica y opta por “demonizar a los empleados públicos e intentar tapar su incompetencia como gobernante”. Además, insiste en que las medidas supondrán “un serio deterioro de los servicios públicos al dejar de cubrir las bajas de los profesionales de servicios sociales o de sanidad”. Por su parte, el BNG incide en que las medidas “cercena” el derecho a la negociación colectiva —el proyecto de ley modifica o suprime acuerdos del convenio—, “elimina” conquistas sociales y “hace recaer” en los trabajadores públicos las medidas contra la crisis.

Tanto BNG como PSOE coinciden en que la Xunta puede optar por otras medidas como la supresión de las delegaciones que, para los nacionalistas, “no tienen ninguna utilidad” y funcionan como los gobernadores civiles. Estos departamentos cuestan 40 millones al año, según el PSdeG. Los socialistas proponen cerrar oficinas en el exterior o eliminar “privilegios” de los directivos. El BNG pide reducir el gasto en propaganda, recuperar el impuesto de patrimonio o introducir un impuesto en el tramo autonómico para rentas de más de 100.000 euros. El PP, por su parte, está “de forma clara y rotunda” de acuerdo con el texto.

Trabajadores públicos se encierran en la Xunta y en los hospitales

El conselleiro de Economía, Javier Guerra, tuvo que aguantar los abucheos de un centenar de empleados públicos que ayer por la tarde acudieron a recibirlo en Vigo. Apostados ante los ascensores del edificio de la Xunta y armados con silbatos, pancartas y gorros, un grupo de unos diez logró superar la barrera policial que, de paisano, identificaba a los periodistas que acudieron a la cita. Guerra los ignoró.