Trias paga por la finca del Guinardó sin esperar a la 'sentencia Muñoz Ramonet'

El Tribunal Supremo deliberará el 29 de febrero sobre el pleito que las cuatro hijas del industrial Julio Muñoz Ramonet mantienen con el Ayuntamiento que Barcelona, que heredó una fabulosa fortuna de su padre. El industrial, que huyó de la justicia española y falleció en Suiza en mayo de 1991, dejó un fabuloso legado al Consistorio: un palacete en la calle de Muntaner y una colección de obras de arte formada por centenares de valiosas pinturas. Pero el Consistorio no esperará a conocer el fallo y cuatro días antes, el viernes 24, aprobará en el pleno el pago de 21,4 millones de euros por una finca del Guinardó a Carmen Escrivá de Romaní Muñoz, nieta del industrial e hija de una de las litigantes.

La finca, una zona verde de 16.000 metros cuadrados, es la moneda de cambio para desencallar la transformación de la antigua colonia industrial de Can Batlló, también propiedad de Escrivá. La nieta de Muñoz Ramonet exigió al Consistorio llegar a un acuerdo de expropiación alegando que la promotora Inmogaudir —que ella representa— no tenía liquidez para afrontar los costes de la urbanización de Can Batlló y las indemnizaciones pendientes.

Cinco días después de la compra, el Supremo deliberará sobre el legado de Muñoz Ramonet

Es muy probable que el Supremo confirme la sentencia que dictó la Audiencia de Barcelona en 2009, por la que se reconoció la validez del testamento de Muñoz Ramonet a favor del Ayuntamiento. Ese fallo fue recurrido ante el Supremo por las hijas del industrial. Por tanto, se puede producir la extraña circunstancia de que el gobierno de Xavier Trias pague 21,4 millones a un grupo inmobiliario propiedad de una familia que debe una fortuna a las arcas municipales. ¿Por qué no esperar a que el pleito del Supremo quede zanjado, antes de pagar? Son procedimientos diferentes que no tienen que mezclarse, alegan portavoces del Consistorio, alegan portavoces del Consistorio, así como el teniente de alcalde Jaume Ciurana, presidente de la Fundación Muñoz Ramonet, que litiga por conseguir los bienes heredados hace 21 años. No lo ve así el PSC. “No deja de ser injusto que el Ayuntamiento pague en esas circunstancias”, señala la edil Assumpta Escarp. La regidora añade que el gobierno tenía mucha prisa por cerrar el acuerdo de expropiación porque el plazo para hacerlo vencía. “Si no se llegaba a un pacto sobre el precio, la palabra la tendría el jurado de expropiación”, añade la edil. El acuerdo de CiU con la nieta de Muñoz Ramonet ha contado con el apoyo del PP, que se apresta a apoyar a Trias. Los socialistas consideran excesivo el precio pactado.

Guido Hugelshofer, persona de confianza del industrial en los últimos 27 años de su vida, tampoco entiende cómo el Ayuntamiento no ha puesto sobre las mesa las dos cuestiones y ha hecho valer la resolución del pleito en la compra de la finca. “No entiendo cómo se puede ayudar económicamente a las personas que impiden que la última voluntad de Muñoz Ramonet se cumpla”, asegura.

El Ayuntamiento de Barcelona lleva años intentando desencallar Can Batlló. Inmogaudir, la inmobiliaria de la nieta del industrial, siempre ha mantenido una férrea actitud contra el Consistorio. El primer plan urbanístico para la colonia industrial de Sants fue recurrido por la inmobiliaria, que quería más edificabilidad. Lo consiguió y el plan definitivo —1.000 viviendas de mercado libre y 450 de protección y equipamientos— fue aprobado hace seis años. En 2005, la promotora arrancó un principio de compromiso del entonces gobierno socialista para buscar una "solución urbanística". No lo consiguió. Después, todavía con el PSC en el gobierno, presionó para que le expropiasen la finca pactando un buen precio. Pero no llegaron a un acuerdo. Hasta ahora.