CiU quiere autorizar un vertedero en Seròs que rechazó en la oposición

Convergència i Unió (CiU), ahora en el Gobierno de la Generalitat, quiere autorizar un vertedero industrial en el término municipal de Seròs (Segrià) que rechazó hace dos años, cuando estaba en la oposición. Para ello ya ha dado un primer paso con el informe favorable emitido por la Ponencia Ambiental, órgano que depende del Departamento de Territorio y Sostenibilidad.

La decisión está en manos del consejero Lluís Recoder, quien podría autorizar, tras un plazo de 10 días para presentar alegaciones, el polémico depósito de residuos que el tripartito paralizó a finales de 2010, dos meses antes de las últimas elecciones autonómicas, ante el rechazo político y social unánime del territorio.

Los alcaldes de seis localidades vecinas, de partidos políticos diferentes, formaron un frente común para oponerse a un proyecto que, a su juicio, tendrá graves consecuencias ambientales y económicas en una zona rica en fruticultura. Solo el alcalde de Seròs, Gabriel Penal (ERC), es favorable a la instalación, que recibió más de 600 alegaciones de vecinos, regantes, sindicatos, cooperativas y ecologistas. “Estoy convencido de que el depósito se construirá donde estaba previsto”, ha señalado Penal, que ve en el proyecto una importante fuente de ingresos para el Consistorio.

El depósito controlado de residuos está promovido por Dipòsits Controlats de Catalunya, que cumplió todos los requisitos técnicos y ambientales solicitados por la Generalitat. Estaría ubicado a 11 kilómetros del núcleo urbano de Seròs, de unos 1.900 habitantes, y a una distancia menor de Almatret y Maials.

Según el proyecto presentado por la empresa promotora, la instalación tendrá capacidad para 1,5 millones de toneladas de residuos urbanos de clase II del área metropolitana de Barcelona, que se depositarían en dos vasos con una superficie de 30 hectáreas, a razón de unas 100.000 toneladas anuales. En principio estaría autorizada la entrada de residuos de materiales inertes y no reciclables, no contaminantes ni peligrosos. Todos los residuos llegarían embalados con material aislante y serían cubiertos con tierra.

La entidad ecologista Ipcena, de Lleida, ha advertido de que acudirá a los tribunales si la Generalitat acuerda autorizar este depósito de residuos en Seròs. Los conservacionistas afirman que existen estudios geotécnicos que desaconsejan su construcción, ya que los terrenos están situados encima de una antigua mina de carbón, lo cual supone un gran riesgo de contaminación de las aguas de la zona.

Joan Vázquez, portavoz de Ipcena, ha declarado que el depósito de residuos es jurídica y socialmente inaceptable, ya que incumple la directiva europea sobre residuos de noviembre de 2008. Según esta normativa, los Estados miembros deben respetar los principios de autosuficiencia y proximidad a la hora de construir instalaciones para la eliminación de residuos. En este caso, los residuos tendrían un recorrido de 180 kilómetros. “Lo que pretende hacer la Generalitat es una auténtica declaración de guerra que tendrá su respuesta por parte del territorio”, señala Vázquez.