Las asociaciones de municipios ocultan sus cuentas y el sueldo de sus dirigentes

El caso Matas en la Asociación Catalana de Municipios, de contratos con dinero público con la empresa particular del exsecretario general de la entidad, ha dejado en entredicho la transparencia de las asociaciones municipalistas. Estos organismos, diseñados para prestar servicios a los Ayuntamientos, son un terreno difícil de explorar. El hermetismo y el exceso de celo de sus responsables impiden conocer sus magnitudes económicas, como el presupuesto de que disponen y las retribuciones exactas de sus cargos directivos. Y eso que su financiación procede de fondos públicos, básicamente de las cuotas que pagan Ayuntamientos, consejos comarcales y diputaciones, además de una subvención de la Generalitat.

Estas entidades han sido puestas en el punto de mira estos días a raíz de la polémica que ha salpicado a la ACM y a su exsecretario general Josep Maria Matas, cuya empresa facturó 900.000 euros a la entidad cuando él ocupaba el cargo.

¿Qué se sabe de las entidades municipalistas? ¿Qué son y cómo se financian? ¿Hay algún control sobre ellas? Existen dos asociaciones municipalistas, la Asociación Catalana de Municipios (ACM) y la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), que tienen como función principal ejercer de lobby local, esto es, representar y defender los intereses de los municipios ante la Diputación y la Generalitat.

Estas entidades también ofrecen otros servicios a sus asociados, como asesoramiento en temas administrativos y jurídicos, además de organizar cursos de formación dirigidos tanto a técnicos municipales como a cargos políticos.

Fuentes no oficiales

Para optar a estos servicios, los municipios deben asociarse a la entidad pagando una cuota anual, cuyo importe varía según el tamaño del municipio. A modo de ejemplo, la aportación de un Ayuntamiento como Gavà (46.000 habitantes) es de 8.794,85 euros anuales, según consta en las actas de las juntas de gobierno de este Consistorio. Además, ambas entidades reciben fondos de la Generalitat. Este año la cifra asciende a 380.000 euros anuales para cada una, según consta en los presupuestos de la Generalitat de 2012. La FMC, en cuanto miembro de la Federación Española de Municipios, también recibe una aportación del Estado.

Pero es difícil profundizar más. Oficialmente, las entidades no facilitan las cifras relativas a su presupuesto o retribuciones. Se defienden aduciendo que son asociaciones de carácter privado, cosa que las exime de mostrar según qué cuentas. También les permite que sus cuentas no tengan que pasar por la lupa de la Sindicatura de Cuentas, un trámite al que sí deben someterse otras instituciones y organismos públicos. Pero extraoficialmente, fuentes cercanas al mundo local arrojan un poco de luz sobre las entidades y aseguran que la ACM maneja un presupuesto de 3,7 millones de euros y el de la FMC asciende a 2,6 millones para este año, de los cuales 1,2 se destinan a la partida de personal.

Las entidades municipalistas cuentan con diferentes órganos de gobierno, todos ellos formados por alcaldes. Es difícil saber las retribuciones que pagan estas asociaciones, ya que ni se publican ni las han facilitado cuando se las ha pedido este diario. Pero fuentes cercanas a la FMC aseguran que los ocho vicepresidentes de esta entidad reciben 600 euros mensuales. Son los alcaldes de Mataró, Solsona, El Prat, Centelles, Tarragona, L’Hospitalet, Reus y Castelldefels.

Ambas asociaciones nacieron en 1981 y pronto se convirtieron en contrapoder político. La FMC quedó vinculada al Partit dels Socialistes (PSC) y la ACM se acercó a Convergència i Unió (CiU). Esta dualidad se empezó a disolver hace una década y actualmente en los órganos de gobierno de ambas se pueden encontrar representantes de todos los partidos. El único elemento residual que queda de esta antigua polarización son sus cabezas visibles, con Manuel Bustos (PSC) al frente de la FMC y Miquel Buch (CiU) dirigiendo la ACM.

Pero la pluralidad política en estos organismos no ha servido para mejorar su transparencia, al menos en casos como el de Josep Maria Matas. Los partidos han criticado con la boca pequeña el caso y ningún grupo ha exigido responsabilidades directas a la Diputación de Barcelona, institución en que actualmente Matas ocupa el cargo de coordinador. Fuentes de CiU admiten que ningún partido se decide a alzar la voz porque, de una forma u otra, todos forman parte de la entidad municipalista.