Rajoy bendice la hoja de ruta económica del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid (PP) está mostrando la misma brillantez, perseverancia y tesón a la hora de vivir por debajo de sus necesidades en estos tiempos de estrecheces como en su momento desplegó para hacerlo por encima de sus posibilidades en los años de bonanza. Ayer recibió el beneplácito del Gobierno (PP) a su hoja de ruta económica, la clave de bóveda de la gestión de Ana Botella para lo que queda de legislatura, y el legado último del equipo que voló detrás de Alberto Ruiz-Gallardón (y a otros puestos de responsabilidad en la Administración central) cuando éste abandonó la alcaldía por el ministerio de Justicia.

La aprobación del Plan Económico y Financiero, que así se conoce técnicamente esa hoja de ruta, es para Botella una “magnífica noticia” y un “aval” que “demuestra que es viable”. “Los madrileños pueden tener la seguridad de que vamos a cumplirlo”, ha añadido esta mañana. La alcaldesa heredó el plan junto con el puesto el pasado mes de diciembre. Su responsable último, Juan Bravo, entonces concejal de Hacienda (lo fue entre 1995 y 2003, todo el mandato de Gallardón), es ahora subsecretario de Estado de Justicia. Su puesto lo ocupa Concepción Dancausa, antes responsable de Asuntos Sociales. Tanto esta como la propia alcaldesa han validado con total firmeza el plan, haciéndolo suyo.

Este no es, en cualquier caso, el primer plan que presenta el Ayuntamiento para capear el temporal. El anterior, hecho público antes del verano, fue devuelto a los corrales en otoño por el Gobierno, entonces socialista. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que no se trata de un documento voluntario. La capital cerró 2010 con un déficit de 754 millones (un 0,6% del PIB), que sin ser una cifra desmesurada sí sobrepasaba los límites estipulados. Por eso tuvo que rendir cuentas al Ejecutivo, presentándole un plan de saneamiento y un plan económico y financiero en el que explicara cómo iba a cuadrar sus cuentas.

Bravo dibujó antes del verano un escenario para toda la legislatura con el que pretendía reducir la deuda un 30% y ponerse al día en el pago con los proveedores para 2015. Pero lo supeditó a que el Gobierno aprobara un cambio legislativo que permitiera a los ayuntamientos refinanciar el pago de su deuda (las autonomías y la Administración central pueden hacerlo; no se trata de aumentar su volumen, sino de diferir su abono). El Ayuntamiento movió sus hilos a través del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado. Sin éxito.

Así que tuvo que pergeñar un nuevo plan, más realista (ma non troppo, puesto que se basa en predicciones que la realidad ha demostrado más que optimistas). El cambio de color en La Moncloa le ha favorecido, sin embargo, puesto que el Gobierno de Mariano Rajoy ha concedido algunas de las peticiones de la Federación Española de Municipios y Provincias, que supondrán una inyección de liquidez para los ayuntamientos, entre ellos, claro, Madrid.

Estas son las principales variables del plan aprobado ayer por el Ejecutivo:

Deuda financiera. El plan pretende que los presupuestos de 2012, diseñados para cerrar el año con superávit, “no sean flor de un día” (a tenor de los cambios legislativos introducidos por el nuevo Gobierno, no parece que quedé otro remedio, puesto que los ayuntamiento no volverán a poder gastar más de lo que ingresan). Los descuadres de los nueve años con Gallardón al frente de la ciudad, y la financiación extraordinaria para proyectos como el soterramiento de la M-30, han cuajado una deuda de 6.348 millones de deuda (frente a los 1.441 millones que heredó el exalcalde en 2003). El plan prevé reducirla a 5.624 millones en 2012 y a 3.100 en 2016, con la obligación autoimpuesta de no añadir ni un euro más. Este calendario cambiaría si el Gobierno permitiera al fin refinanciar la deuda, lo que no parece en cualquier caso probable a corto plazo, y no está tampoco entre las prioridades de Botella. Los próximos tres años serán los más duros, porque será cuando más dinero haya que devolver, lo que se reflejará en una menor capacidad de gasto.

Facturas pendientes. Bravo culpaba del retraso en el pago a proveedores (en el caso de las empresas de limpieza, hasta nueve meses) a la negativa del anterior Gobierno a permitirles refinanciar la deuda ("no sé si su punto de mira era nuestra línea de flotación, (...) pero no hemos salido ilesos"). Pero también es cierto que, si no se hubiera desbocado la deuda, tampoco quedarían facturas pendientes de pago (ahora suman 937 millones). El plan prevé dos escenarios: sin las concesiones del Gobierno a los municipios, el desfase (que tanto daño causa a las empresas) quedaría solventado en 2016. Pero gracias a ellas, el calendario podrá adelantarse notablemente.

Paz social. Antes de su marcha, el anterior equipo firmó un acuerdo con los tres principales sindicatos (CC OO, UGT y CSI-CSIF) por el que se congelaba el sueldo de los funcionarios municipales a cambio de un compromiso de mantenimiento del empleo. El Ayuntamiento lleva años ahorrando en nóminas mediante la amortización de puestos de trabajo, pero evitando recortes. Desde 2009 se han eliminado 1.851 al no sustituirse a funcionarios que cambiaban de destino o se jubilaban (así se han ahorrado 150 millones). Esa será la línea a seguir, lo que mantendrá bajo mínimos la oferta pública de empleo (reducida a cubrir vacantes esenciales dando un puesto estable a interinos). Según Bravo, el Ayuntamiento se puede permitir hacerlo durante al menos cuatro años más sin merma en los servicios a los ciudadanos ni especial estrés para los funcionarios. Sin embargo, cuenta con varias instalaciones (al menos tres bibliotecas) que podrían entrar en servicio si contarán con plantilla asignada. El problema del Ayuntamiento no es tanto que falte o sobre personal, sino que éste está deficientemente distribuido, de forma que hay escasez de funcionarios en determinadas áreas mientras que abundan en otras quizá menos esenciales. Para solucionar este problema, Gallardón prometió en su programa electoral un programa de formación y reubicación del que nada se sabe hasta el momento.

Impuestos. El plan plantea que no haya subidas de impuestos por parte del Ayuntamiento, más allá del alza del IBI deriva de la revisión del valor catastral y el incremento temporal aprobado por el Gobierno. Pero añade: “De producirse alguna desviación en las previsiones, sería posible una actualización de impuestos para mantener la capacidad financiera”. Dado que el margen para hallar ingresos extraordinarios es muy limitado, Botella puede enfrentarse a corto plazo a la necesidad de subir impuestos o crear nuevas tasas. Para evitarlo, ha puesto en marcha un plan excepcional de ahorro de gasto no comprometido de 128 millones, que afecta a todas las áreas, en previsión de que los próximos Presupuestos Generales del Estado, previstos para marzo, incluyan alguna medida que dañe las ya de por sí maltrechas arcas municipales.

Gastos. Desde 2008, el gasto corriente (lo que cuesta mantener Madrid en marcha) se ha reducido un 12,7%. Eso ha obligado, entre otras medidas, a revisar todos los contratos de servicios: el coste bajó un 15%, pero los ciudadanos lo notaron (por ejemplo, en una limpieza urbana más deficiente). Esta partida es la más sensible porque es la que mayor reflejo público tiene. En 2012 ha vuelto a recortarse notablemente, y de ahora en adelante experimentará subidas moderadas que la dejarán en cualquier caso en 2016 por debajo del nivel de 2011. En los próximos cinco años se congelará o reducirá así el gasto en servicios, o al menos su coste para el Ayuntamiento, que plantea una revisión a fondo de todos los contratos en los próximos meses. Queda pendiente el reparto de competencias con la Comunidad, que puede aliviar las cuentas aunque en principio debería tener un resultado neutro.

Un espaldarazo extra. Las medidas del Gobierno para aliviar las cuentas de autonomías y ayuntamiento permitirán a Madrid reducir un tercio sus facturas pendientes, y agilizarán sobre todo los pagos en 2012 y 2013, años en los que no estaba previsto hacer casi ninguno ante la precariedad de las arcas públicas. El Instituto de Crédito Oficial lanzará una nueva línea para favorecer el abono de facturas pendientes. Además, el Gobierno ha aprobado una subida temporal del 4% en 2012 y 2013 del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la principal herramienta recaudatoria de los ayuntamientos (en el caso de Madrid, supone casi una cuarta parte de sus ingresos). Esto reportará 60 millones extra a la capital. Además, el Ejecutivo ha ampliado el plazo de devolución del dinero que le deben los municipios por la liquidación presupuestaria. “El impacto de esta medida es de 267 millones durante el periodo 2012-2016, a razón de 56 millones al año hasta 2015 y 43 en 2016”, según el plan. En conjunto, estas medidas suponen una inyección de 327 millones, 172 de ellos entre 2012 y 2013. Ese dinero se dedicará a pagar las facturas pendientes.