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Los pupitres vuelven al colegio embargado

Los operarios reponen los muebles retirados apenas 24 horas antes Los 160 alumnos, que vuelven el lunes a clase, se han quedado hoy en casa Un funcionario dice que ha habido “cientos” de notificaciones y "al menos" un aviso de embargo

Pilar Álvarez
Varios operarios devuelven los pupitres al colegio.
Varios operarios devuelven los pupitres al colegio.Carlos Rosillo (El Pais)

Apenas han pasado 24 horas en el almacén. Los muebles han regresado a medio día al colegio privado Santa Illa, que fue embargado el jueves por orden judicial. El potro, los pupitres, las sillas, el órgano, las estanterías...han deshecho el camino andado. Los mismos elementos que se retiraron con los alumnos en clase han vuelto a las aulas con los niños en sus casas. En el acceso al centro, junto a la puerta, un cartel escrito con rotulador verde: "La dirección del centro comunica la reanudación de las clases 27 de febrero".

Iñaki Santa, propietario y administrador del colegio Santa Illa.

El colegio Santa Illa tiene 160 alumnos de tres a 17 años. Sus padres pagan hasta 600 euros al mes incluido el precio del comedor. El centro arrastra una deuda con la Seguridad Social desde la década de los 90 del siglo pasado que asciende a 992.000 euros, casi un millón. “Se le dio la oportunidad hasta última hora, pero no había voluntad”. Andrés Ruiz, funcionario de la Seguridad Social, ha sido el que ha dado explicaciones a pie de centro, con el mareo de operarios yendo y viniendo, la visita de algunos padres  y los niños de los colegios de alrededor asomados al patio.

Ruiz fue quien confirmó que había recibido una contraorden para paralizar el proceso. “El embargo prosigue pero la retirada de muebles no”, señala. La deuda del colegio Santa Illa se produce por "no pagar los seguros sociales" de los trabajadores, según Ruiz. La contraorden llegó "evidentemente" por la alarma social de "autoridades por encima" de él. La responsable de la Unidad de Recaudación Ejecutiva (URE) decidió el jueves entrar en el Santa Illa con los niños dentro, dice este funcionario. "Se han dado hasta el último momento oportunidades", añade Ruiz, que recuerda "al menos" una notificación previa de embargo. Antes de iniciar el procedimiento judicial acudieron a retirar los muebles y el director "se negó", señala. 

El director del centro, Iñaki Santa, ha atendido a los medios después de que descargaran los tres camiones de enseres. Habla de "actitudes salvajes" y de "atropello" por el embargo con los niños en las aulas.

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A primera hora de la mañana, Santa (que regenta el negocio familiar inaugurado en 1959) no conocía el acuerdo que alcanzaron a última hora del miércoles la Consejería de Educación y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para dejar a los alumnos en el centro hasta junio. Los muebles, que estaban custodiados en un almacén de Coslada, vuelven al colegio pero siguen embargados. Santa es el depositario del mobiliario.

Asegura que habían previsto alquilar otros para volver a la actividad el lunes y que cuenta con el "99% de los padres" a su favor. Intenta explicar la razón de no avisar a los padres el miércoles, cuando llegó el fax con la notificación del embargo para primera hora del jueves, que previamente había señalado (sin fecha fijada) un auto judicial. Lo recibió "a las tres de la tarde". Intentó contactar con la Consejería de Educación y con ACADE, la patronal de los centros privados, para que mediaran. "A las seis de la tarde ya no puedes decirle a los padres que no lleven a sus hijos a clase al día siguiente", ha explicado.

"No tenemos intención de que quiten la deuda". Arrastra impagos desde hace más de 20 años. En 2009 se le ofreció posibilidad de un acuerdo y pagos fraccionados. Según Santa, "15.000 euros mensuales de deuda" y un adelanto "del 20% del total" que no pagó y que, según sus cálculos, ascendía a 160.000 euros entonces.

La venezolana María Corina Rivodó, que ha pasado esta mañana por delante de la puerta del centro para ir a su trabajo, ha dejado a su hija de cinco años con la niñera. Dice que los padres van a denunciar porque se ha seguido un “procedimiento fatal” con los alumnos en las clases. El jueves hubo una reunión de urgencia de los padres por la tarde y decidieron dos cosas: no llevarlos a clase el viernes y denunciar  la actuación de la Seguridad Social.

Rivodó no conocía la situación económica del centro, ni tampoco el vigilante Jacinto Romero, que lleva seis años cobrando puntualmente su nómina en el colegio. Dice que es “desoladora” la imagen de un colegio sin alumnos. Hay 32 trabajadores en el Santa Illa. Uno de ellos, el profesor de inglés Jon Scott, accedía esta mañana emocionado por la pequeña verja verde por donde han vuelto a entrar los muebles embargados.

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Sobre la firma

Pilar Álvarez
Es jefa de Última Hora de EL PAÍS. Ha sido la primera corresponsal de género del periódico. Está especializada en temas sociales y ha desarrollado la mayor parte de su carrera en este diario. Antes trabajó en Efe, Cadena Ser, Onda Cero y el diario La Opinión. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster de periodismo de EL PAÍS.

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