El TSJ anula el cierre definitivo de la subestación de Patraix

La sección primera de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha decidido anular el acto administrativo por el que el Ayuntamiento de Valencia ordenó en 2007 el cierre definitivo de la subestación eléctrica del barrio de Patraix tras una explosión al entender que la actuación, dada la "carencia absoluta de motivación", incurre en causa de anulabilidad y en arbitrariedad.

Los vecinos de Patraix rechazaron la planta eléctrica desde su apertura, dada su proximidad a las viviendas. Las manifestaciones de protesta y otras iniciativas se intensificaron tras la explosión que sufrió la subestación en mayo de 2007, que a primera hora de la mañana sacó de sus casas a unos vecinos asustados y alarmados. El Ayuntamiento, presidido por Rita Barberá, acordó finalmente el cierre de la instalación y su traslado o construcción de una nueva en el entorno del cementerio. La decisión fue recurrida por Red Eléctrica, a la que un juzgado dio parcialmente la razón y permitió reabrir la planta. La sentencia conocida hoy responde al recurso que el Consistorio, a su vez, planteó ante esa posibilidad.  

Según consta en la resolución del TSJCV, el acto de cierre indefinido de la subestación se adoptó en el marco de unas actuaciones "que no pueden calificarse de procedimiento, pues no existe acuerdo alguno de iniciación, ni se ha practicado ninguna prueba, ni se ha recabado ningún informe jurídico, ni existe ningún elemento técnico que determine su necesidad, ni ha existido ningún trámite de audiencia".

Red Eléctrica recurrió la decisión municipal de cerrar la planta

Por ello, la sala desestima íntegramente el recurso de apelación interpuesto por el Consistorio contra la sentencia del Juzgado Contencioso-adminitrativo número 9 de Valencia, que estimó parcialmente el recurso interpuesto por Red Eléctrica y que declaró conforme a derecho la resolución de alcaldía que decretó el cierre de la subestación de Patraix, aunque anuló los acuerdos posteriores de la Junta de Gobierno y el Pleno, pronunciados en el mismo sentido.

El acto administrativo que constituye la causa de la apelación fue el decreto de alcaldía de Valencia de 15 de mayo de 2007, el acuerdo de la Junta de Gobierno del mismo mes y el del pleno del Ayuntamiento, adoptado por unanimidad el 31 de mayo del mismo año, en el que se acordó el cierre de la instalación, propiedad de Red Eléctrica y que suministra energía a otra de Iberdrola, tras una explosión en las instalaciones.

La sala considera que la resolución de la alcaldía tiene "completa justificación" en el "motivo de urgencia y alarma", mientras que señala que el acuerdo del pleno del consistorio es un acto "determinante, taxativo, categórico, con vocación de continuidad y permanencia, de manera que no deja ninguna opción, ni establece condición o determinación alguna que puedan permitir, en el futuro, la puesta en funcionamiento de la estación".

El tribunal entiende que una medida de esa naturaleza "exige la presencia" de "argumentos, razones" y más elementos, de los que constata su ausencia, y añade que no cumple las exigencias de motivación establecidas por la jurisprudencia y provoca "indefensión", por lo que incurre en la causa de anulabilidad.

Traslado inmediato

El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Joan Calabuig, ha exigido a la alcaldesa que "no pierda más el tiempo y se ponga en contacto con la Generalitat, Iberdrola y Red Eléctrica para quese tomen las medidas necesarias e inmediatas con el objetivo de trasladar la subestación de Patraix". Calabuig ha recordado que ya se realizó la permuta de terreno para desmantelar y trasladar la planta.

Por su parte, el grupo municipal Compromís ha reiterado que la planta debe mantenerse cerrada "definitivamente". La edil Pilar Soriano ha expresado su "preocupación" por la sentencia" y ha pedido al Ayuntamiento que se ponga en contacto con los vecinos de la zona para explicarles la situación.