Cuarta ronda de 'bonos para todos' de la Generalitat

El Gobierno catalán empieza a encarar el calendario de amortizaciones de su deuda pública. Y ante el cierre de los mercados institucionales —el de la banca y los grandes inversores—, la Generalitat quiere seguir explotando por tercer año consecutivo el filón del pequeño comprador de bonos. El Ejecutivo de Mas prepara ya una operación de bonos, la cuarta en apenas dos años, de al menos 2.000 millones de euros para atender al vencimiento de la emisión a un año que realizó en abril del año pasado. Sin embargo, el secretario de Economía y Finanzas, Albert Carreras, explicó ayer que tratará de realizar una emisión más amplia y con un mayor plazo de amortización.

Hacer de la necesidad virtud: esta es la máxima que se ha aplicado el Ejecutivo de CiU. La federación, que criticó la opción de los bonos para particulares cuando la ideó el exconsejero Antoni Castells, hoy abraza esa vía. En declaraciones a Catalunya Informació, Carreras aseguró que las emisiones destinadas al ciudadano de a pie —aunque también pueden acudir a ellas grandes patrimonios— permiten a la Generalitat “liberarse del cierre de los mercados”, que siguen castigando la deuda soberana de los países periféricos de la Unión Europea.

Carreras planteó la posibilidad de agotar los permisos que le dé el Ejecutivo central para realizar una emisión para particulares, pero a largo plazo, por ejemplo a cinco años. Hasta ahora, el Ejecutivo de Mas había conseguido que la banca aceptara operaciones destinadas a particulares a dos años. En octubre del año pasado, según fuentes financieras, intentó emitir una pequeña cantidad a tres años, pero las entidades financieras se cerraron en banda a esa posibilidad.

Las emisiones de deuda catalana se saldaron en general con más demanda que oferta

El secretario de Economía no puso una cifra a la nueva emisión, que se lanzará en abril, pero sí explicó que aspira a “colocar lo que la demanda esté dispuesta a pedir”. Y es que las emisiones de deuda catalana se saldaron en general con más demanda que oferta, por lo que primero la Generalitat tuvo que ampliar las emisiones y después las entidades tuvieron que realizar un reparto o bien cerrar la lista de peticiones.

Desde el Departamento de Economía y Conocimiento, que dirige Andreu Mas-Colell, se informó de que la Generalitat aún no está negociando con las entidades financieras esa emisión, que en caso de ser a largo plazo requerirá de la autorización del Consejo de Ministros. Fuentes financieras confirmaron que de momento encima de la mesa solo están los 2.000 millones de euros que la Generalitat debe atender en abril correspondientes a los vencimientos de la primera emisión de 2011. Carreras anunció, además, que la Generalitat empezará a disponer a finales de mes de 2.000 millones del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para atender los pagos a sus proveedores.

El elevado endeudamiento de la Generalitat es uno de los grandes lastres de la Administración catalana, que prevé que este año se sitúe en 41.676 millones de euros, lo cual equivale al 19,8% del producto interior bruto (PIB) catalán. Solo los intereses que Mas-Colell debe afrontar ascienden a 1.999,9 millones de euros, lo cual constituye la tercera gran partida de gasto de la Generalitat, por detrás de la sanidad y la educación.

Déficit más elevado

El segundo gran reto que afronta el Ejecutivo catalán es la reducción del déficit público hasta el 1,3%. Y cada día que pasa, esa misión se complica. Ayer, el Gobierno central publicó su estimación para Cataluña, del 3,72%, 1,06 puntos por encima de lo previsto por Mas-Colell. Se debe, sobre todo, según fuentes de la Generalitat, a que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha decidido endosar la deuda de 759 millones de euros correspondiente a la disposición adicional tercera en 2008 al déficit de la Generalitat y no al de la Administración central.

Mas-Colell ya advirtió hace unas semanas de la posibilidad de que surgiera esa batalla de cifras, pero avisó de que no reconocería como propia esa cantidad y se aferró a unos números finales para 2011 que arrojaban un déficit del 3,29% del PIB.