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Nóos trató de colar a la Generalitat facturas por más de 725.000 euros

El juez certifica que los documentos, rechazados por la Generalitat, presentaban irregularidades

Rita Barberá, Iñaki Urdangarin y Francisco Camps, en la inauguración de Summit Valencia en 2006.
Rita Barberá, Iñaki Urdangarin y Francisco Camps, en la inauguración de Summit Valencia en 2006.

La Generalitat valenciana rechazó facturas por un importe de algo más de 725.000 euros que el Instituto Nóos presentó para justificar gastos, enmarcados en el contrato firmado entre la administración y la entidad que presidía Iñaki Urdangarin para los Juegos Europeos, que nunca llegaron a celebrarse. El Gobierno de Francisco Camps firmó un acuerdo con la entidad para la celebración de este evento, por importe de más de tres millones de euros. El ejecutivo valenciano acabó pagando de las arcas públicas un total de 382.000 euros pese a que la iniciativa no se celebró. Aún así, la administración no aceptó algunos de estos gastos presentados por Nóos, entre los que se encuentran 32 facturas en las que figuran como proveedores de los servicios que supuestamente encargaba el instituto del duque de Palma tanto la empresa Looby Comunicación como a Concept BPMO y a Marcel Planelles Aran.

Según un auto del juez que instruye esta pieza separada del caso Palma Arena, José Castro, el Instituto Nóos presentó 18 facturas de Looby Comunicación, todas ellas con fecha del 12 de mayo de 2006, por un importe global de 581.717 euros. 17 de ellas correspondían a honorarios por la realización de proyectos de comunicación, mientras que la otra lo es por honorarios de un director de cuentas y un consultor. Con ellas, Nóos pretendía cobrar del Gobierno valenciano gestiones realizadas para la celebración de los Juegos Europeos, es decir, facturas de empresas que supuestamente subcontrataba. Sin embargo, fueron rechazadas porque o bien no se acompañaban los proyectos reflejados en dichas facturas o no se presentaron las nóminas y retenciones supuestamente pagadas a quienes realizaron el servicio.

Además, la Generalitat rechazó otras 13 facturas de Concept BPMO, por un importe global de 143.841 euros porque estas no presentaban todos los datos requeridos y tampoco aportaban los trabajos facturados

El juez apunta que Camps pagó una factura falsa de 143.000 euros

La última de las facturas corresponde a Marcel Planelles Aran, por valor de 30.000 euros y fechada el 16 de enero de 2006, que tiene como objeto el asesoramiento del plan director. Según el juez, este pago se rechazó porque “porque no se sabe en qué ha consistido el asesoramiento”. Además, esta factura coincide con otra emitida por la misma persona contra el Instituto Nóos, por igual importe pero con diferente fecha, con otra presentada para justificar gastos para otro evento que se celebró en Palma de Mallorca.

Esta versión avala la declaración de la entonces subsecretaria de Presidencia, Isabel Villalonga, que también está imputada en la causa, que aseguró en su declaración ante el juez haber rechazado 123 facturas que el Instituto Nóos presentó a la Generalitat como coste de las gestiones realizadas para la celebración de los Juegos y enmarcadas en el contrato firmado con el instituto para ello.

En cualquier caso, tal como advierte el juez en su auto, la Generalitat valenciana sí admitió una factura de Looby Comunicación que “es idéntico al concepto de las facturas de otra mercantil, Shiriaimasu, que fueron rechazadas”.

La Generalitat pagó a Looby tras rechazar otro gasto con el mismo concepto

Además, según todos los indicios, la Generalitat admitió una factura por un importe total de 143.000 que, según el propietario de la empresa que supuestamente emitió el documento, BMPO, nunca hizo (ver página 12). “Un logotipo no cuesta el importe total de 143.840 euros”, dijo sobre las facturas presentadas por Nóos a la Generalitat valenciana. “Si lo hubiera hecho, no lo olvidaría”, concluyó Herrera.

El sábado, el duque de Palma relató al juez que fue Miguel Zorío (el propietario de Looby Comunicación, que también está imputado en la causa), quien tuvo la idea del proyecto. Además, dijo haber mantenido una reunión formal con el entonces presidente del Gobierno valenciano, Francisco Camps, para comentar la iniciativa. La reunión entre Urdangarin y Francisco Camps se celebró después del verano de 2005 en las oficinas de la Generalitat valenciana, según le dijo el duque al juez José Castro durante el interrogatorio.

Ante el juez, Iñaki Urdangarin, durante la primera sesión del extenso interrogatorio al que está siendo sometido, trató de justificar el proyecto de los Juegos europeos para Valencia alegando que, en la actualidad, la Asociación de Comités Olímpicos Europeos ha retomado la idea.