El alto cargo de Empleo imputado estima injustificada su acusación

El director general de Trabajo de la Junta, Daniel Alberto Rivera, imputado en el caso de los ERE fraudulentos, ha interpuesto un recurso de forma contra el auto dictado el pasado 27 de enero por la juez Mercedes Alaya. Rivera muestra en el escrito su “disconformidad" con la acusación relacionada con su actuación respecto a la empresa Surcolor. El director general considera que su imputación "se sostiene en extremos que no justifican tal situación procesal”.

La magistrada ha acusado a Rivera por haber autorizado el pago del ERE de la empresa Surcolor, donde se prejubilaron dos intrusos (personas que nunca trabajaron en la compañía). “Se ordenan dichos pagos con total ausencia de procedimiento, pues no existe siquiera la menor solicitud o procolo de colaboración”, expuso la juez para justificar su decisión. Alaya subrayó que Rivera autorizó el abono de una prima de 175.998 euros, competencia que atañe al consejero según la Ley de Subvenciones, y ordenó investigar si el alto cargo autorizó un pago de 109.620 euros a la empresa Acyco para mantener 144 puestos de trabajo. Esta cantidad coincide "exactamente" con los honorarios cobrados por el bufete Garrigues por la tramitación del ERE, según la juez.

La Junta defendió a Rivera porque la póliza fue tramitada cuatro años antes de ser nombrado director general y porque cuando autorizó los pagos, no había indicios de irregularidades.

La abogada de Rivera, Salud Jiménez, destaca que este lideró la investigación interna de la Junta y que la tesis de la juez es errónea: “Parte el auto de un hecho no constatado, sino presumido, y que consiste en que el expediente de tramitación de la ayuda sociolaboral excepcional contenía documentación de la que se deducía de manera clara y obvia la existencia de dos intrusos en la tramitación del ERE", reza el escrito. La letrada subraya que los extrabajadores de Surcolor atravesaban “una situación difícil ante los impagos de la aseguradora Apra Leven”. Además, Rivera matiza que existe un pago de 82.215 euros que no coincide con la minuta del despacho Garrigues: 109.620 euros.

La defensa de Rivera pide ahora a la juez que reconsidere su postura por el daño al honor causado: “Es obligado, a la vez que tener sospechas con un mínimo de seriedad en contra de la persona a la que se le otorga, ponderar al adoptar tal decisión las consecuencias gravosas y estigmatizantes de una imputación penal, pues también es importante la garantía al derecho al honor de la persona afectada, algo que tiene especial importancia cuando de un cargo público se trata”, argumenta la abogada.