Uno de los detenidos tuvo contratos con Bienestar Social hasta mayo de 2011

El vicepresidente del Consell, José Císcar, se escudó el viernes en el proceso judicial abierto en torno al presunto desvío de fondos de cooperación para justificar que el Gobierno valenciano no ha abierto ninguna investigación sobre las adjudicaciones y servicios de la Generalitat que algunos de los detenidos gestionan en áreas diferentes a la de cooperación.

Sin embargo hasta hace bien poco, la Generalitat mantenía contratos con algunos de los detenidos el jueves. Es el caso de la empresa GCS General de Comunicaciones y Servicios (GCS), SL, cuyo administrador único es César Augusto Tauroni, exsocio del hermano del exconsejero Rafael Blasco. GCS fue hasta el mes de mayo de 2011 adjudicatario de los servicios del teléfono del mayor, del menor y de la atención telefónica a las personas en situación de dependencia. Pero también del teléfono joven y del teléfono de los usuarios de los programas menjar a casa y major a casa.

Por estos servicios telefónicos cobró entre el 15 de junio de 2009 y el 30 de abril de 2010 (menos de un año) la suma de 401.350 euros anuales. Bienestar Social prorrogó estos contratos con GCS hasta marzo de 2011 por importe de 359.130 euros, según figura en el expediente al que ha tenido acceso este diario.

En total, la firma de Tauroni recibió desde junio de 2010 por estos contratos más de 750.000 euros.

El Consell contrató con Tauroni por 750.000 euros entre 2009 y 2011

Fuentes oficiales de Justicia y Bienestar Social indicaron el viernes que la relación comercial con GCS se extinguió en abril de 2011. Desde entonces, señalan, no se mantienen contratos con esta mercantil.

El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, se refirió a las detenciones de altos cargos de la extinta consejería de Solidaridad y Ciudadanía dirigida por Rafael Blasco.

“¿Qué iba a hacer el director general desde dentro de un calabozo?”, se preguntó Alarte sobre la detención de Josep Maria Felip, El líder socialista retó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a demostrar de verdad su compromiso contra la corrupción destituyendo al que fue consejero de Solidaridad y Ciudadanía y hoy es portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco. Según Alarte, Fabra debió haber evitado mantener a Josep Maria Felip y a Alexandre Català, detenidos en la redada contra la trama de corrupción sobre las subvenciones de cooperación, así como al propio Blasco cuando llegó a la presidencia. Las destituciones de Felip y de Catalá tras su detención obedecen a que “si hubiera mantenido a esos altos cargos, desde la Moncloa le hubieran echado a él de sus funciones”. “Digamos que actuó por apretón”, ironizó el dirigente socialista.

Clara Tirado afirma que Josep Maria Felip era el testaferro de Blasco

“Por donde pasaron metieron la mano”, dijo Alarte del PP, en alusión a los abundantes casos de corrupción, y criticó que el Consell no haya movido un dedo ni cuando la Sindicatura de Comptes detectó que al menos 1,1 millones de euros de los proyectos para promover cultivos y garantizar agua potable en Nicaragua, que en realidad sirvieron para adquirir unos pisos en Valencia, no se justificaron.

La diputada socialista Clara Tirado, que compareció junto a Alarte, acusó a Felip de ser “el testaferro” de Blasco, el único que se atrevió a firmar esos expedientes, que la parlamentaria llevó a la fiscalía, después de que otros cargos de cooperación rechazaran hacerlo. “El cese fulminante lo hizo una redada policial”, dijo Tirado de la destitución de Felip. La diputada recordó que Blasco llegó a la consejería en 2007 “y en 2008 empezó a organizarse la trama” ahora desarticulada. Los socialistas han solicitado la creación de una comisión de investigación sobre el fraude en las subvenciones de cooperación y han presentado una pregunta oral para que el Consell explique qué ha hecho para averiguar dónde ha ido a parar el dinero defraudado en las ayudas de cooperación.

Si de la investigación judicial se desprende “un mal uso de dinero público” se depurarán responsabilidades y se exigirá a quienes lo hicieron que devuelvan el dinero, aseguró el portavoz del Consell poco después. “Haremos todo lo posible por aclarar todos los temas”, dijo el vicepresidente de la Generalitat Valenciana, José Ciscar, tras el pleno del Ejecutivo autonómico, sobre el fraude en las ayudas de cooperación que llevó este jueves a la detención al menos de 14 personas. Ciscar insistió en que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, aplicará la “tolerancia cero” contra la corrupción y defendió la “reacción inmediata” que ha supuesto la destitución de Josep Maria Felip y Alexandre Catalá, altos cargos de la Administración autonómica tras su detención. Añadió que se abrirá expediente a cualquier funcionario público que se vea imputado por corrupción. A la pregunta de por qué no se intervino antes cuando el escándalo de cooperación lleva un año y medio en marcha y hasta la Sindicatura de Comptes detectó que no se habían justificado 1,1 millones de euros en los expedientes de dos proyectos en Nicaragua con los que, en realidad, se compraron dos pisos en Valencia, Ciscar dijo que la Generalitat solo puede actuar cuando hay imputaciones.

El vicepresidente del Consell definió como “exhaustivos y efectivos” los controles de la Administración autonómica, pero añadió: “Si se demuestra, a partir de la actuación de un tribunal, que tenemos que mejorar los mecanismos de control, lo haremos”.

Sobre la situación del exconsejero de Solidaridad y Ciudadanía y actual portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, se limitó a señalar: “En estos momentos no hay ninguna imputación contra él y no tenemos por qué dudar de su honorabilidad”.