El fiscal pide 10 y 13 años para los exdelegados del PP en Zona Franca

La Fiscalía de Cádiz ya tiene listo su escrito de acusación por el caso Rilco, uno de los escándalos que salpicó la gestión del PP en la Zona Franca gaditana entre 1996 y 2004. El Ministerio Público sorprende con peticiones de cárcel muy elevadas para los dos exdelegados del Estado en esta etapa Manuel Rodríguez de Castro, delegado hasta 2001, y Miguel Osuna, quien ejerció hasta 2004. Para el primero el fiscal reclama 10 años de cárcel por un delito continuado de fraude, prevaricación, falsedad en documento mercantil y malversación caudales públicos. Y llama la atención sobremanera que para su sucesor pida una pena más alta, 13 años, por fraude, malversación y encubrimiento. En este caso, se ha considerado más grave continuar y ocultar un delito que empezarlo.

Rilco son las siglas de la Red Iberoamericana de Logística y Comercio, una idea de Manuel Rodríguez de Castro con sus socios de Miami Carmen y Germán Leyva para poner en marcha en 1998 una experiencia de comercio electrónico entre España y América. Según el exdelegado, podría haber llegado a ser un negocio similar a Yahoo y su valor podría haber superado los 3.000 millones de euros. Pero en seguida saltaron las dudas sobre el destino del dinero público recibido y la eficacia de esta inversión. Rodríguez de Castro dimitió en febrero de 2001, acuciado por numerosas denuncias de irregularidades, y cedió el puesto a Miguel Osuna, quien, según reconoció, continuó aprobando pagos para Rilco porque nadie le advirtió de que no debía hacerlo.

El Tribunal de Cuentas ya condenó a ambos a pagar 4,3 millones de euros por la desaparición del dinero. Ahora, dentro de la investigación penal que lleva el juzgado número cuatro de Cádiz, es la fiscalía la que se suma con su escrito de acusación a la exigencia de responsabilidades. Acusa a los dos exdelegados. Pero es Osuna el que se lleva la peor parte. También el Tribunal de Cuentas le pedía más dinero a él que a su antecesor. La fiscalía entiende como más grave que Miguel Osuna conociera las irregularidades, no las denunciara, y además continuara el negocio con el pago de más de dos millones de euros durante su gestión.

Para Rodríguez de Castro pide 10 años de cárcel: dos por un delito continuado de fraude por obtención de ayuda a las administraciones públicas y ocho años en total por prevaricación, fraude y exacciones ilegales, falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. Para Osuna reclama 13 años: dos por delito continuado de fraude, seis por malversación de caudales públicos, uno por encubrimiento y cuatro falsedad en documento oficial. A ambos les impone una multa de ocho millones de euros y la inhabilitación durante 20 años.

Hay otros cuatros acusados. La fiscalía pide ocho años de cárcel para los socios de Rodríguez de Castro en Miami, Carmen y Germán Leiva. Y cinco años para los que fueron directores de Rilco, Rafael Ortiz y José David Sánchez. La dureza del Ministerio Público se muestra en que sus penas son muy superiores a las de la Abogacía del Estado o la acusación particular que ejerce el PSOE, que pedían nueve años de cárcel para Rodríguez de Castro y tres para Osuna.

La solicitud para Osuna es especialmente dura para el argumentario del PP, que siempre han defendido su gestión y su “honorabilidad”. El propio presidente provincial del PP José Loaiza fue el encargado de anunciar que Osuna recurrió la sentencia del Tribunal de Cuentas sobre este mismo hecho. Rodríguez de Castro reside ahora en América, donde trabaja en varias empresas, y es asiduo a las redes sociales. Osuna, más discreto, sigue viviendo en Andalucía apartado de la vida política.

Tras el escrito de la fiscalía, las seis defensas elaborarán el suyo. El juez del número cuatro deberá ordenar abrir procedimiento para la vista oral en un auto y remitir las diligencias a la Audiencia Provincial, donde se celebrará el juicio. La previsión más optimista es que se celebre a finales de este año.