El caos de la renta mínima, primer motivo de queja al Síndic de Greuges

La polémica revisión de la renta mínima de inserción (RMI) el pasado mes de agosto provocó una oleada de protestas en las sedes de los servicios sociales de los Ayuntamientos y de la Generalitat. El Síndic de Greuges también notó los efectos de esta tormenta social. Este organismo recibió durante el segundo semestre del año pasado 742 quejas, de un total de 8.065, relacionadas con el impago de esta ayuda que perciben las personas sin otros recursos. El síndic de greuges, Rafael Ribó, que ayer entregó su informe anual al Parlament, explicó que otras protestas reiteradas fueron el impago de las Administraciones a autónomos y pymes, así como las listas de espera sanitarias.

En su informe, el Síndic de Greuges denuncia “malas prácticas” por parte de la Generalitat a la hora de tomar determinadas decisiones que dejó en la indefensión a muchas personas en riesgo de exclusión social. El Síndic se muestra comprensivo ante las dificultades derivadas de la crisis, pero reprocha al Gobierno catalán que “determinadas decisiones y actuaciones” causaron un impacto negativo en los colectivos más vulnerables, que son “los que más intensamente han sufrido el debilitamientos de sus derechos sociales”. Por ello, Ribó pide al Ejecutivo de Artur Mas que sea “más cuidadoso” a la hora de hacer reducciones presupuestarias y, especialmente, al decidir dónde se decide recortar.

Uno de los ámbitos que el Síndic de Greuges considera intocable es la renta mínima de inserción (RMI), que la Generalitat decidió revisar por sorpresa en agosto dejando a miles de personas sin cobrar esta ayuda de 420 euros. Así, lamenta las “consecuencias graves” de esta caótica revisión de la RMI y denuncia que los problemas generados a las personas que se quedaron sin prestación atentan contra “el derecho a una vida digna”.

Pero el defensor catalán no solo carga las tintas contra esta medida extraordinaria adoptada en verano por el Departamento de Empresa, que dirige Francesc Xavier Mena, sino que también critica el endurecimiento de las condiciones para acceder a la prestación aprobado en julio. El Síndic de Greuges apunta que los cambios aplicados (periodo de empadronamiento más largo, no salir del país, presentar una problemática social además de laboral…) “afectan de manera sustancial a la naturaleza de la prestación e implican un retroceso en la cobertura y la garantía de los derechos sociales”.

Las quejas recibidas por el Síndic de Greuges con relación a la RMI son de diferente índole, y en algunos casos pone de manifiesto que algunos beneficiarios se quedaron sin cobrar la ayuda “por errores informáticos”. Es el caso de una mujer que recibió en su domicilio la carta de la Generalitat en la que se le informaba de la inminente llegada del cheque en agosto, algo que nunca sucedió, y la beneficiaria se quedó sin cobrar a pesar de no haber cambiado de domicilio. El Síndic de Greuges también destaca el caso de otra mujer a la que se le suspendió la ayuda por haber salido 18 días de Cataluña, aunque había comunicado su viaje a la Administración, tal como establece la normativa.

Ribó denuncia "malas prácticas" de la  Administración por los recortes

La demora de la Generalitat a la hora de resolver nuevos expedientes de la RMI es otro de los reproches que hace Ribó, que denuncia el caso de una madre de cuatro hijos que estuvo esperando seis meses la resolución de su solicitud.

Los temas sociales copan las quejas recibidas por el Síndic. Y no solo por la renta mínima, sino también en referencia a la sanidad y la educación. Y es que los recortes en estos ámbitos se han traducido en un aumento paralelo de las quejas. En 2011 este organismo recibió 174 denuncias (el doble que el año anterior) relacionadas con una excesiva espera para una intervención quirúrgica. En el ámbito de la educación, las quejas se centran en los problemas a la hora de obtener plaza en guarderías y en los retrasos en la construcción de escuelas. Otras denuncias reiteradas que la institución recibió el pasado año estaban relacionadas con la falta de atención de la salud mental de los menores, los impagos en las ayudas al alquiler a jóvenes y la morosidad de la Administración respecto a autónomos y pymes, cosa que ha provocado la quiebra de muchos de ellos, según denunció Ribó.

Con todo, la preeminencia de las denuncias con acento social llevó ayer a Ribó a concluir que las políticas de ajuste “están erosionando los fundamentos del Estado de bienestar”.