Todo empezó por un corte de tráfico

Un corte de tráfico de 10 minutos —que se celebraba cada miércoles desde el 25 de enero frente al instituto Lluís Vives de Valencia— fue el origen de lo ya se conoce como la primavera estudiantil de Valencia. Un trending topic que nació el 15 de febrero, con la detención de Andreu, de 17 años, que pasó cuatro horas esposado e incomunicado en la comisaría de Zapadores de Valencia.

El instituto Lluís Vives está ubicado entre la plaza del Ayuntamiento de Valencia y la estación del Norte, en el mismo centro de la ciudad. Cualquier protesta estudiantil adquiere una máxima visibilidad pública porque está ubicado entre dos de las principales arterias de la ciudad. Por su ubicación, el instituto se convirtió en centro de reunión habitual de los directores de secundaria durante la larga batalla de los maestros contra el intento de imposición de la enseñanza de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés, una ocurrencia política del gobierno valenciano que provocó gran tensión en toda la comunidad educativa cuando Francisco Camps ocupaba la presidencia de la Generalitat.

“Andreu estaba defendiendo a un compañero al que la policía trataba de controlar a empujones y golpes”, cuenta Nairuz, compañera del instituto, que “estaba grabando la situación porque era muy violenta”. Lo cuenta con voz temblorosa: “Mientras estaba grabando, un policía me cogió por detrás, me sacudió y me lanzó contra el bordillo, y se me rompió el sujetador”. Sus compañeros de clase sostienen, hablando todos a un tiempo, que se salvó de golpearse la cabeza contra el bordillo porque la sostuvieron.

 “Eran entre 30 y 40 alumnos manifestándose pacíficamente”, según el relato leído ayer por un grupo de padres, alumnos y estudiantes del Lluís Vives, el lugar donde han empezado y acabado las cinco jornadas de protestas y cargas policiales, en las que han sido detenidos 43 estudiantes, ocho de ellos menores, y que han dejado decenas de lesionados.

Penélope, otra estudiante del Lluís Vives, también menor, acabó con “siete grapas en la cabeza”. Su compañera Aila, de 15 años, “lleva el brazo escayolado”, ha denunciado Clara, su madre.

Esta es la historia de cómo una protesta simbólica contra el decreto de recortes y ajustes salariales en el sector público aprobado el 5 de enero por el Consell ha desembocado en lo que los participantes en la marcha del lunes calificaron como “la mayor actuación policial en democracia”. Nadie recordaba a ningún estudiante que en las últimas décadas haya pasado “30 horas en el calabozo”, como le ocurrió a Albert Ordóñez, un veinteañero que estudia FP y que es presidente de la federación de estudiantes Faavem, la única asociación reconocida como interlocutora oficial con la Consejería de Educación y con el Consejo Escolar Valenciano.

Las protestas no han sido exclusivas del Lluís Vives. Muchos otros institutos también se han manifestado, entre otras cuestiones, porque a causa de los impagos del Consell se han quedado sin electricidad y sin calefacción y se han visto obligados a ir a clase provistos de mantas.